Francisco Velásquez
Cierre de la Administración en EE. UU. por falta de Presupuestos
Cierre del gobierno en Estados Unidos. Es decir, parálisis de servicios públicos necesarios en el país. A veces los partidos políticos pierden el norte: servicios públicos esenciales quedan amenazados de su existencia en virtud del desacuerdo de republicanos y demócratas. Los sucesivos intentos de llegar a un acuerdo han fracasado.
En los últimos cincuenta años, el gobierno norteamericano ha cerrado 21 veces. No es pues una situación desconocida, ni probablemente trágica, pero generará dificultades a muchos miles de ciudadanos, que no podrán acceder a determinados servicios públicos, y a millares de funcionarios que no recibirán sus salarios.
Desde luego, después del fracaso del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), cuya andadura con Musk al frente ha terminado, esta amenaza reiterada del cierre del gobierno obliga a reflexionar sobre la política y la administración y especialmente sobre la posibilidad de que determinadas decisiones puedan ser tomadas por los responsables políticos. En 2018, Trump se convirtió en un presidente que logró dos cierres sucesivos y ahora ha logrado un tercero, pese a tener el control del Congreso. En su primer mandato, el cierre duró 34 días. Esperemos que en esta ocasión se logre un acuerdo antes. Los demócratas, para llegar a un acuerdo, exigían la extensión de los subsidios del Obamacare y revertir los recortes del Medicaid, demolidos por la “gran y hermosa “reforma fiscal aprobada por Trump.
Se dieron cierres con Carter, Reagan y otros presidentes, pero a veces duraban un día. Hoy se asegura que decenas de miles de empleados federales se quedarán en casa.
Cabe preguntarse si es lógica una situación de esta naturaleza: una norma de búsqueda de una mayoría especial para la aprobación que necesita votos de ambos partidos, que procuraba precisamente la transacción y el acuerdo, se está convirtiendo desde hace años en un perjuicio evidente para millones de ciudadanos y empleados públicos.
Quizás por ello en algunos de los países del norte de Europa, determinadas acciones de los organismos públicos sólo pueden ser tomadas por funcionarios profesionales, cuya competencia no puede ser hurtada por los responsables políticos. Como alternativa, algunos congresistas republicanos proponen evitar futuras interrupciones en la financiación —y en el suministro de controladores aéreos— tal como el Congreso ya exime al sistema de control de tráfico aéreo. El cierre de gobierno afectará a servicios y funcionarios de toda la administración como los trabajadores de la Agencia de Protección Ambiental, del Departamento de Educación, de Comercio, de Trabajo, del Departamento de Estado, de 45% (de empleados civiles) del Pentágono y 41% de Salud y Servicios Humanos, entre otros.
No es esa la situación en Europa, donde efectivamente el desacuerdo entre las fuerzas políticas genera que, en ocasiones, servicios importantes no puedan ponerse en marcha, pero incluso si no hay presupuestos aprobados, como ocurre en España desde hace tres años, los servicios públicos esenciales siguen funcionando y no se tiene noticia de que algunos de ellos haya sido suprimido o de que millares de empleados públicos sean despedidos.
Está fuera de duda que el cierre de la administración causa daño, algunos duraderos. Como se ha afirmado, si nuestros representantes electos vuelven a incumplir sus responsabilidades básicas y el gobierno vuelve a cerrarse, otras cosas se deteriorarán y las consecuencias nos acompañarán durante mucho tiempo. (Binyamin Appelbaum, 2025).
En ese sentido, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto un terremoto. En los últimos meses el presidente de Estados Unidos ha retirado a su país de algunas de las entidades de la ONU más importantes, como la Organización Mundial de la Salud, la Unesco y el Consejo de Derechos Humanos; y ha causado una crisis de consecuencias todavía inciertas en el ámbito de la ayuda humanitaria al desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que históricamente era el principal donante bilateral de Naciones Unidas. Ahora el cierre del gobierno genera aún más preocupación, mientras el juego político se ha deslizado desde las cuestiones económicas o sociales, incluyendo la política internacional, a las acusaciones ante los jueces (Trump, Macron, Sánchez, Sarkozy) o a destacar como elemento trascendental la emigración, consustancial con la población en todos los continentes.
António Guterres se ha visto obligado a plantear un tijeretazo de 15% en el presupuesto de 2026 que incluye la eliminación de cerca de 2.700 puestos de trabajo – 19% de la plantilla–, así como la recolocación de parte de los empleados que operan en las sedes de Nueva York y Ginebra.
La debilidad de la Organización de las Naciones Unidas y las tumultuosas relaciones entre los dos partidos norteamericanos colocan al mundo en una situación revuelta, que impide por el momento solucionar el conflicto de Gaza, aunque voluntariosamente algunos afirman que «el sistema federalista de Estados Unidos ofrece motivos para la esperanza».(Timothy Snyder, 2025).
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