El jueves 20 de marzo volví a acudir como público a la Asamblea de Madrid, con ocasión de una PNL (Proposición no de Ley) que presentaba el grupo parlamentario socialista sobre las universidades madrileñas. Esta costumbre de frecuentar la Asamblea empieza a ser peligrosa para mi equilibrio mental por tener que presenciar en directo durante algunas horas las diatribas que allí se desatan y que, por fortuna, nos sirven resumidas los telediarios. Compadezco a los señores y señoras diputados que tienen que vivir estas escenas cada jueves.
Al igual que Vargas Llosa en «Conversación en la catedral» se preguntaba “¿En qué momento se jodió el Perú?”, yo me pregunto: ¿En qué momento se jodió la conversación política? Creo recordar que, durante los primeros años de la Transición, las cosas no eran tan hostiles como lo son actualmente. Hoy, cada partido va allí a soltar su discurso previamente enlatado y nadie tiene interés en escuchar o en interaccionar con lo que dicen los demás. Los discursos se fabrican, en realidad, para la galería, esto es, para ser difundidos inmediatamente en las redes sociales. Los protagonistas los exhiben orgullosos a sus seguidores, como diciéndoles “mirad lo que les he soltado hoy”.
Además, cada partido tiene una idea preconcebida de lo que son los otros y no está dispuesto a aceptar un ápice de razón en lo que dicen sus adversarios. Por ejemplo, el PP abunda constantemente en la idea de que la izquierda es una ruina para el país y que solo pretende repartir la pobreza y esquilmar a los emprendedores. Por su parte, la izquierda incide constantemente en que el PP solo gobierna para los ricos y para dar pelotazos de vez en cuando a costa de lo público. No soy tan ingenuo como para negar que una parte de esos modelos puede ajustarse a la realidad, pero repetirlos continuamente impide todo acercamiento y alcanzar el más mínimo consenso sobre cualquier tema.
Otra característica de estos monólogos es que están plagados de falsedades. Nadie se las cree, pero da lo mismo, se repiten sin ningún pudor porque en realidad están pensadas para las redes. Por ejemplo, en una pregunta de Vox al gobierno regional sobre los menores inmigrantes que van a venir a Madrid como consecuencia del nuevo decreto aprobado por el gobierno nacional, su portavoz se refirió a ellos como “oleadas de criminales que nos están mandando desde Marruecos” y afirmó que solo deseaba “que mis hijos puedan caminar tranquilos por la calle”. El objetivo de estas afirmaciones no es convencer al gobierno de nada, sino alimentar en sus redes el odio al inmigrante, aunque estos sean solo unos menores que necesitan protección por ley.
Los llamados “protocolos de la vergüenza”, que impidieron recibir asistencia médica durante la pandemia a 7.291 ancianos que como consecuencia fallecieron en sus residencias, estuvieron presentes en varios momentos de la sesión. Esos protocolos fueron exhibidos por la prensa y su firmante, el alto cargo Carlos Mur, reconoció en una comisión de investigación haberlos firmado. Pues bien, a pesar de ello la presidenta Ayuso negó su existencia en varias ocasiones.
La tercera cualidad de estos monólogos es constatar que los parlamentarios han abandonado las más elementales normas de respeto. Así, un diputado de Más Madrid se refirió a una interviniente de Vox como “nazi” y, otro del PP, no vaciló en referirse al Gobierno de España como “banda criminal”. No en esta sesión, pero sí en una municipal, una conocida concejala socialista se refirió recientemente al gobierno de Ayuso como “asesinos”, en relación con los ancianos fallecidos en las residencias. Es evidente que este nivel de interlocución hace muy difícil negociar cualquier tipo de acuerdo. La rutina asentada es que mayoría que gobierna impone sus decisiones a los demás en todos los temas, mientras que la izquierda aspira a alcanzar algún día la mayoría para hacer lo propio. Ningún punto de entendimiento parece posible.
La discusión de la PNL referida más arriba, exhibió casi todos los vicios enumerados. El Partido Socialista proponía en ella una moratoria para la aprobación de nuevas universidades privadas en Madrid y que se sometiera a evaluación la calidad de las existentes. También, que se aumentara la financiación de las públicas, que ha disminuido en términos reales desde que gobierna la señora Ayuso.
La intervención de Vox merece ser resaltada, tan solo para evidenciar que este partido vive en un universo paralelo que nada tiene que ver con el nuestro. Según su portavoz, la izquierda ha “asaltado” las universidades públicas, desde donde “fomentan el pensamiento único” y “cercenan la libertad de expresión”. Y ahora —según sus palabras— pretende también asaltar la universidad privada. Adicionalmente, le pareció grave acusar a esta última de falta de calidad.
La intervención del diputado del PP, Sergio Brabezo, trató de contradecir —tildándolas de falsas— las acusaciones de la izquierda. Para ello, decidió oponer una falacia a cada afirmación de aquella. Por ejemplo, para negar que la universidad pública esté acorralada por su gobierno, adujo que esta ofrece muchos más títulos que las privadas, algo que no desmiente en absoluto la acusación de asfixia. La explicación es simplemente que las públicas atienden a todas las ramas del saber mientras que las privadas solo atienden aquellas que ofrecen rentabilidad.
Para negar la evidencia de que Madrid es la comunidad que peor financia a sus universidades, recurrió a comparar valores absolutos. Hasta un colegial es capaz de entender la diferencia entre financiación absoluta y financiación por estudiante que es el parámetro obvio para poder comparar magnitudes absolutas distintas.
También negó que la oferta de titulaciones privadas en Madrid esté saturada, tal como afirma su propia agencia de evaluación MadrI+D. El “argumento” definitivo del señor Brabezo para desmentirlo fue que Lisboa y Austria tienen más universidades privadas que Madrid, sin hacer referencia al número de estudiantes que atienden.
El cinismo de este diputado alcanzó su máximo cuando afirmó que las universidades privadas de Madrid tienen buena calidad porque están sometidas a las mismas evaluaciones que las públicas. Olvidó decir que muchas de ellas se han aprobado con informes negativos de MadrI+D y de la Conferencia General de Política Universitaria y que dichos informes no son vinculantes. Una cosa es la evaluación y otra distinta que la comunidad de Madrid haya actuado en consecuencia con ella.
En definitiva, el Gobierno del PP de Madrid —en este y en el resto de los temas tratados— ha tomado sus decisiones, no está dispuesto a consensuarlas —ni siquiera en aspectos parciales— con nadie y sus discursos tan solo pretenden salvar la cara ante la opinión pública. A Vox solo le interesa la actividad parlamentaria como altavoz para sus discursos tóxicos y a la izquierda a veces le puede la impotencia y pierde las buenas formas. No debería ser excusa para ello que la presidenta Ayuso las pierda continuamente, si es que alguna vez las tuvo. El resultado final es que los ciudadanos harían bien en no acercarse, en directo o en diferido, al mal espectáculo ofrecido por la Asamblea de Madrid: su desafección hacia la política podría dispararse exponencialmente.
