El Gobierno interino de José Jerí decreta el estado de emergencia en la capital y el Callao, suspendiendo derechos fundamentales para diez millones de personas. La medida responde a una ola de violencia sin precedentes, pero se produce en medio de masivas protestas tras la destitución de Dina Boluarte, que ya han dejado un muerto.
Buenos Aires. Perú se asoma de nuevo al abismo de su perpetua crisis institucional. El flamante presidente interino, José Jerí, anunció este martes por la noche la medida más drástica de su corto mandato: la declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el puerto del Callao. La decisión, que afecta a más de 10 millones de personas y tendrá una vigencia de treinta días, supone la militarización de las calles y la suspensión de derechos constitucionales clave, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
Bajo este decreto, las fuerzas de seguridad podrán ingresar a cualquier vivienda y detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial. Quedan prohibidas las reuniones masivas y las Fuerzas Armadas patrullarán junto a la policía en zonas críticas. Entre las medidas más llamativas se encuentra la prohibición de que dos personas viajen en una misma motocicleta, una modalidad frecuentemente usada por los sicarios, y severas restricciones en las cárceles, que incluyen apagones eléctricos y limitación de visitas.
La justificación oficial es contundente. “La delincuencia ha crecido de manera desmesurada, causando un enorme dolor. Pero esto ¡se acabó!”, proclamó Jerí en un breve mensaje televisado. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”, sentenció. Las cifras respaldan la alarma: las denuncias por extorsión se dispararon de 2.396, en 2023, a más de 17.000, en 2024 , y solo entre enero y septiembre de 2025 ya suman 20.705. Además, 47 conductores de transporte han sido asesinados en lo que va de año.
Una crisis de legitimidad
Sin embargo, para millones de peruanos, la medida no busca solo frenar a los criminales, sino también a los manifestantes. La declaración de emergencia llega apenas una semana después de violentas protestas contra el nuevo Gobierno y el Congreso.
Perú, que ha tenido siete presidentes desde 2016, vive en una inestabilidad endémica. La crisis actual estalló el 10 de octubre, cuando el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. Boluarte, quien enfrentaba un juicio por la muerte de cerca de 50 personas en protestas anteriores, fue reemplazada por el entonces titular del Parlamento, José Jerí.
Lejos de calmar la situación, la sucesión desató una nueva ola de indignación. El 15 de octubre, miles de personas, muchas de ellas jóvenes de la llamada “Generación Z”, tomaron las calles en varias regiones.
La Generación Z
La denominada Generación Z —también conocida como centennials o zoomers— es el grupo demográfico que sigue a la Generación Y o millennial. Está compuesta por las personas nacidas aproximadamente entre 1995 y 2010. Es la primera generación plenamente digital y globalizada. Crecieron en un contexto de crisis económicas, redes sociales, cambio climático y transformaciones culturales aceleradas, lo que los ha hecho más pragmáticos, adaptables y conscientes del mundo que los rodea.
La Generación Z ha tenido un papel notable en diversas movilizaciones sociales y protestas durante los últimos años, muchas de las cuales han impulsado cambios políticos concretos o transformaciones culturales profundas. Aunque en algunos casos no lograron reformas estructurales inmediatas, sí alteraron agendas políticas, derribaron gobiernos o modificaron legislaciones. Entre las protestas más importantes protagonizadas por la Generación Z cabe mencionar: Chile (2019–2022); Colombia (2021); México (2012) y Perú (2020).
Un presidente cuestionado
Los jóvenes manifestantes de la Generación Z exigían la renuncia de Jerí, el cierre del Congreso y una reforma política estructural. La jornada terminó en tragedia: el manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años y cantante de hip hop, murió tras recibir un disparo de un policía vestido de civil cerca del Congreso. Más de 100 personas resultaron heridas.
La respuesta de Jerí a la tragedia fue reafirmar su posición: “No voy a renunciar. Mi responsabilidad es mantener la estabilidad”.
El rechazo a Jerí no es gratuito. El abogado de 38 años es visto como la “continuidad del modelo que la gente rechaza”, según el politólogo Alberto Vergara. El nuevo presidente arrastra sus propias denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad, además de una denuncia por presunta violación sexual que fue archivada por la fiscalía en agosto. Su gabinete ha sido criticado por incluir figuras con investigaciones penales.
El Congreso que lo ungió es una de las instituciones más desprestigiadas del país. El analista Augusto Grilli Fox recuerda que, bajo la presidencia de Martín Vizcarra, 67 de los 130 congresistas estaban procesados por corrupción. Es este mismo Congreso el que aprobó recientemente un paquete de leyes que, según expertos, debilitan la lucha contra el crimen, las mismas que los manifestantes exigen derogar.
Tres escenarios para una salida
Con la economía dando señales de volatilidad y la sociedad movilizada, el futuro de Perú es incierto. Aunque Jerí ha prometido elecciones generales para abril de 2026, la ruta hasta esa fecha está plagada de obstáculos. Los analistas y los propios actores sociales dibujan tres escenarios posibles:
La huida hacia adelante: El Gobierno de Jerí utiliza el estado de emergencia para reprimir con éxito la protesta social, al tiempo que exhibe algunos éxitos en la lucha contra la delincuencia común. Aferrado a su promesa de “estabilidad”, logra mantenerse en el poder con el apoyo del Congreso y sectores conservadores, conduciendo al país a las elecciones de 2026 sin ninguna reforma política sustancial, lo que solo pospondría el estallido.
El colapso institucional: La represión policial y militar fracasa en contener el descontento. El clamor de “Que se vayan todos” se vuelve incontenible, forzando la renuncia de José Jerí y la disolución del Congreso. Este escenario, el de la ruptura, sumiría al país en un vacío de poder y una incertidumbre legal total, obligando a convocar elecciones anticipadas en un clima de alta polarización.
La reforma negociada: La presión de las calles, sumada a la debilidad del propio Gobierno, obliga a Jerí a ceder. Este escenario implicaría un diálogo nacional que podría llevar a la derogación de las leyes más polémicas y, como exigen muchos colectivos, a abrir un camino para una Asamblea Constituyente que rediseñe el sistema político antes de las elecciones de 2026.
Perú se encuentra en una “encrucijada histórica”. La ciudadanía exige cambios profundos a una clase política que se atrinchera en sus ideas y privilegios. El desenlace, advierten los sociólogos, dependerá de la capacidad de las instituciones para escuchar y reformar, o de su decisión de imponer el orden por la fuerza. El país, mientras tanto, contiene la respiración.
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