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martes 17 noviembre, 2026

Tras el medio mandato

Después de las elecciones estadounidenses de medio mandato, que han supuesto un verdadero varapalo para el Partido Republicano, el mundo parece girar hacia un periodo de menor convulsión e intranquilidad. Se valora especialmente la posibilidad de que el presidente pueda ser objeto de los frenos y contrapesos por parte del Congreso, de los que la democracia norteamericana posee un arsenal bien provisto. Esta visión optimista del futuro se oscurece al analizar el impacto de la inteligencia artificial en la actividad de los Estados, en la opinión pública y, en general, en la vida de los ciudadanos, a causa de una omnipresencia que alcanza incluso al papel cuché por las andanzas sentimentales del dimitido CEO de Nvidia, Jensen Huang. No obstante, conviene destacar que, como se ha afirmado, la conciencia de los peligros de la IA es extremadamente baja. Y eso se puede decir de la academia, de los think tanks y de los políticos. «La razón por la que estoy tratando de hablar alto es que no podemos confiar en la industria para que se autorregule», Bill Gates, 2026.

Precisamente, constituye ya un clamor general la necesidad de regular la inteligencia artificial, cuya expansión resulta positiva en el mundo comercial y de los negocios, e incluso en la investigación, la medicina o las ciencias sociales, pero especialmente intranquilizadora en los procesos de decisión de las instituciones públicas. Al igual que, de forma generalizada, las actuaciones de Musk contra la Administración estadounidense han generado dificultades a millones de personas dentro y fuera del país, la dejación de decisiones de relevancia al juego de los algoritmos puede tener infinitas repercusiones en las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Los análisis más acertados llaman la atención sobre el hecho de que la inmediatez de la respuesta al problema, que la IA nos suministra en segundos, puede no ser la más adecuada, aunque evidentemente sea la más rápida. Su introducción en los ámbitos de responsabilidad de los gobiernos, que constituye una realidad, puede generar dificultades de relieve. Algunos destacados especialistas en el ámbito público lo proclaman cuando indican que «los gobiernos pueden delegar cálculos, verificaciones y operaciones repetitivas. En cambio, no deberían delegar la responsabilidad de decidir qué derechos proteger, qué prioridades adoptar ni qué distribución de costos resulta aceptable para la sociedad», Óscar Oszlak, 2026.

Precisamente, los Estados sometidos a las decisiones de las huestes triunfadoras de los presidentes de turno, carentes de burocracias profesionales formadas y seleccionadas por mérito, son débiles. Estas instituciones son víctimas fáciles de fórmulas balsámicas, supuestas soluciones inmediatas a los problemas, lanzadas y dirigidas por empresas que automatizan los servicios y determinan las respuestas mediante algoritmos. Conviene especificar que las ayudas de carácter técnico e incluso la exposición de las diversas posibilidades de actuación, pueden generar medidas acertadas; sin embargo, los gobernantes deben valorar que la decisión final ha de tener en cuenta especialmente su repercusión en los ciudadanos y, por lo tanto, la resolución oficial de los organismos públicos no debe ser técnica, sino política.

Estos temas fueron tratados en la ya vetusta contradicción entre política y tecnocracia, resuelta a favor de la primera. Por su parte, la actividad de las organizaciones políticas se enfrenta en general a otros problemas internos, como la escasa preparación intelectual de sus líderes, tal como no cesa de mostrar el presidente estadounidense cada vez que nombra a alguno de sus principales colaboradores como nuevo jefe de gabinete.

En los últimos días, además de la violencia empleada en las manifestaciones, frecuentemente terminadas en saqueos, han aparecido actuaciones de guerra híbrida que generan preocupación, pues alcanzan desde los viajes en avión por Europa hasta las existencias de productos refrigerados en los supermercados. Todo ello viene a señalar la conveniencia de poner freno y una regulación adecuada al mundo digital.

La libertad absoluta de la que gozan las grandes tecnológicas empieza a crear monstruos en su seno, desde la difusión de mensajes dañinos para los menores de edad hasta su utilización por organizaciones al margen de la ley que emplean de forma experta estos canales para la comisión de delitos de muy difícil represión. De nuevo, las voces que exigen una regulación internacional de las redes sociales y, en general, de las tecnologías que traspasan fronteras son cada vez más numerosas y, en consecuencia, se reclama que los Estados actúen de inmediato de forma mancomunada.

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