Álvaro Frutos
Hay leyes que nacen del pensamiento y leyes que nacen del recelo. El anteproyecto madrileño de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC, borrador de 1 de octubre) pertenece a la segunda especie: una norma escrita no para imaginar la universidad de Madrid en Europa, sino para tutelarla y evitar que sea un castillo de pensamiento en una absurda guerra ideológica permanente.
He leído el preámbulo y he sentido la vieja incomodidad del jurista que encuentra artículos, comisiones y verbos administrativos… pero ningún modelo. Mucha aritmética orgánica, poca geometría intelectual.
Un preámbulo sin idea de universidad
Una exposición de motivos debería responder a dos preguntas sencillas: ¿qué universidad queremos? Y ¿qué lugar debería ocupar Madrid en el espacio español y europeo de educación superior?
No ocurre. El texto se limita a encajar competencias, citar la LOSU y recordar sentencias del Tribunal Constitucional, sin proponer un horizonte: ni internacionalización seria, ni ciencia estable, ni democratización de la gobernanza, ni un sistema de financiación que garantice la suficiencia a largo plazo.
Como consuelo simbólico, Madrid se proclama “capital de los estudios superiores en español”, pero ese eslogan no sustituye una política universitaria; es apenas un banderín lingüístico en un campus sin mapa.
La autonomía, bajo sospecha
La palabra autonomía universitaria se repite, sí, pero en modo condicional: “se respetará siempre que…”. Y ese “siempre que” abre la puerta a la intromisión.
- Obligación informativa: la Consejería puede “recabar la información que precise” para la supervisión y el control, dirigir requerimientos y, si no se atienden, activar sanciones. Es una cláusula de inspección expansiva que transforma la coordinación en subordinación.
- Programación académica: la oferta de titulaciones pasa por el filtro de un informe preceptivo de oportunidad, demanda y viabilidad emitido por la Dirección General antes incluso de la verificación. El control se adelanta al conocimiento.
Nada de esto es casual: refuerza la idea política de que la universidad “se ha convertido en un lugar de adoctrinamiento” y conviene vigilarla. Se legisla desde la desconfianza.
El “distrito único de prácticas”: la llave maestra
El artículo 11 crea un distrito único de prácticas. En abstracto suena bien: coordinar plazas para que ningún estudiante se quede sin prácticas.
En concreto, habilita a una Comisión del distrito para reasignar plazas sobrantes, incluso en el ámbito sanitario, y firmar convenios como “entidad gestora” de prácticas para todas las universidades.
Las plazas públicas de hospitales podrán ponerse a disposición de otras universidades (públicas o privadas), con prioridad de las públicas, y con compensación económica fijada por la Consejería de Sanidad.
Desde el punto de vista técnico, esto invade la autonomía académica y tensiona el marco estatal de prácticas externas (RD 592/2014).
No es un temor teórico. Se ha señalado con claridad por otros que el distrito único “favorece que estudiantes de centros privados realicen prácticas en centros públicos”, con especial impacto en el área sanitaria.
Consejos Sociales y Oficina Interna: fiscalización por arriba y por dentro
El borrador refuerza a los Consejos Sociales —que fijan criterios para la nueva Oficina de Control Económico y Presupuestario Interno— y crea esa oficina con tres interventores (dos designados por el Consejo Social y uno por el Rector).
¿Resultado? Un doble cerrojo: político-externo (Consejo Social) y técnico-interno (Oficina).
Me dirán que eso es transparencia. Respondo: ya existe control externo (Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas). Lo novedoso aquí es que la fiscalización se repolitiza y se condiciona a la financiación.
Si un presupuesto se desvía más de un 5% en déficit o endeudamiento, la Consejería puede instar medidas correctoras y condicionar el libramiento de fondos. Eso deja de ser control y pasa a ser dirección.
Financiación “por objetivos”: el látigo silencioso
La música es conocida: “eficiencia”, “calidad”, “evaluación objetiva”.
La letra, más áspera: financiación condicionada a indicadores que fija la administración y un fondo de 10 millones anuales para quien “cumpla objetivos”..
Con universidades en crisis financiera, la zanahoria es un palo camuflado.
Como se ha puesto de manifiesto el modelo consolida la infrafinanciación y fija un techo del 70% de gasto cubierto, empujando el resto a tasas y financiación privada.
Si esto se confirma, estaríamos ante una quiebra del principio de suficiencia y de la autonomía financiera universitaria.
Régimen sancionador: campus bajo tutela
Los borradores introducen un régimen sancionador con multas de hasta 300.000 euros por “impedir la actividad en los campus”.
Aunque el Gobierno regional retocó el texto tras los primeros atisbos de polémica, el espíritu punitivo permanece: infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones accesorias de cierre de instalaciones o suspensión de actividades.
Incluso se consagra un artículo de “Promoción de la libertad” que facilita la intervención policial en los campus.
¿Era necesario? No. ¿Es proporcionado? Tampoco.
La universidad es un lugar de disenso, y convertir el debate en infracción es una mala técnica y peor espíritu.
Público y privado: la falsa simetría
El anteproyecto equipara iniciativa pública y privada: requisitos de reconocimiento idénticos, facilidades para escuelas de negocios y énfasis en la “colaboración sin distinción”.
CCOO en su informe subraya que más de veinte artículos favorecen la implantación de centros privados y que la decisión final es “política” del consejero.
No demonizo lo privado. Reclamo claridad: si el fin es fortalecer lo público, dígase; si es abrir un mercado universitario con el Estado como árbitro-tutor, también.
Lo que no vale es enmascarar una política de equivalencia bajo el discurso de la libertad educativa.
La ley como instrumento de la “batalla cultural”
La presidenta Ayuso ha presentado el giro de la financiación “por objetivos” como un avance y, a la vez, ha usado el borrador para cargar contra el Gobierno central. Es el guion habitual: el Gobierno estorba, la Comunidad “libera”. Pero libertad no es lo que encuentro en el articulado. Encuentro control.
Y encuentro una narrativa donde la universidad, sospechosa de “adoctrinamiento”, debe ser domesticada mediante indicadores, oficinas de fiscalización y sanciones.
Qué debería contener una buena ley madrileña
Sí hacía falta una ley autonómica. Pero otra: con un modelo claro de universidad pública, fuerte, autónoma, internacional y democrática.
- Financiación: contrato-programa plurianual que garantice el 100 % de los gastos corrientes; fondo competitivo adicional, no sustitutivo.
- Autonomía: programación que coordine, no bloquee.
- Prácticas: cooperación real, no reasignación impositiva.
- Gobernanza: Consejos Sociales despolitizados; control económico integrado, no duplicado.
- Derechos: renunciar a la penalización sin sentido y confiar en la Ley de Convivencia Universitaria estatal.
Por qué importa (y a quién)
Importa la universidad porque educa libertad, porque produce conocimiento que no cabe en una hoja de Excel, porque discute —y en esa fricción está el progreso de una sociedad, tan necesitada de pensamiento crítico. Es cierto que la Universidad queda muy distante de los generadores de opinión de las tertulias televisivas o radiofónicas.
Lo que pasa es que una Universidad viva y presente en la sociedad corrige el corto plazo del poder con la obstinación larga de la ciencia. Y eso no se compra con 10 millones “para objetivos” ni se garantiza con multas de 300.000 euros.
He visto demasiadas veces este truco: el poder que dice “libertad” mientras aprieta el tornillo del mediocre control. El borrador de la LESUC tiene virtudes menores, pero su médula es tutelar: sustituye confianza por fiscalización y autonomía por permiso.
En definitiva, la pregunta esencial sigue siendo: ¿Importa la universidad? Sería bueno que así fuera.
Si la respuesta es sí, entonces hay que decirlo claro: esta ley, tal cual, no le importa la Universidad.
No protege la autonomía que dice respetar, no financia con suficiencia lo que dice valorar y no confía en la comunidad académica que dice liberar.
La universidad no se mide, se merece.
No se administra, se habita.
Y cuando el poder la trata como un departamento más de su organigrama, conviene recordarle que la misión de la universidad es pensar sin pedir permiso.
Porque cuando la libertad está en juego, la obediencia no es una virtud académica, es una derrota política.
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