Con una frecuencia definida previamente por las constituciones democráticas, que suele ser de cuatro o cinco años, los electores se enfrentan a la posibilidad de mantener o cambiar a los partidos políticos gobernantes en los países de sistemas parlamentarios, o a máximos responsables del Estado en los sistemas presidencialistas. Los temas determinantes de las campañas electorales suelen estar condicionados por las coyunturas políticas o económicas, pero es habitual la repetición de algunos de ellos, aunque su intensidad varía según los países.
Junto a los asuntos clásicos de las campañas electorales, que desde hace muchos años recorren los mítines y platós de televisión, como son la seguridad, la crisis económica y la inflación, las libertades públicas y otros asuntos de singular relevancia como la vivienda en las grandes ciudades, sobre los que las opciones políticas tienen sus posiciones bien delimitadas, se abre paso en los últimos tiempos la necesidad de garantizar las pensiones de los ciudadanos. El Estado de bienestar tiene tres capítulos de actuación esenciales y prioritarios: salud, educación y pensiones. El gasto público se distribuye además en otros apartados, entre los que se incluye la deuda pública, especialmente abultada en Italia y Francia, pero ciertamente, en el núcleo del pensamiento ciudadano en las democracias occidentales, sin la solidez de estos tres capítulos referenciados, la democracia se resquebraja.
En numerosos países de la Unión Europea (Francia, España, Alemania, Portugal), la mayor esperanza de vida genera simultáneamente incremento de gasto público sanitario y aumento del montante necesario para el pago de las pensiones de las personas que pasan a la situación de retiro.
Los servicios públicos se ven igualmente afectados, por cuanto la necesidad de atender a estas personas de edades superiores a los setenta años genera nuevas necesidades y una atención especial, de forma que se eliminen prácticas generadoras de edadismo, con sus secuelas de discriminación para estas personas. El incremento de esperanza de vida en los países más desarrollados establece nuevas necesidades y consecuentemente mayor tensión en la prestación de los servicios públicos.
En países como España y Francia la población mayor de 65 años es actualmente superior al 20 por ciento y su tendencia es al incremento. En buena parte de los países europeos se ha establecido un sistema de reparto, consistente en que los trabajadores en activo pagan las pensiones de los trabajadores retirados: esta decisión motivó un acuerdo en España, denominado Pacto de Toledo en 1995, que hasta ahora ha funcionado, pero que se ve en tensión por la llegada actual y masiva a la edad de jubilación de los nacidos en el baby boom.
En consecuencia, un aspecto de los servicios públicos, que parecía alejado de las controversias políticas, está apareciendo en las campañas electorales y los movimientos sociales que están teniendo lugar en Europa.
Desde luego, las posiciones que abogan por la posibilidad de que el déficit pueda financiarse mediante el auxilio de la combinación entre las aportaciones públicas y las inversiones privadas, pertenecen al ámbito conservador. Las posturas de los partidos situados en la izquierda abogan por sufragar las nuevas necesidades mediante los presupuestos públicos.
Todo parece indicar que en las próximas campañas electorales el asunto será uno de los prioritarios, pues la necesidad de reforma o fortalecimiento del sistema está en la actualidad sobre la mesa. Todos los partidos políticos son especialmente cuidadosos en no herir a colectivos tan importantes y numerosos, pero inevitablemente el debate recae una y otra vez sobre el asunto, que preocupa lógicamente a millones de pensionistas y a los trabajadores en activo, que esperan alcanzar la edad de jubilación y en consecuencia desean su pensión garantizada.
Para calibrar adecuadamente las elecciones españolas y francesas, deberán además tenerse en cuenta ciertos acontecimientos externos como las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que según los sondeos generarán dificultades a las mayorías republicanas en Congreso y Senado y posible victoria de los demócratas. Sin duda, estos resultados tendrán influencia en las próximas elecciones en los países europeos.
El asunto de la inmigración, que ha supuesto una tensión de envergadura en la Unión Europea y especialmente entre España e Italia, será también relevante, aunque es obvio que en el tema del sostenimiento del sistema público de pensiones la incorporación de los migrantes constituye un elemento de fortalecimiento del sistema.
En fin, las cuestiones de las campañas se reiteran, las posiciones políticas se reconocen con claridad por su coherencia en el tiempo. Las posturas de los ciudadanos oscilan empujadas por la coyuntura y, frecuentemente, se modifican sus preferencias empujados por la necesidad de asegurar las condiciones básicas de su vida en sociedad.
