Ni nos debería valer.
Editorial de La Discrepancia
Hay momentos en los que la política deja de ser una disputa legítima de ideas para convertirse en un problema de higiene democrática. El rechazo en el Congreso del último decreto-ley ómnibus del Gobierno —con medidas que afectaban a pensiones, transporte, desahucios, incentivos fiscales o el salario mínimo— no es solo un episodio más de aritmética parlamentaria fallida. Es, sobre todo, la constatación de una deriva preocupante en la técnica legislativa, una forma de gobernar que erosiona la seguridad jurídica, tensiona la Constitución y acaba pagando quien menos culpa tiene: los ciudadanos.
Porque conviene decirlo desde el principio, sin rodeos: el abuso reiterado del real decreto-ley no es un accidente, ni una anomalía coyuntural. Es una práctica sistemática que, bajo la coartada de la urgencia, está sustituyendo al procedimiento legislativo ordinario, vaciando de contenido el debate parlamentario y debilitando la calidad normativa del Estado de derecho.
El decreto-ley como atajo permanente
La Constitución española es clara. El artículo 86 permite al Gobierno dictar decretos-leyes solo en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” y con límites materiales precisos: no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
Sin embargo, la práctica política ha ido desdibujando estos límites hasta convertir el decreto-ley en una ley ordinaria de facto, utilizada para regular materias estructurales, complejas y de largo alcance. El decreto ómnibus recientemente rechazado es paradigmático: un solo texto que acumulaba materias heterogéneas, sin conexión directa entre sí, y con efectos profundos sobre colectivos especialmente vulnerables.
No es una crítica ideológica. Es una crítica jurídica y democrática.
El propio Tribunal Constitucional ha advertido reiteradamente que la extraordinaria y urgente necesidad no puede convertirse en una cláusula retórica, invocada de forma genérica. En sentencias como la STC 61/2018 o la STC 110/2021, el tribunal insiste en que debe existir una conexión razonable entre la situación de urgencia alegada y las medidas adoptadas, así como una motivación explícita y verificable.
Cuando esa conexión se debilita —o directamente desaparece— el decreto-ley deja de ser un instrumento excepcional y se transforma en una vía de escape frente al control parlamentario.
Reglamentos para lo que exige ley
La deriva no termina ahí. En paralelo al abuso del decreto-ley, se ha intensificado otra práctica igualmente inquietante: la utilización del reglamento (real decreto) para regular materias reservadas a la ley, e incluso a la ley orgánica.
Un ejemplo reciente lo encontramos en la regulación de determinados aspectos del régimen de extranjería y migraciones, donde se han introducido cambios sustantivos mediante normas reglamentarias, alterando derechos y obligaciones de personas extranjeras sin el rango normativo exigido. Esta técnica no es neutra: reduce garantías, limita el debate público y dificulta el control jurisdiccional efectivo.
La jurisprudencia constitucional ha sido constante al recordar que la reserva de ley no es un formalismo, sino una garantía democrática esencial. Cuando el Ejecutivo legisla por reglamento lo que exige ley, se rompe el equilibrio de poderes y se degrada la calidad del sistema normativo.
Los perjudicados tienen nombre y rostro
El fracaso del decreto ómnibus no es un debate abstracto sobre técnica jurídica. Tiene consecuencias muy concretas.
Los jubilados, en primer lugar. La caída de medidas vinculadas a la actualización o sostenibilidad del sistema de pensiones introduce incertidumbre en millones de hogares que dependen de una renta fija, especialmente en un contexto inflacionario aún frágil.
Pero no son los únicos. También quedan en el aire:
- Usuarios del transporte público, que pierden ayudas y bonificaciones en un momento en el que se les exige cambiar hábitos de movilidad.
- Personas en riesgo de desahucio, que ven decaer mecanismos de protección temporal.
- Autónomos y pequeños propietarios, afectados por la caída de incentivos fiscales diseñados —bien o mal— para orientar conductas económicas.
- Trabajadores con salarios bajos, pendientes de decisiones sobre el SMI que vuelven a convertirse en rehén de la táctica parlamentaria.
Paradójicamente, el uso del decreto-ley como instrumento de aceleración política acaba produciendo el efecto contrario: inseguridad, bloqueo y frustración social.
El “todo vale” como tentación antidemocrática
Existe una tentación recurrente en los gobiernos con dificultades parlamentarias: justificar cualquier atajo normativo en nombre de la urgencia social o del interés general. Pero esa lógica es peligrosa.
Cuando se normaliza que “todo vale” si el fin es noble, se abre la puerta a una banalización de los límites constitucionales. Hoy es para proteger pensiones o abaratar el transporte; mañana puede ser para restringir derechos, debilitar contrapesos o colonizar instituciones.
La técnica legislativa no es un asunto menor ni un capricho de juristas. Es el andamiaje invisible de la democracia. Cuando se deteriora, los efectos no son inmediatos, pero sí profundos y duraderos: normas mal diseñadas, litigiosidad creciente, descrédito institucional y una ciudadanía cada vez más desconfiada.
Como han advertido numerosos constitucionalistas y analistas —desde la doctrina académica hasta plataformas cívicas como Hay Derecho—, la inflación normativa y la mala técnica legislativa son formas silenciosas de degradación democrática.
Recuperar el sentido de las Cortes
El problema de fondo no es solo el decreto ómnibus rechazado. Es una cultura política que concibe el Parlamento como un trámite incómodo y no como el corazón deliberativo de la democracia.
Las Cortes no están para convalidar paquetes cerrados bajo amenaza de caos social. Están para debatir, enmendar, mejorar y, llegado el caso, rechazar. Eso exige tiempo, transparencia y normas bien delimitadas. Exige, en definitiva, respeto institucional.
Gobernar en minoría es difícil. Pero no legitima saltarse las reglas ni tensionar hasta el límite los márgenes constitucionales. Al contrario: exige más diálogo, mejor técnica normativa y mayor cuidado por las formas, porque las formas, en democracia, son fondo.
Una advertencia necesaria
Este episodio debería servir como advertencia. No solo al Gobierno, sino al conjunto del sistema político. Si se consolida la idea de que la urgencia lo justifica todo y que el Parlamento es un obstáculo a sortear, estaremos debilitando los cimientos mismos del Estado de derecho.
En las Cortes no todo vale.
Y, sobre todo, no nos debería valer.
Porque cuando la ley se convierte en un mero instrumento táctico, los primeros en perder no son los gobiernos ni los partidos, sino los ciudadanos. Y cuando se trivializan los límites constitucionales, lo que se erosiona no es una legislatura concreta, sino la confianza democrática de toda una generación.
