Siguiendo con mi trabajo anterior (https://ladiscrepancia.com/adonde-conduce-el-brutalismo/), y dado que combatir el brutalismo en las relaciones internacionales queda bastante fuera de mi alcance, en este artículo me voy a centrar en criticar el brutalismo doméstico, con la esperanza de poder convencer a alguien de mi visión de las cosas. Como lo que voy a escribir podría interpretarse como un apoyo al Presidente del Gobierno, debería quizás empezar por hacer profesión de fe de “antisanchismo” y así mis críticas serían más creíbles.
No lo voy a hacer porque no soy antisanchista, sin que ello quiera decir que soy sanchista. Se puede no ser ni lo uno ni lo otro. Me agradan ciertas políticas del presidente Sánchez —muy especialmente, las de carácter social— y me desagradan otras, especialmente su falta de explicaciones convincentes sobre algunas decisiones que toma. Apoyo que todas las acciones del presidente y del gobierno deban estar sometidas a crítica y que todos los partidos, los que son sus socios y los que no lo son, deban ejercerla sin contemplaciones. Gobernar es un privilegio y su contrapartida es que los demás puedan criticarte por lo que haces o dejas de hacer. Las críticas, cuando son razonables y constructivas, pueden incluso mejorar la acción de gobierno, ya que permiten ver los problemas desde diferentes ópticas y conocer cómo van a aceptar las decisiones las distintas sensibilidades de la sociedad.
Pero lo que estamos viendo por parte del principal partido de la oposición es algo muy distinto a una crítica política y debe denunciarse, igual que debe hacerse, con todo aquello que socave los cimientos democráticos de la sociedad. Lo denunciaría igualmente si el partido perjudicado fuera otro, porque lo que trato de defender no es a un partido concreto sino nuestro derecho ciudadano a que los conflictos entre diferentes se diriman según las reglas, escritas y no escritas, de la democracia y no con base en un salvajismo sin reglas.
El Partido Popular, desde los últimos años de los gobiernos de Felipe González, ha instaurado un modo de funcionamiento antidemocrático que debe denunciarse por inaceptable, por mucho que, de tanto verlo, parezca que es algo normal. Consiste en la cacería del adversario por cualquier medio, con la idea de hacerlo caer, si fuera posible, antes de que venza su mandato. Lo hicieron con González, después con Rodríguez Zapatero y ahora lo están haciendo con renovada intensidad con Sánchez.
La técnica es una combinación de bronca parlamentaria interminable —lo que, en su día, se llamó “la crispación”—, con la difusión de bulos e hipérboles en sus medios afines y el acoso judicial con la complicidad de algunos jueces poco escrupulosos con su profesión cuando se trata de enjuiciar a la izquierda. La cacería suele comenzar por una preparación mediática en digitales ultraderechistas, difundiendo bulos y acusaciones sobre personas del entorno del Presidente. Continúa con querellas presentadas por organizaciones ultraderechistas, como Manos Limpias o Hazte Oir, basadas en informaciones de esos medios. Las querellas son admitidas por algunos jueces, ignorando las repetidas sentencias del Supremo que establecen que no deben admitirse a trámite demandas fundamentadas solo en noticias de prensa. Dichos jueces se esfuerzan en prolongar de forma espuria la instrucción de tales casos y, entretanto, el Partido Popular percute en el Parlamento, en sus medios y en la calle, acusando al Gobierno de corrupto, criminal y mafioso, tal como estamos escuchando en estos últimos días. Trata de instaurar un clima según el cual la democracia está amenazada y el gobierno sumido en la corrupción y la autocracia. Como no tiene apoyos parlamentarios para utilizar el único método democrático previsto para desalojar a un gobierno en ejercicio —la moción de censura—, lo reemplaza por repetidas manifestaciones callejeras —creo que ya van siete— en las que se pide reiteradamente la dimisión del Presidente.
De los cuatro o cinco casos judiciales en curso desde hace más de un año —el que se sigue contra su esposa Begoña Gómez, el de su hermano David Sánchez, el del Fiscal General Álvaro García Ortiz y el de su ex Ministro José Luis Ábalos—, tan solo el último parece tener una fundamentación real. Con respecto al primero, nadie sabe a ciencia cierta qué delito es el que se persigue porque empezó por una cátedra supuestamente amañada para impartir un máster, siguió para la patente de un software de libre uso, continuó por un supuesto tráfico de influencias con Air Europa y acabó por investigarse a su asesora de Moncloa. Han comparecido cincuenta testigos y el titular del juzgado no da por cerrada la instrucción ni formula los cargos. Ha sido llamado al orden varias veces por la Audiencia Provincial para que acote la causa.
Con respecto al segundo, la jueza ha propuesto abrir juicio oral sin esperar la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre los recursos de la defensa y del fiscal, que se oponen a la apertura de dicho juicio por estimar que las acusaciones se basan en conjeturas e inferencias y no en pruebas. Lo que se dirime aquí es si se prevaricó al crear una plaza ex-profeso para ser ocupada por Sánchez. La jueza imputa a este y a diez personas más. ¿No resulta todo un tanto excesivo y precipitado?
Lo del Fiscal General es aún más estrambótico, porque el delito que se persigue es la difusión de un correo supuestamente confidencial del novio de la Presidenta Ayuso en el que el abogado del novio reconocía ante la fiscalía que su defendido había cometido fraude fiscal. Hay ya hasta cuatro testigos que han demostrado con sus mensajes de wasap conocer dicho correo antes de que llegara a manos del Fiscal General. El juez instructor sorprendentemente negó recibir el testimonio de dichos testigos y solo lo ha hecho forzado por la Sala de Apelación, a la que recurrió la defensa de García Ortiz. ¿No es todo bastante inquietante, teniendo en cuenta que la causa se dirime en el Tribunal Supremo?
Alguien podría argumentar que la vida política es así y que los políticos han de soportar este tipo de acosos a sus entornos familiar y político porque van incluidos en el sueldo. Que la política de guante blanco no existe y que quien la añore es un ingenuo. Muy al contrario, yo estimo que brutalidad solo conduce a la brutalidad y que tratar al adversario político como un enemigo e intentar hacerle caer por medios espurios solo conduce a generar agravios en la sociedad que podrían un día convertirse en acosos similares de signo contrario en busca de venganza.
La Segunda República española vivió muchos meses parlamentarios muy crispados, tanto en 1934 por parte de la izquierda, como en 1936 por parte de la derecha, y la cosa acabó muy mal. ¿Queremos seguir jugando con fuego?
Ricardo Peña
