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martes 17 noviembre, 2026

Anatomía de un malestar social creciente

Pido de antemano paciencia al lector, pues los razonamientos complejos requieren cierta explanación y encadenamiento de ideas sin las cuales no se puede elaborar ni decir nada valioso en el plano intelectual. Algo que nos permita entender la situación más allá de la querencia por confirmar nuestras presunciones o de quedarse en meras impresiones superficiales, como lo que se hace por desgracia en las redes sociales y en el clickbait de tantos artículos periodísticos habituales. Intentaré aportar una visión de conjunto, limitada, lo más sintética posible, acerca de los factores que explican el malestar social que estamos presenciando.

El primer paso es dudar de lo que se nos ha venido diciendo. El gobierno español ha presumido de musculatura en el escaparate europeo. Sánchez lleva ya varios años con este relato y es un punto clave de la propaganda oficial. Mientras los vecinos de nuestro continente caminan con paso cansino, véase la situación de Francia o Alemania, nuestra economía parece mantener sobre el papel o en el powerpoint (que lo aguantan todo) un ritmo de crucero. El PIB crece, los turistas baten récords de consumismo y la inyección de los fondos europeos pospandémicos ha actuado como una suerte de desfibrilador perfecto para mantener vivo el gasto público y privado los últimos cinco años. Todo encajaría sobre las plantillas de Excel que miran los burócratas.

Pero ya se sabe que los agregados macroeconómicos tienen un don tan piadoso como algo cínico de maquillar la realidad. La estética contable hace maravillas. Sin uno se detiene a mirar los cimientos del edificio, descubre que el “milagro español” que proyectaban hasta hace poco las terminales mediáticas y que han sostenido al actual gobierno (la izquierda realmente existente) no es tanto fruto de la genialidad o de una productividad sideral, sino de la fuerza bruta: más población activa por efecto mayormente del crecimiento de la inmigración.

Y claro, cuando se confía todo al músculo sin invertir en materia gris ni transformar el tejido productivo hacia sectores de alto valor añadido, el crecimiento se parece más a correr un maratón con chanclas. No va a acabar bien, aunque el actual gobierno se haya doctorado en estética y cosmética, con cum laude. El contraste, además, se vuelve elocuente cuando bajamos del pedestal de Bruselas a la realidad de los hogares y familias.

Nóminas que se evaporan

Nos repiten hasta la saciedad que la renta disponible bruta de las familias sube, impulsada por la creación de empleo y la revalorización de las pensiones. Los datos son ciertos, pero parciales. Muchas verdades parciales, fragmentarias, pueden paradójicamente construir gigantescas mentiras.

Acudir al supermercado, pagar la luz, la gasolina o repasar el ticket de la compra es bañarse en la realidad, zambullirse en la verdad tangible: las virtuales subidas salariales o de las pensiones se desvanecen por obra y gracia de la inflación acumulada. Una inflación que los gobiernos europeos ni las autoridades europeas (de derecha o izquierda indistintamente) han sido capaces de corregir y que han agravado tomando decisiones geopolíticas que han incrementado temerariamente los factores de riesgos (por ejemplo, en materia energética) y determinados gastos (por ejemplo, los militares).

Para las rentas más bajas, las sucesivas subidas del Salario Mínimo han ejercido de parachoques imprescindible. Pero la mayoría social está en el tramo de rentas medias, una inmensa clase trabajadora precarizada atrapada entre el quiero y no puedo. Para este grupo los incrementos pactados en convenio apenas si alcanzan a rozar la inflación subyacente. Su capacidad de ahorro y planificación se esfuma. Una mayoría vive al día. Un imprevisto se convierte en un drama personal o familiar. Esto incluye también a los trabajadores autónomos (autoempleados), pequeños comerciantes o empresarios de pymes.

Y es aquí donde entra en escena el verdadero “agujero negro” de la economía española: el ladrillo. Pero hasta el desahucio de “Maricarmen” parecía no importar mucho al mismo gobierno pues el mercado inmobiliario, como es sabido, es una fuente suculenta de ingresos fiscales. En las grandes ciudades, el coste de la vivienda -ya sea en forma de alquiler o de cuota de hipoteca asfixiante-, combinada con suministros básicos devora sin piedad más del 30% del presupuesto doméstico (cuando no bastante más). El incremento nominal de la renta no es más que una ilusión óptica que termina desembocando en las cuentas corrientes de los propietarios e inversores inmobiliarios.

Ante este panorama, resulta sorprendente que haya personas, sobre todo en el ámbito liberal-conservador, que todavía se extrañen o les fastidie ver a los jóvenes y no tan jóvenes en la calle, indignados, protestando por una pluralidad de causas (no siempre bien articuladas bien es cierto) aunque sí con una base de legitimidad en el fondo. ¿De verdad sorprende o fastidia ese descontento social? Lo que sorprende es que hayan tardado tanto en protestar. Lo que sorprendería es que tantos jóvenes del “precariado” urbano asumieran dóciles y silentes su empobrecimiento, más aún, viviendo como vivimos en una sociedad capitalista, individualista y turbo-consumista que se basa en la comparación y la acumulación material, y en el marco de un “Estado de Bienestar” que ya ha dejado de cumplir lo que promete para una parte considerable de la población.

La brecha entre la macroeconomía de los titulares y la microeconomía de la supervivencia diaria se ha convertido en un abismo. Para muchos jóvenes emanciparse se ha convertido en un deporte de riesgo extremo. Algo que no tiene precedentes históricos, ni tampoco culturales. El sistema bancario, con su prudente y pétrea exigencia de aportar un 20% o 30% de ahorro previo en efectivo para la entrada y los impuestos, funciona como una muralla insuperable para una considerable proporción de la clase trabajadora. Con salarios de inicio modestos y empleos inestables o inseguros, la capacidad de ahorrar es pura entelequia.

La histórica clase media española, cimentada (nunca mejor dicho) sobre el sagrado pilar de la propiedad inmobiliaria, se está desintegrando. Al expulsar a los jóvenes del mercado de compra de vivienda, son empujados a un mercado de alquiler salvaje en grandes ciudades que absorbe fácilmente entre el 60% y el 80% de su salario neto individual. Asistimos así a una kafkiana transferencia de rentas que va de los bolsillos precarios de los trabajadores jóvenes (o no tan jóvenes, pues algunos peinan canas) o inmigrantes a las carteras rentistas de los propietarios más veteranos (en su mayor parte baby boomers). Un trasvase masivo y corriente de renta que condena en toda regla el consumo futuro y liquida el ahorro de los trabajadores.

No hay que buscar misterios demográficos. La imposibilidad de acceder a un techo propio y a un empleo estable dinamita la planificación vital, congela la formación de hogares y hunde la natalidad de un país que prefiere mirar hacia otro lado (importando mano de obra extranjera a nivel masivo) mientras desentierra su propio colapso fiscal y demográfico a plazos. El ascensor social, ese viejo invento que prometía dignidad y progreso intergeneracional, lleva un buen rato averiado. Nadie se ha atrevido a arreglarlo. Y lo peor no es que se haya roto, sino que nos hayamos acostumbrado a subir por las escaleras de incendios mientras los de arriba, la clase política, los altos funcionarios y las cúpulas corporativas siguen aplaudiendo gráficos y bonitos power points.

Pero lacrisis de la vivienda no es un meteorito caído del cielo, sino un fenómeno causal que obedece a unos incentivos perversos y a unas conductas concretas (individuales y colectivas) erradas. Una demanda disparada por la demografía y la inmigración masiva (traída por cierta patronal porque presiona a la baja los salarios) choca frontalmente con una oferta tan inelástica. La escasez crónica de parque público, unida a una burocracia autonómica y municipal que parece diseñada para obstaculizar los procedimientos urbanísticos, asfixia cualquier intento de solución. También la fiscalidad sobre la primera vivienda representa una losa para las familias jóvenes compradoras. Para colmo, el suelo urbano se debate en una cruel guerra de intereses donde el turismo, los usos corporativos y los alojamientos temporales devoran el espacio residencial. El resultado de este combo no puede ser otro que precios por las nubes y una clase trabajadora muy golpeada.

A este contexto inmobiliario le acompaña un mal endémico que España arrastra y que también explica una parte del dibujo. Este es la persistente brecha de productividad por hora trabajada. Al especializarnos con entusiasmo y comodidad en sectores de baja intensidad tecnológica y mano de obra intensiva -el eterno binomio del sol, hostelería, ocio y restauración-, la economía española se ha colocado ella misma un techo de cristal salarial imposible de sortear. No se pueden repartir sueldos “nórdicos” con la estructura productiva que tenemos. No se puede pretender gravar impositivamente la economía española con una fiscalidad “nórdica” cuando se carece de la estructura social y laboral “nórdica”.

Por si fuera poco, el cóctel demográfico añade el toque maestro de la tensión presupuestaria. El envejecimiento de la población dispara el gasto en pensiones y sanidad pública, comprimiendo el espacio fiscal para la inversión real en I+D y en infraestructuras de futuro. El esfuerzo recae, una vez más, sobre las espaldas de las clases trabajadoras y de las generaciones jóvenes, cada vez más vulnerables, que cargan con una fiscalidad y cotizaciones asfixiantes en su nómina para financiar el bienestar de otros, sin la menor oportunidad de consolidar un patrimonio propio. Y todo ello a pesar de la dichosa reforma laboral que efectivamente consiguió reducir la temporalidad, pero camuflándola con subempleo y parcialidad involuntaria.

Pero no olvidemos que el malestar social de muchos jóvenes no se debe solamente a la precariedad sino a una sobrecualificación que contrasta con los empleos de baja cualificación que asumen. Se les prometió y se creyeron un mundo que no existe, que dejó de existir. La globalización no era tan bonita como decían. Sólo funcionó unas pocas décadas y benefició a una generación (la de los baby boomers occidentales) que tenía otra demografía y una estabilidad social derivada de los sectores industriales. Una singularidad histórica irrepetible. Sus condiciones y narrativas han ido colapsando a medida que la globalización eclosionó en los años 90 y se desmantelaron las industrias estratégicas a golpe de decretos de liberalización y privatización, deslocalizando las fábricas y optando por una economía terciaria más expuesta al dinamismo de los ciclos y turbulencias mundiales, y que además acumula mucho humo y demasiados “vendehúmos”.

Protestas sin líder y un tablero político que arde

Con este panorama, que las calles europeas hayan dicho basta no debería sorprender ni al más despistado de los burócratas ni a las cúpulas de despachos enmoquetados. El estallido social no responde al pico de un bache inflacionario puntual, sino al agotamiento posterior. Tras cuatro años de tensiones incesantes en los mercados de energía, alimentos y vivienda, la paciencia de un sector de las clases trabajadoras se va acabando. Y ahora, por si faltaba leña en la hoguera, Bruselas reactiva con su rigor neocalvinista las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los gobiernos van a ser presionados para recortar o congelar el gasto social justamente cuando la demanda ciudadana de servicios públicos dice lo contrario.

Pero lo verdaderamente curioso de esta época es cómo ha mutado la protesta. Las movilizaciones ya no necesitan argumentarios tradicionales o la iniciativa de partidos políticos o sindicatos. Las redes digitales descentralizadas actúan como poleas de transmisión hiperconectadas, generando protestas transversales, ingobernables en mesas de diálogo sectorial y con una preocupante capacidad de contagio transfronterizo. La saturación hecha algoritmos y la ausencia de liderazgos fuertes completan formas híbridas y difusas de movilización y desafección.

Las grandes adscripciones ideológicas cotizan a la baja. Se arrumbaron hace ya tiempo. En una sociedad posmoderna el votante se ha vuelto implacablemente pragmático. Sólo importa quién es capaz de gestionar el coste de la vida, la vivienda, la seguridad y la renta disponible. De ahí el castigo sistémico que recae sobre los partidos de gobierno en toda Europa. Cuando la microeconomía de la calle contradice de manera flagrante los telediarios y los power points macroeconómicos, el electorado patalea a su manera, yéndose a opciones populistas y discursos rupturistas de un signo o de otro. Pero no se discute seriamente el sustrato o los ejes del modelo económico.

La política se ha quedado reducida a una cuestión de reformas, de poner más alpiste mediático en el redil, de incrementar y salpimentar el ocio distractivo, pero también de alimentar la cizaña y la bronca. Las agendas políticas de unos y otros se llenan de medidas de emergencia -topes al alquiler, exenciones fiscales, blindaje de servicios públicos, prioridad nacional y reemigración- mientras la polarización se retroalimenta y campa a sus anchas. La derecha liberal prioriza la optimización del gasto y el alivio fiscal indirecto; la izquierda socialdemócrata agita la fiscalidad sobre el capital y la expansión del gasto social. Entre tanto, el debate público se reduce a una tosca inflamación de verborrea y de soflama por la distribución de recursos cada vez más escasos, evidenciando que las grandilocuencias de las “transiciones ecológicas y digitales” suenan muy bien en los powerpoints de los burócratas y altos directivos, pero duelen demasiado en las nóminas y bolsillos de los de siempre.

Un giro político, por contundente que sea en las urnas, no tiene capacidad para resolver por sí solo este atolladero. Puede cambiar el color de las carteras ministeriales, el tono de los discursos y la orientación de los decretos en el BOE, pero la realidad física y contable de la economía seguirá ahí, obstinada.

El margen de maniobra fiscal es un terreno cercado con alambre de espino. Gobierne quien gobierne, la pertenencia a la Eurozona impone una suerte de “camisa de fuerza” que no entiende de ideologías, o, mejor dicho, se neutraliza por la ideología única oficial: los Estados europeos, sus naciones, cedieron la soberanía económica y monetaria a unas oligarquías funcionariales (Bruselas) y bancarias (Frankfurt). En consecuencia, la clase política nacional debe someterse al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a los mandatos de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Nadie, a escala nacional, puede hacer política real o articular grandes reformas internas sin la llave del binomio Bruselas-Frankfurt y el plácet de los estamentos financieros y corporativos que juegan con los negocios del vértigo de las primas de riesgo y la colocación de la deuda pública en las plazas financieras. El espejo de Francia  -atrapada en unas finanzas públicas al límite y con el coste de su deuda escalando sin freno- sirve como advertencia severa de lo que ocurre cuando se pretende ignorar una determinada aritmética y los intereses de la plutocracia trasnacional.

Pero incluso si existiera un margen de maniobra financiero y fiscal, la economía real funciona con unos tiempos que desesperan al reloj electoral con el que funciona la ya maltrecha democracia. Tomemos el drama de la vivienda. La escasez de oferta no se soluciona a golpe de decreto. Convertir suelo en urbanizable, sortear la laberíntica tramitación administrativa, licitar obras y levantar físicamente un parque público o social que se ha prometido en el papel exige ciclos de maduración de entre cuatro y ocho años. Excede el tiempo de una legislatura y prácticamente de dos para ver sus frutos. Un cambio de rumbo puede marcar la dirección correcta, sí, pero ningún boletín oficial tiene el superpoder de levantar edificios de la noche a la mañana (salvo en China, claro que allí no hay campañas electorales y el mandarinato neoconfuciano de Pekín adopta medidas planificadas, algo que Occidente olvidó).

Lo mismo ocurre con el otro gran nudo gordiano: los salarios. Elevar de forma sostenida el poder adquisitivo exige algo más complejo que firmar subidas nominales. Requiere disparar la productividad total. Y eso implica reformas de calado en educación, innovación, digitalización real de nuestras pymes y una densificación del tejido industrial. Son procesos de siembra lenta cuyos frutos maduran mucho más allá del horizonte cortoplacista de una legislatura de cuatro años. Además, implica revisar y deshacer muchos procesos que nos llevaron a la desindustrialización actual. Eso implica hacer una autocrítica general que incomodaría a muchos que se beneficiaron desmantelando y desvencijando muchas industrias estratégicas que teníamos antes, en pos de un globalismo neoliberal que ahora ni Estados Unidos se cree.

Termino el diagnóstico con una última reflexión. A todo lo comentado hay que añadir una variable institucional que en España resulta determinante, como es la realidad de un Estado profundamente descentralizado. Las competencias nucleares en materia de ordenación del territorio, vivienda, sanidad y educación descansan en manos de las Comunidades Autónomas. Un auténtico disparate que formó parte, junto a otros despropósitos y dislates, del “Consenso del 78” y que no es imputable a un solo espectro político. Tanto la izquierda como la derecha del Régimen del 78 pactaron y desarrollaron ese modelo territorial que ha desvertebrado la economía nacional, dificultado la unidad de mercado y la coordinación y planificación entre las diferentes Administraciones.

Por eso, engañarse pensando que unas elecciones actúan como una varita mágica es el camino más corto hacia la próxima frustración colectiva. Un cambio de gobierno permite reordenar prioridades y afinar los instrumentos regulatorios, pero desactivar los problemas estructurales de este país exige algo mucho más escaso en nuestra política contemporánea: pactos perdurables que sobrevivan a las alternancias, frivolidades y veleidades electorales, porque la realidad económica tiene la mala costumbre de no entender de legislaturas.

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