Costa Rica se prepara para un nuevo proceso electoral nacional, un acontecimiento clave que definirá el rumbo político, económico y social del país durante los próximos años. Estas elecciones se producen en un contexto regional e internacional marcado por transformaciones profundas, tensiones económicas y crecientes demandas sociales, por lo que adquieren una especial relevancia.
Las elecciones se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026, fecha en la que se elegirá a la persona que ocupará la Presidencia de la República, a los vicepresidentes y a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa. Este proceso, uno de los momentos más significativos del calendario democrático nacional, se desarrolla en un escenario caracterizado por la fragmentación política, el alto nivel de indecisión del electorado y la búsqueda de un liderazgo capaz de articular cambios con una visión estratégica y de gobernabilidad.
Fortaleza institucional y sistema electoral costarricense
El sistema democrático costarricense goza de un amplio reconocimiento internacional debido a su estabilidad, su tradición cívica y la solidez de sus instituciones. Desde mediados del siglo XX, Costa Rica ha celebrado elecciones periódicas, competitivas y transparentes, consolidando una cultura política basada en la participación ciudadana, el respeto a la legalidad y la aceptación de los resultados electorales.
En este marco, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desempeña un papel fundamental como órgano constitucional encargado de organizar, supervisar y garantizar la pureza del sufragio.
Elecciones presidenciales y legislativas
En el ámbito presidencial, el sistema electoral establece que el presidente y los vicepresidentes se eligen mediante voto popular directo. Para resultar electo en primera ronda, un candidato debe obtener al menos el 40 % de los votos válidamente emitidos. En caso de que ningún aspirante alcance ese porcentaje, se convoca a una segunda vuelta electoral, prevista para el 5 de abril de 2026, entre los dos candidatos más votados.
Las elecciones legislativas se rigen por un sistema de representación proporcional, mediante el cual los diputados son electos en cada provincia según el porcentaje de votos obtenidos por los partidos políticos. Este modelo favorece la pluralidad ideológica y la representación de diversas corrientes políticas en el parlamento, aunque plantea desafíos en términos de gobernabilidad y construcción de consensos, especialmente cuando el partido en el gobierno no cuenta con una mayoría legislativa.
Un escenario electoral fragmentado y competitivo
El escenario electoral costarricense para 2026 se caracteriza por una alta fragmentación política y una pluralidad sin precedentes. El TSE ha autorizado 20 candidaturas presidenciales y un total de 21 partidos políticos participan en el proceso, lo que convierte a estas elecciones en una de las más complejas y abiertas de la historia reciente del país.
Esta diversidad amplía las opciones para el electorado, pero también dificulta la posibilidad de prever resultados claros y consolidados. La campaña se desarrolla en un contexto de alta volatilidad, con cambios constantes en las preferencias y un elevado porcentaje de personas indecisas, incluso en las semanas previas a la jornada electoral.
Principales candidaturas presidenciales
Dentro del amplio abanico de aspirantes, cuatro figuras emergen como las principales contendientes por su visibilidad mediática, posicionamiento en las encuestas y capacidad organizativa. Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que encabeza las encuestas más recientes. Vinculada estrechamente al actual gobierno y ex jefa de gabinete presidencial, representa la continuidad del proyecto oficialista. Algunos sondeos la sitúan cerca del 40 % de intención de voto, lo que le permitiría ganar en una primera vuelta, si logra consolidar su apoyo.
Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), representa a una de las fuerzas políticas tradicionales. Aunque se ubica detrás de Fernández en las encuestas, cuenta con una estructura partidaria sólida y con experiencia electoral, lo que le posiciona como un contendiente con posibilidades reales de alcanzar una segunda vuelta.
Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, conformada por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y otras agrupaciones, ofrece una alternativa intermedia entre el oficialismo y la oposición tradicional. Su perfil como ex primera dama y figura política con experiencia nacional le permite conectar con sectores que buscan continuidad institucional con reformas graduales.
Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), representa a la izquierda costarricense y cuenta con apoyo en sectores sociales críticos con el modelo económico y preocupados por temas de justicia social, derechos laborales y sostenibilidad ambiental. Aunque sus cifras son menores, su base electoral es consistente y disciplinada.
Además de estos candidatos, se presentan numerosas partidos pequeños o emergentes que buscan ganar visibilidad y posicionarse en el debate público, reflejando tanto la diversificación política como una creciente desconexión entre la ciudadanía y los partidos tradicionales.
Encuestas y tendencias.
Las encuestas más recientes coinciden en señalar un alto nivel de indecisión, que oscila entre el 43 % y el 55 % del electorado, según estudios del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo). Esta situación dificulta las proyecciones y confirma que el resultado final podría definirse en las últimas semanas de campaña.
La elevada indecisión refleja un desencanto ciudadano con la política tradicional, así como un voto cada vez más volátil y crítico. Asimismo, cerca de una cuarta parte de la población manifiesta rechazo hacia ciertos candidatos principalmente por el partido que representan, lo que evidencia el desgaste de las marcas politicas.
Pese a este escenario, Laura Fernández mantiene el liderazgo en intención de voto, beneficiada por la fragmentación opositora y el arrastre del oficialismo. La oposición, por su parte, enfrenta el desafío de articular consensos o alianzas que permitan concentrar el voto y disputar con mayor fuerza la presidencia.
Demografía electoral y comportamiento del voto
El padrón electoral supera los 3,7 millones de personas, en un país con más de 5,3 millones de habitantes. De este total, aproximadamente el 50,7 % corresponde a personas entre 35 y 64 años, el 33 % a jóvenes menores de 34 años y el resto a mayores de 65 años.
Esta composición indica que los adultos en edad laboral constituyen el bloque mayoritario del electorado, con preocupaciones centradas en el empleo, el costo de la vida, la seguridad ciudadana y la estabilidad económica. Los jóvenes, aunque representan un tercio del padrón, muestran mayores niveles de indecisión y abstencionismo, lo que convierte su movilización en un factor clave para el resultado electoral.
Temas centrales del debate electoral
El contexto político previo a las elecciones está marcado por debates estructurales que afectan directamente la vida cotidiana de la población. Entre los principales temas destacan la situación económica, el costo de la vida, la generación de empleo, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la educación pública y la sostenibilidad ambiental.
En el ámbito económico, Costa Rica enfrenta el reto de consolidar la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años, al tiempo que busca reducir la desigualdad social y promover un crecimiento inclusivo. Las propuestas relacionadas con inversión extranjera, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, modernización del Estado e infraestructura ocupan un lugar central en los programas de gobierno.
La dimensión social también es clave. La pobreza, el acceso a la salud, la calidad educativa y la protección de los derechos humanos forman parte del núcleo del debate público, en un país históricamente comprometido con el Estado social de derecho.
Seguridad, transparencia y participación ciudadana
La seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción ocupan un lugar prioritario en la agenda pública de Costa Rica. El aumento del delito ha impulsado propuestas orientadas a la prevención, el fortalecimiento policial, la reforma penitenciaria y la cooperación internacional, generando debates sobre el equilibrio entre la eficacia institucional y el respeto a los derechos fundamentales.
Paralelamente, la transparencia y la rendición de cuentas se han vuelto factores determinantes para la confianza ciudadana y la calidad democrática. En este contexto, recientes investigaciones que vinculan a altas esferas del gobierno con redes de narcotráfico evidencian una expansión de la corrupción asociada al creciente protagonismo del país como ruta del tráfico de drogas.
Casos como el de Gamboa, junto con solicitudes judiciales para levantar la inmunidad del presidente por presuntos hechos de corrupción, y una serie de escándalos que involucran a jueces, fiscales y otros funcionarios, revelan la profundidad del problema. Aunque históricamente estos vínculos se limitaban a niveles operativos menores, en los últimos años han alcanzado cargos de mayor jerarquía.
El aumento del narcotráfico también se refleja en cifras récord de incautaciones de cocaína y en el incremento de homicidios en zonas estratégicas como Limón. A medida que Costa Rica se consolida como país de tránsito, los grupos criminales han intensificado sus alianzas con actores locales, fortaleciendo su capacidad logística y su influencia institucional.
Las elecciones presidenciales de 2026 representan mucho más que un simple ejercicio de votación. Constituyen una oportunidad para renovar el pacto democrático, evaluar el desempeño de las autoridades salientes y definir el rumbo del país frente a los desafíos del siglo XXI.
La participación informada y responsable de la ciudadanía, junto con el compromiso de las instituciones y de los actores políticos, será clave para fortalecer, una vez más, la democracia costarricense.
Situación geopolítica
En el plano global y regional, las elecciones trascienden el ámbito estrictamente nacional y se inscriben en un entramado más amplio de intereses geopolíticos, económicos y diplomáticos. El país ocupa una posición singular en Centroamérica como democracia estable, economía abierta y actor comprometido con el multilateralismo, lo que lo convierte en un socio estratégico para potencias y bloques internacionales interesados en la estabilidad regional, la seguridad jurídica y la cooperación en temas como cambio climático, comercio internacional, derechos humanos y gobernanza democrática.
China y Rusia no compiten con Estados Unidos por influencia estratégica. Aunque China tiene presencia económica y diplomática, y Rusia una relación más simbólica, ninguno ofrece el nivel de integración comercial, cooperación en seguridad ni cercanía política que tiene EE. UU. Para Washington, Costa Rica sigue siendo un aliado estable y confiable, mientras que China y Rusia funcionan más como actores secundarios sin capacidad real de desplazar la influencia estadounidense en el país.
En el contexto regional, marcado por tensiones políticas y retrocesos institucionales en algunos países, Costa Rica continúa siendo percibida como un referente y un punto de anclaje para agendas internacionales orientadas a la estabilidad y el desarrollo sostenible.
Dentro de este marco, las relaciones con la Unión Europea y, de manera particular, con España revisten una importancia estratégica creciente. La UE figura entre los principales socios comerciales y de cooperación, con intereses directos en la continuidad de políticas ambientales ambiciosas, la defensa del Estado de derecho y la previsibilidad institucional para la inversión. España, mantiene una relación histórica y privilegiada con el país, sustentada en una presencia significativa de capital español en sectores clave como energía, banca, telecomunicaciones, infraestructura y turismo.
El resultado electoral de 2026 será determinante para definir el grado de continuidad o reorientación de estas relaciones, así como la posición de Costa Rica en el espacio euro-latinoamericano, donde se valora su rol como aliado confiable, estable y políticamente predecible.
Epílogo
“Una hoja de aire, un sueño grande del que nacen otros sueños menores y de éstos otros cada vez más modestos, hasta llegar al último, el pequeñito, el que se lleva el viento.”
(La Hoja de Aire, Joaquín Gutiérrez Mangel)
