Más allá de los titulares sobre disturbios y protestas violentas que sacuden las capitales europeas este otoño, se esconde una profunda desconexión estructural de carácter económico.
Hay algo que no cuadraba desde hace ya varios años. Principalmente, el contraste entre las noticias económicas que hablaban sobre beneficios bancarios y la exuberancia bursátil de las grandes multinacionales, y por otro lado, la vida cotidiana del maltratado bolsillo del ciudadano medio, su salario estancado, la creciente presión fiscal que sufre y la espiral inflacionista de los precios del súper, la gasolina y de la vivienda. La economía financiera no sintonizaba con la realidad de la calle. La macroeconomía estaba, y está, desconectada de la vida microeconómica.
Parece que asistimos a una disociación cognitiva. Los organismos de Bruselas y los ministerios de economía de los países europeos venían exhibiendo hasta hace bien poco cifras de recuperación, pero las calles europeas mascullaban una verdad distinta. Una verdad que ahora se grita en la calle y se escribe en pancartas, por parte de grupos y plataformas legítimas, pero también por vándalos que las han instrumentalizado, como se ha visto en Francia e Italia, y finalmente en España.
La macroeconomía no cuadra con la realidad de la microeconomía. Si hubiera que sintetizar la causa fundamental en un único diagnóstico, sería que los datos macroeconómicos que exponen los gobiernos y los organismos internacionales no están superando una “prueba del algodón”: que la economía garantice un coste de vida razonable para las clases trabajadoras. Examinemos las causas profundas, elevémonos sobre la ramplonería de los análisis epidérmicos e ideologizados.
Este desencuentro entre macroeconomía y microeconomía responde, en primera instancia, a una pérdida acumulada de poder adquisitivo alimentada por la rigidez de la inflación (subyacente). La inflación subyacente -junto con el coste acumulado de la cesta de la compra y los suministros básicos- se mantiene persistentemente elevada en términos reales. Como es natural, este desfase erosiona de manera directa el poder de compra del consumidor de a pie. Un problema que se agrava ante un crecimiento salarial real crónicamente estancado.
A esta pinza sobre los ingresos se suma una crisis sistémica en lo que respecta a la vivienda. Un fenómeno común en la mayor parte de las grandes urbes europeas. El ciclo reciente de endurecimiento monetario y las subidas acumuladas de los tipos de interés ha tensionado severamente el mercado crediticio e hipotecario. El golpe se lo han llevado sobre todo los jóvenes, pero también mucha gente de mediana edad. Al restringir la banca europea la concesión de nuevos préstamos hipotecarios, la demanda se ha visto desplazada de forma masiva hacia un mercado de alquiler ya de por sí saturado, provocando una agudizada escasez de oferta accesible.
Esta ha sido la causa eficiente, no sólo formal, final o material, por hablar en términos aristotélicos. Todo ello no debe hacernos restar importancia al impacto tan negativo que ha tenido el fenómeno de las inversiones puramente especulativas. Operaciones que se habían tolerado -incluso normalizado-, sobre el mercado inmobiliario, y protagonizadas por una pléyade de fondos “buitre” cuya espuria actividad ha sido alimentada incluso por ciertas políticas urbanísticas. Este factor también ha contribuido a dañar y empeorar claramente el acceso a la vivienda y la formación de hogares jóvenes estables en toda Europa, particularmente en el sur.
Como resultado, el esfuerzo financiero que deben realizar los ciudadanos europeos -ya sea como propietarios que soportan cuotas hipotecarias más pesadas o como inquilinos frente a rentas disparadas- supera con mucha frecuencia el umbral prudencial recomendado del 30% de la renta disponible de los hogares.
La contabilidad del Estado y la de las grandes empresas pueden maquillarse, y de hecho lo hacen constantemente. Hay profesionales en el ramo de la auditoría, contabilidad y consultoría corporativa, y también dentro de la función pública, dedicados a esta tarea de la ingeniería fiscal, societaria, financiera y de “contabilidad creativa”. Los telediarios de los grandes medios de comunicación, en su huida hacia delante sirviendo a los poderes públicos y corporativos que los pagan, pueden también eludir la exposición de muchas verdades incómodas pero que explican las relaciones de causalidad de este malestar social creciente.
La soberanía reside en el pueblo. Eso rezan las constituciones modernas y democráticas. Y el “pueblo”, en última instancia, es la calle y no tanto las urnas. Que se lo digan a Macron, que tiene a Francia sublevada. Vivimos en sociedades posmodernizadas, líquidas (quizá “liquidadas”), con muy poco músculo articulado. Vivimos en una sociedad del cansancio, somnolienta y apática, pero el bolsillo de los ciudadanos no miente. Mucha gente sufre continuos problemas para garantizarse una vida digna, para procurarse una supervivencia básica.
Muchas familias apenas llegan a fin de mes y carecen de capacidad de ahorro para afrontar contingencias futuras, incluso teniendo contratos de trabajo fijo. Sobre todo las clases trabajadores urbanas, ese creciente “precariado” que es el más golpeado por las pésimas decisiones no sólo de los gobiernos nacionales, sino también de los eurócratas de Bruselas.
Asimismo, las finanzas públicas europeas se encuentran atrapadas en una suerte de camisa de fuerza que impide a los gobiernos activar redes de seguridad tradicionales. El restablecimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tras unos años de barra libre en el gasto público, está imponiendo compromisos de consolidación fiscal muy estrictos a los Estados miembros.
En economías lastradas por elevados ratios de deuda sobre el PIB, como los casos de Francia e Italia, estas restricciones limitan de forma drástica el margen de maniobra del gasto público, dejando a los gobiernos sin capacidad real para subvencionar servicios esenciales o amortiguar el impacto del coste de la vida sin incurrir en procedimientos por déficit excesivo.
Todo lo anterior se hace más alarmante y lacerante cuando desde ciertas instancias se alimentan narrativas militaristas, como en efecto sucede con el Plan de Rearme de la Comisión Europea, impulsada por presión de la OTAN y Washington, que conduce a incrementar las partidas presupuestarias nacionales destinadas a gasto militar. Esto necesariamente compromete las cuentas de sanidad y educación, a no ser que se haga incrementando la factura fiscal a los contribuyentes y emitiendo más deuda pública, que es lo mismo que trasladar y esconder el coste de otra forma.
Diferencias existentes entre los países europeos
Las manifestaciones de este descontento socioeconómico divergen significativamente a lo largo y ancho del continente. El mapa europeo presenta marcadas asimetrías estructurales. El primer factor determinante reside en la propia arquitectura del mercado inmobiliario. En economías como Francia o Italia, caracterizadas por una alta concentración urbana en régimen de alquiler y una oferta de vivienda pública rígida, la tasa de esfuerzo financiero de los hogares se dispara. Luego nos referiremos al caso particular de España.
Por el contrario, los países del centro y norte de Europa dotados de mercados de alquiler fuertemente regulados o de un parque amplio de vivienda social, caso de Austria o los Países Bajos, consiguen amortiguar de un modo mucho más eficaz el impacto de esta crisis de habitabilidad. No obstante, más allá de estos colchones nacionales, los grandes bastiones demográficos europeos comparten un denominador común marcado por una escasez de oferta y un encarecimiento de la vivienda sumamente agudos.
A esta fisura en la vivienda se suma otro abismo silencioso que es el margen de maniobra fiscal de cada gobierno. No todos los Estados juegan con las mismas cartas. Países arrastrados por una deuda pública desorbitada -con Francia rebasando el 119% del PIB e Italia superando ya el 139%- se ven maniatados por las reglas presupuestarias de Bruselas, obligados a aplicar tijeretazos y ajustes precisamente cuando sus ciudadanos más ayuda necesitan.
¿Volverán los eurócratas a aplicar recetas austericidas? ¿Volverán a usar algunas élites europeas germano-holandesas a insultar a los vecinos del sur llamándonos “cerdos” PIGS? No lo parece, porque el principal enfermo ahora es Francia. En todo caso habría que añadir una F bien grande al acrónimo peyorativo. Pero tampoco la Alemania del canciller Merz está para dar demasiadas lecciones, o casi ninguna.
Ahora bien, algunos socios nórdicos, bálticos o escandinavos, aún guardan en el cajón el músculo financiero necesario para inyectar subsidios y amortiguar el golpe sin miedo a las sanciones por déficit. Esta brecha condiciona de forma radical la capacidad de un Estado para proteger a su gente.
A este escenario hay que añadir el factor salarial. La rapidez con la que las familias logran sacar la cabeza del agua tras la ola inflacionaria depende, en gran medida, de cómo se pactan los sueldos en cada país. Allí donde existen cláusulas de revisión automática y convenios colectivos fuertes, los trabajadores han conseguido amortiguar el impacto y defender su poder de compra con mayor agilidad. Por el contrario, en los países donde la negociación está fragmentada o precarizada, el salario real sigue bajo mínimos.
El resultado es un mapa europeo fragmentado, donde la frustración social no estalla con la misma intensidad ni por las mismas razones en cada rincón del continente. Y es justamente esta disparidad la que alimenta, con argumentos difíciles de obviar, un euroescepticismo cada vez más extendido sobre el propio futuro del proyecto europeo.
El caso español: la vivienda como catalizador del malestar
El caso de España ilustra con especial crudeza la brecha entre la solidez virtual de los grandes agregados macroeconómicos y el deterioro percibido del bienestar ciudadano, que es palmario a poco que se pise la calle, se haga compra diaria y se usen ciertos servicios públicos (transporte, sanidad, educación).
El motor central del malestar social español no es abstracto. El caso “Maricarmen”, por ejemplo, fue una excepcional maniobra de demagogia populista fenomenalmente desplegada por la izquierda mediática para recuperar su discurso y reconectarse con grandes capas sociales abandonadas. Una maniobra que obedece a la corrección de su propia incompetencia tras más en ocho años en el poder. Pero la derecha liberal también ha sido responsable en las autonomías donde gobierna por no haber encauzado el desequilibrio entre los ingresos reales y el coste efectivo de la vida, confiando en soluciones de mercado que no surtieron efecto. El caso de Madrid es paradigmático.
Así pues, una oferta pública de vivienda con un déficit estructural histórico, combinada con el encarecimiento continuado tanto en el mercado de compraventa como en el de arrendamiento, ha empujado la tasa de esfuerzo de los hogares en las zonas urbanas más tensionadas muy por encima del umbral prudencial del 30% de la renta disponible. Este drenaje constante pero también -no lo olvidemos-, trasvase de renta de inquilinos a rentistas, frena la demanda interna restante y anula la capacidad de ahorro de una parte considerable de la población.
El problema de la vivienda en España interactúa además con la inflación persistente de los bienes de primera necesidad y los suministros básicos. Una constante de los últimos años. Aunque la negociación colectiva ha logrado acordar incrementos salariales nominales, estos son absorbidos casi en su totalidad por la cesta de la compra, consolidando una pérdida neta de poder adquisitivo para la mayoría de los trabajadores. Los ciudadanos votan cada cuatro años, pero hacen la compra cada semana. Se les pude mentir mucho en campaña electoral y a través de la publicidad institucional, pero no cuando llenan, o intentan hacerlo, el carrito de la compra.
A ello se suma la configuración del propio mercado de trabajo y de la masiva terciarización de la economía española, que tiene su causa en la desindustrialización a la que nos condujo el ingreso de España en la UE en 1986. Un fenómeno que en España no se ha querido examinar con la autocrítica necesaria y que es la raíz de muchos de los males presentes, como lo fue también la ingenua y temeraria liberalización y privatización de los sectores estratégicos en los años 90 que hemos pagado muy caro.
La última reforma laboral logró estrechar las cifras de temporalidad, pero persisten debilidades estructurales reflejadas en el subempleo, la parcialidad involuntaria y una reducida intensidad de horas trabajadas por empleado.
La macroeconomía española se topa, en síntesis, con la realidad microeconómica. En la jerga de los economistas se afirma que la vivienda opera como un coste fijo sumamente inelástico. Esto quiere decir que cuando la deuda hipotecaria o el pago del alquiler crecen a ritmos superiores al salario nominal, el impacto sobre la renta disponible es inmediato. El encarecimiento de los inmuebles en los grandes polos de dinamismo económico -como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga- genera, como es lógico, una severa rigidez en la movilidad geográfica laboral.
Al articular su crecimiento sobre la terciarización -con el turismo, la hostelería y el ocio como motores principales-, España ha quedado atrapada en un esquema intensivo en mano de obra, pero de bajo valor añadido, que actúa como un freno natural para la productividad. Sin avances reales en lo que produce cada trabajador, las empresas apenas tienen margen para subir los sueldos sin trasladar ese sobrecoste al precio final de sus productos y servicios. El resultado es un círculo vicioso que perpetúa la espiral inflacionaria y condena a los salarios a quedarse siempre un paso por detrás.
En definitiva, la ecuación del clima social tan sombrío que tenemos en Europa, y particularmente en España, se completa con la erosión progresiva de los servicios públicos esenciales, singularmente la sanidad y la educación, y trágicamente ya con las infraestructuras de transporte. La sanidad pública española quedó retratada en la pandemia (80.000 fallecimientos) y la educación con los pésimos resultados de los últimos informes PISA. La alta velocidad con los accidentes de Adamuz y Urda. El modelo energético, con el apagón eléctrico. Y podríamos mencionar asimismo los graves incendios y temporales catastróficos acontecidos en los últimos años, que han puesto de manifiesto recurrentes negligencias de nuestras autoridades, la falta de dotación de recursos esenciales y una persistente descoordinación administrativa.
De hecho, la percepción de un deterioro en las prestaciones de servicios públicos e infraestructuras básicas, ha obligado a numerosos hogares a derivar gasto corriente hacia el sector privado. Crecen la contratación privada de seguros médicos y el gasto educativo complementario. Se privatiza de facto el consumo básico, encareciendo aún más el coste de vida y reduciendo a mínimos el colchón financiero de las familias.
Por eso apelamos desde esta tribuna a mirar más allá de los disturbios y acampadas. Más allá de la demagogia y del populismo, y de la inflamación vandálica que sacude Europa. Los gobiernos europeos, pero también los eurócratas, deben empezar a reconocer que el verdadero termómetro de la economía no reside en la complacencia de sus cuadros macroeconómicos, sino en la microeconomía.
Mientras perdure la asfixia cotidiana del ciudadano de a pie, el malestar social seguirá latente, alimentando un ciclo de desafección popular que ninguna estadística oficial podrá maquillar.
