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martes 17 noviembre, 2026

Vivienda y balance de los dos reales decretos leyes votados el 12 de noviembre

La Diputación Permanente del Congreso adoptó el jueves 12 de noviembre dos decisiones diferentes sobre vivienda: derogó el Real Decreto-ley 28/2026, relativo a la estabilidad de los arrendamientos, y convalidó el Real Decreto-ley 29/2026, sobre protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible. Ambos eran de 6 de octubre. Las resoluciones se publicaron en el BOE del 13 de noviembre. El resultado exige distinguir las medidas rechazadas de las que permanecen en el ordenamiento. [1–4]

La precisión temporal es esencial. El decreto rechazado preveía entrar en vigor precisamente hoy, 15 de noviembre: su derogación se produjo antes de esa fecha. El convalidado entró en vigor, con carácter general, el 8 de octubre, aunque determinados cambios fiscales tienen efectos posteriores. La convalidación mantiene esta segunda norma; no supone que todas sus medidas comiencen a aplicarse el día de la votación.

El decreto rechazado pretendía modificar profundamente la duración de los alquileres. Una vez transcurridos cinco años, o siete cuando el arrendador fuera persona jurídica, establecía prórrogas sucesivas por nuevos períodos de cinco o siete años. Para impedirlas, el propietario debía comunicar su voluntad con seis meses de antelación; el inquilino, con dos. La expresión periodística «alquiler indefinido» resumía una continuidad potencialmente prolongada, pero jurídicamente existía una posibilidad de terminación sometida a condiciones. [1]

Su elemento decisivo era la indemnización por no renovar. El arrendador habría debido abonar el mayor de dos importes: doce mensualidades o una mensualidad por cada año de residencia. El cálculo se vinculaba al valor superior del rango individualizado del sistema estatal de referencia; si no existía ese valor, a la renta contractual vigente. La venta de la vivienda no eliminaba el derecho: la obligación correspondía al adquirente subrogado como arrendador.

Había excepciones. Entre ellas, la necesidad de vivienda del arrendador persona física o de determinados familiares; la disponibilidad por el inquilino de otra vivienda adecuada en el mismo municipio; ciertas ausencias prolongadas sin justificación; o la celebración de un nuevo contrato. También podía excluirse la indemnización si el inquilino rechazaba una oferta fehaciente de renovación que respetara las condiciones legales. La norma incluía reglas transitorias para contratos existentes y comunicaciones anteriores, y coordinaba estas novedades con las prórrogas extraordinarias.

Por tanto, lo que ha caído es un sistema de renovaciones sucesivas y de compensación económica por determinadas decisiones de no renovar. Su finalidad era dar estabilidad residencial; su contrapartida habría sido aumentar el coste y reducir la flexibilidad de recuperación del inmueble. Ese régimen no puede presentarse hoy como una obligación vigente.

El texto que permanece en vigor mantiene la prórroga ordinaria por anualidades, hasta tres años, si no media el preaviso correspondiente: cuatro meses para el arrendador y dos para el arrendatario. Conviene diferenciar este mecanismo de las prórrogas extraordinarias, cuya aplicación depende de sus propios presupuestos.

Sin embargo, sí permanece una prórroga extraordinaria distinta. La disposición final quinta del decreto convalidado permite solicitar hasta dos años adicionales, por anualidades, en los contratos existentes a su entrada en vigor que cumplan sus condiciones. Incluye la finalización de la prórroga obligatoria antes del 31 de diciembre de 2028 y otros supuestos de terminación de prórrogas o tácita reconducción. Exige estar al corriente del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. Hay excepciones, incluida la necesidad real y acreditada de ocupación del arrendador. La prórroga de zonas tensionadas tiene aplicación preferente y es incompatible con esta. [3]

También sobreviven límites a la actualización de rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2027, la disposición final sexta impide incrementarlas cuando superen el límite máximo aplicable del sistema de referencia. En los demás casos contempla un nuevo pacto y, en su ausencia, un máximo del 2 %. Debe coordinarse con la reforma del artículo 18 de la LAU, que establece el IRAV como techo de actualización. El decreto tampoco autoriza actualizar una renta cuando falte el pacto contractual necesario.

El alquiler temporal y por habitaciones recibe una regulación más intensa. La temporalidad debe responder a una causa real, expresa y acreditable, cuya prueba corresponde al arrendador. La duración ha de superar treinta y un días y, como regla general, no exceder doce meses. Superar ese plazo sin justificación o encadenar más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda determina su consideración como alquiler habitual. La suma de las habitaciones no puede superar la renta unitaria de la vivienda; en zonas tensionadas rigen además los límites legales.

Hay otras modificaciones prácticas de la LAU: se refuerza la prohibición de repercutir gastos de gestión inmobiliaria, se impide trasladar tributos salvo que el arrendatario sea el obligado tributario y se elimina la indemnización por el desistimiento ejercido en los plazos legales. Además, determinadas reparaciones necesarias pueden ejecutarse y descontarse de futuras rentas tras requerimiento, presupuesto y falta de respuesta o negativa injustificada. Estas reformas obligan a revisar contratos y procedimientos de gestión, atendiendo al régimen temporal aplicable.

La protección frente al desahucio ocupa otro bloque central. El artículo 2 establece hasta finales de 2030 suspensiones vinculadas a vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional, diferenciando según el demandante. Para el régimen de su apartado segundo prevé revisión anual y levantamiento, entre otros supuestos, al transcurrir tres años. Contempla compensaciones para personas físicas y entidades dedicadas al alquiler habitual asequible o social, y reglas de protección del propietario vulnerable y de titulares personas físicas de dos o menos viviendas. No es una paralización indiscriminada de cualquier desahucio.

En los procedimientos por impago, el nuevo artículo 22.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone a la Administración competente ofrecer una alternativa adecuada o pagar o consignar las cantidades debidas y las costas, dentro de dos meses, en los supuestos previstos. Si incumple, queda subrogada en la posición deudora y no procede el lanzamiento mientras concurran las condiciones legales, manteniéndose el contrato hasta su expiración. La eficacia de esta protección dependerá especialmente de la capacidad administrativa para alojar o pagar.

En las compraventas, hasta el 31 de diciembre de 2030 se limita la adquisición gratuita o por contraprestación inferior al 70 % del valor de mercado por determinadas entidades adquirentes de inmuebles o créditos impagados, y por personas jurídicas grandes tenedoras y entidades vinculadas. La tasación debe proceder de una sociedad homologada e inscrita en el Banco de España, independiente de las partes. Existen excepciones por destino social o asequible y otras sujetas al Código de Buenas Prácticas. No es una exigencia universal para toda compraventa ni para cualquier sociedad.

Desde la perspectiva registral destacan dos cambios adicionales. El tanteo y retracto del inquilino se refuerza en ventas conjuntas cuando la vivienda sea jurídicamente individualizable: deben identificarse el precio imputado y sus criterios, y no cabe pactar la renuncia al derecho. Para computar grandes tenedores, cada unidad residencial de un edificio cuenta separadamente aunque no exista división horizontal inscrita. La norma añade exigencias de certificación registral y refuerza la información relevante para contratar e inscribir.

La fiscalidad también cambia. Desde el 1 de diciembre de 2026, los arrendamientos de viviendas amuebladas por un máximo de treinta noches pasan al IVA del 10 %, con la excepción prevista para la residencia habitual del arrendador; se mantiene la tributación de los supuestos con servicios hoteleros. Se amplía el IVA del 4 % a entregas por promotores de viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida, y se extiende el tipo reducido a determinadas obras en viviendas destinadas al alquiler habitual, bajo requisitos.

El IBI permite recargos turísticos de hasta el 50 %, 100 % o 150 %, según los supuestos de titularidad, en municipios ubicados en zonas tensionadas. Requieren ordenanza fiscal: no se produce automáticamente una subida nacional. También se modifica el recargo por desocupación permanente, con causas justificadas y procedimiento. Estas medidas deben diferenciarse de los recargos comunitarios de la Ley de Propiedad Horizontal.

En el IRPF, las reducciones del rendimiento neto positivo del alquiler se gradúan según precio, arrendatario y otras condiciones. Pueden alcanzar el 100 % para propietarios que no sean grandes tenedores, en determinados nuevos contratos con rebaja superior al 5 % y en ciertos primeros alquileres bajo el índice. Se prevé asimismo un 80 % para determinadas prórrogas. Son reducciones del rendimiento sujeto a tributación, no devoluciones equivalentes de la renta cobrada. El régimen transitorio distingue contratos anteriores y sitúa una fecha relevante en el 1 de diciembre de 2026.

Para los inquilinos se incorpora una deducción estatal del 10 % del alquiler habitual, con base imponible inferior a 33.007,20 euros, límites y condiciones. Desde 2027, la imputación de rentas inmobiliarias pasa a una escala progresiva sobre la suma de valores catastrales. También se modifica el gravamen especial sobre beneficios no distribuidos de las SOCIMI procedentes del alquiler residencial, con reducciones ligadas a vivienda asequible, y se actualizan desde diciembre los coeficientes máximos de la plusvalía municipal.

La oferta recibe instrumentos específicos. Se facilita la aportación de inmuebles públicos a CASA 47 y se establece un precio máximo para determinadas viviendas de la entidad y sus transmisiones sucesivas, con constancia registral. Se crea un Fondo de Vivienda de Impacto Social dotado inicialmente con 400 millones de euros. Se regulan avales de hasta 2.000 millones para vivienda social o asequible y de hasta 280 millones para construcción industrializada, cuyos componentes pueden servir de objeto de hipoteca mobiliaria.

La línea TU CASA pretende complementar la financiación de la primera vivienda habitual, sin límite general de edad, mediante préstamos al 0 % y sin comisiones por el menor importe entre el 20 % del valor de la vivienda y 50.000 euros. Su desarrollo requiere acuerdos e instrumentos de ejecución. La contrapartida es relevante: la vivienda queda permanentemente sujeta a un precio máximo de transmisión, con constancia en escritura y Registro. Debe evaluarse esa limitación al valorar la ventaja financiera.

El decreto incorpora además protección del deudor ante cesiones de créditos hipotecarios, obligaciones de publicidad de alquileres y sanciones para plataformas por incumplir determinadas obligaciones de información. Añade productos de ahorro e inversión Financia Europa y exenciones vinculadas a determinadas ventas de viviendas, cuya aplicación exige cumplir requisitos y desarrollos específicos. Su contenido supera, por tanto, el ámbito estricto de la contratación arrendaticia.

Mi valoración es que el resultado parlamentario conserva una intervención extensa sobre alquileres, fiscalidad y transmisiones, mientras rechaza el mecanismo más ambicioso de continuidad contractual. Los incentivos y la financiación pueden contribuir a ampliar oferta; las restricciones pueden proteger a residentes actuales, pero también alterar las decisiones de quienes ofrecen viviendas. Habrá que medir ambos efectos. La eficacia final dependerá de viviendas efectivamente disponibles, compensaciones pagadas y reglas aplicadas con previsibilidad. Aumentar la protección requiere, además de normas, suelo preparado, licencias, rehabilitación, financiación y capacidad real de ejecución pública.

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