El reciente apagón que sumió en la oscuridad a miles de hogares y negocios, sumado a los ya demasiado frecuentes cortes e incidencias en la red de ferrocarril semana tras semana –dejando a miles de pasajeros varados durante horas al albur de una megafonía que desinforma –, actúan como un crudo recordatorio de una verdad incómoda: la DESINVERSIÓN crónica en servicios públicos esenciales está dejando una huella palpable en la vida diaria de los ciudadanos.
No es un problema aislado de España; ecos de esta misma fragilidad de los servicios públicos resuenan en Alemania, donde la puntualidad legendaria de sus trenes se ha visto erosionada por la falta de inversión y la obsolescencia de la infraestructura, y en otros países europeos que antaño presumían de redes robustas. ¿Por qué se ha permitido este deterioro? ¿Por qué la promesa del cambio tecnológico y sostenible parece esquivar las necesidades más básicas de la ciudadanía o se está errando en ese nuevo modelo? Durante años, hemos escuchado el mantra de la modernización y la transformación digital como la panacea para todos los males. Se nos ha vendido un futuro brillante impulsado por la innovación y la tecnología de vanguardia.
Sin embargo, la realidad tozuda nos devuelve a la casilla de salida cuando un fallo eléctrico paraliza un país entero, y lo que es peor pasan los días sin saber que ha sucedido o una avería en la red ferroviaria aísla comunidades enteras, generando pérdidas económicas significativas para empresas y ciudadanos. ¿Dónde queda ese relato tecnológico cuando las infraestructuras fundamentales claman por ver que el papel del Estado, en su diferentes niveles políticos, recupera su capacidad inversora y de innovación, única forma de no perder la mirada del futuro. No hace mucho la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), afirmaba que la inversión en obra pública ha experimentado una caída acumulada de más del 30% entre 2010 y 2020?
La llegada de los fondos Next Generation EU se presentó como una oportunidad histórica para impulsar esa modernización tan ansiada. Un torrente de recursos destinados, en teoría, recuerden que se anunció como al que le toca la lotería, como un antes y un después de una recuperación económica tras la pandemia y que ahora, si o si, sería verde y digital. El marchamo de la identidad europea. Pero, ¿están estos fondos realmente irrigando las arterias vitales de nuestros servicios públicos esenciales? ¿No será para nada que tenga que ver la movilidad ferroviaria y con la energía? Las preguntas empiezan a resonar con fuerza ante la persistencia de los problemas. ¿Qué dirá el CIS cuando a los encuestados se le pregunte por sus inquietudes con las cuestiones relacionadas con las infraestructuras y los transportes públicos? Que sorpresa nos deparara cuando nos informen, “suficientemente”, sobre el uso de los fondos europeos, y cuando veremos su impacto real. ¿Se están a parcheando agujeros o a construyendo una base sólida para el futuro? La transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de estos fondos son más cruciales que nunca en este momento. Recordemos que los fondos europeos de los años 80 permitieron construir la España de la que durante tanto tiempo nos hemos sentido orgullosos. No podemos permitir ahora que esta oportunidad se desvanezca en proyectos superficiales o en relatos grandilocuentes sin un impacto real en la calidad de vida de los españoles.
Ya no es ni gracioso, ni política la contienda sin cuartel, donde la crítica destructiva y la espera del error ajeno para asestar el golpe parecen priorizarse sobre la búsqueda de soluciones conjuntas. Se comportan como navajeros en la sombra, cada bando acecha al adversario, listo para seccionar la yugular, ya sea un apagón, un corte de tren, la de no me dejas los soldaditos para jugar con ellos o yo no voto en el Parlamento porque no me sale de mis reales. Todo vale como munición en nuestra guerra de siempre. Este bloquismo estéril dificulta aún más la necesaria visión a largo plazo y el consenso para abordar desafíos cruciales como la inversión en infraestructuras y en la gestión de lo público.
En este contexto, la investigación y el desarrollo se erigen como pilares fundamentales para una verdadera transformación. Y aquí es donde las universidades, como centros de conocimiento y generación de ideas, deberían jugar un papel protagonista. ¿No es acaso su misión natural la de colaborar con el sector público y privado para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos? La colaboración público-privada en I+D no debería ser una excepción, sino una norma, especialmente en áreas tan críticas como la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la gestión de infraestructuras.
Las universidades atesoran el talento y el conocimiento necesario para impulsar un cambio tecnológico con un impacto real y duradero. Sin embargo, a menudo se lamenta la falta de inversión sostenida en investigación y la burocracia que dificulta la transferencia de conocimiento entre la academia y la empresa. ¿No tendrá que ver con seguir discutiendo que si públicas que si privadas?
No se trata de demonizar el progreso tecnológico, sino de exigir que este se ponga al servicio de las necesidades fundamentales de la sociedad. La inteligencia artificial, el internet de las cosas y otras innovaciones pueden y deben ser herramientas para mejorar la eficiencia y la resiliencia de nuestros servicios públicos. Pero esto requiere una inversión estratégica y sostenida, una visión a largo plazo que trascienda los ciclos políticos y una colaboración efectiva entre todos los actores implicados.
Es hora de dejar de lado el mero relato del cambio tecnológico y de poner el foco en la acción. La revitalización de nuestros servicios públicos esenciales, comenzando por una inversión decidida en la mejora y modernización de la red de ferrocarril – donde en 2024 se registraron más de 3.500 incidencias con retrasos superiores a 15 minutos, según datos de Adif –, no es solo una necesidad urgente, sino una condición sine qua non para construir un futuro próspero y equitativo. Además el mismo ente publico reconoció a principios de año el notable descenso que se había producido en las inversiones.
Los ciudadanos merecen una movilidad fiable, una energía estable y unos servicios públicos, empezando por los sanitarios y los educativos desde la enseñanza infantil a los universitarios y a la formación profesional, a la altura de un país desarrollado en el siglo XXI. La pregunta es si nuestros líderes están a la altura del desafío o si seguiremos transitando por unas vías muertas que nos alejan cada vez más de ese futuro prometido, mientras la crispación política consume el oxígeno necesario para construir soluciones reales.
¿España no estará necesitada de invertir urgentemente en liderazgo político y gerencial?
