En un Mundo globalizado en el que están impactando de una manera tan importante la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial, el cambio climático y la urgente transición ecológica, el reto demográfico (envejecimiento de la población y baja natalidad) y las múltiples diferencias territoriales (zonas muy pobladas y otras con una despoblación cada vez mayor)… se están produciendo grandes desigualdades a las que hay buscar solución.
Van a desaparecer puestos de trabajo, pero también se crean otros nuevos. Por ello hay que apostar por una formación permanente a lo largo de la vida de las personas y por una redistribución del tiempo de trabajo y de la riqueza para evitar la exclusión social y económica y, por derivación, la pobreza de amplias capas de la población.
En estos momentos los jóvenes tienen dificultades para mantener un trabajo estable y adecuadamente retribuido y el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un objetivo casi imposible. Esto hace que miren con recelo a generaciones anteriores que pudieron ir mejorando con el paso del tiempo su situación socio-económica. Se está generando una gran frustración en sus expectativas de mejora. Incluso algunos cuestionan el actual Sistema Público de Pensiones y su futuro para el que es fundamental el que se mantenga la solidaridad intergeneracional. Y otros van más allá y están comenzando también a aceptar tesis políticas de rechazo a la democracia.
El pacto social es imprescindible para garantizar la cohesión y la paz social y la estabilidad política. Hay que intentar evitar con medidas adecuadas y con mucha pedagogía que fuerzas antidemocráticas cuestionen el sistema ofreciendo soluciones fáciles o a veces descabelladas e ilegales a problemas muy complejos.
Con estas preocupaciones en mente, la Agrupación Europeísta “cuidar el futuro” del Ateneo de Madrid organizó la primavera pasada un debate sobre el tema, del que se recogen a continuación algunas de las ideas expresadas por las personas que intervinieron[1].
Moderados por Magdalena Valerio, intervenían Antón Costas (presidente del Consejo Social), Mercè Perea (presidenta del pacto de Toledo) y Elisa Chuliá (profesora de sociología de la UNED).
¿Qué hace funcionar armoniosamente una sociedad? Una primera opción podría ser ampararse en un dictador, optando por la seguridad a cambio de la libertad. Pero hay otra opción mejor: un contrato social, bilateral en derechos y deberes. Tenemos la exitosa experiencia del contrato socialdemócrata que propició los 30 años gloriosos del pasado siglo de crecimiento del bienestar y reducción de desigualdades.
El presidente norteamericano Roosevelt enunció cuatro libertades fundamentales: libertad de pensamiento y de creencias, pero también libertad de vivir sin miseria y de vivir sin miedo.
Ello es posible en una economía de mercado solo con la presencia de un Estado fuerte que garantice la redistribución y los servicios públicos básicos: Especialmente educación, sanidad, desempleo, pensiones… las patas básicas tradicionales del Estado de bienestar.
Las crisis de este siglo obligan a revisar, actualizar y renovar un pacto social que parece haber desaparecido. El ascensor social, la esperanza de los jóvenes en un futuro mejor, se ha averiado gravemente. Esa situación puede explicar por qué hay malhumor y por qué aparece esa tentación de vuelta a los totalitarismos.
¿Qué se ha estropeado? El deterioro comienza cuando a partir de los ochenta del pasado siglo se debilitan de forma progresiva las políticas sociales. Las consecuencias afectan sobre todo a las clases medias que cumplen un papel esencial como factor sostenedor del equilibrio social.
En 2008 cae definitivamente el engaño. Comienza a crecer el voto a partidos populistas, a propagarse la tentación de confianza en promesas de soluciones fáciles ante la desconfianza en las (no) soluciones tradicionales.
¿Cuál puede ser el nuevo pegamento? Mejorar el empleo de las clases medias en estabilidad y calidad. No es solo la distribución sino más aún la pre-distribución. La lucha contra pobreza infantil es absolutamente prioritaria porque marca el futuro. Mejorar la productividad a través de instrumentos como la formación profesional dual y la formación a lo largo de la vida.
La vivienda se ha convertido en la prioridad fundamental en la política social. Es un factor clave para explicar el retraso en la emancipación juvenil. Que no es solo un factor relevante de frustración, sino que afecta también a la desigualdad en la riqueza, a las tasas de natalidad y a la productividad: hay una potente correlación en los países donde antes se observa la emancipación con la mayor innovación.
Probablemente hoy, el primer factor necesario de renovación del pacto social es un gran pacto sobre el acceso a la vivienda.
El pacto de Toledo es un prototipo de gran pacto social. En la crisis financiera las pensiones han funcionado como sostén de muchas familias. El sistema funciona como pacto interterritorial a través de la caja única y como pacto intergeneracional a través del sistema contributivo de reparto en el que los activos de cada generación sostienen las pensiones de la generación precedente.
Algunos datos y algunos discursos favorecen las dudas de si los jóvenes actuales cobrarán su pensión, contribuyendo al sentimiento de frustración y desesperanza.
Es cierto que la mayor longevidad implica un incremento paulatino del gasto global en pensiones. Y que el sistema español se encuentra entre los más generosos del entorno europeo. Frente a los dos tercios de la población que creen que reciben menos de lo cotizado, lo cierto es que las prestaciones suponen una tasa de rendimiento superior al PIB. También la tasa de reemplazo en relación el salario (en torno al 80%) es de las más altas de Europa.
El descenso de natalidad favorece los malos augurios porque parece ponerse en peligro la pirámide poblacional y el crecimiento del empleo que garantice las cotizaciones suficientes. Se plantea así el posible coste de oportunidad de un sistema que, desde este temor, se califica de excesivamente generoso
Pero no es menos cierto, por un lado, que esas cifras avisarían de una mayor tensión financiera, pero no permiten hablar de una posible quiebra del sistema. De hecho, el porcentaje del PIB dedicado en España a las pensiones sigue siendo inferior al que representa en grandes países del entorno. Y conviene resaltar que un sistema de capitalización (como los de los fondos privados de pensiones) es mucho más frágil que el de solidaridad intergeneracional.
Por otra parte, el observado crecimiento de la población inmigrante está compensando el denominado infierno demográfico europeo, repoblando alguna de las zonas deshabitadas y sosteniendo el crecimiento económico. Por ello, al margen de otras muchas razones, resulta especialmente fuera de lugar el discurso anti inmigratorio. Por ello, el necesario nuevo pacto social ha de incluir un pacto sobre este fenómeno.
Estado de bienestar, vivienda, pensiones e inmigración: cuatro patas del gran pacto social que España necesita y que deberían conseguirse entre aquellos partidos e instituciones que quieran mostrar que tienen sentido de Estado y un interés real en el bienestar ciudadano.
Un deseable objetivo para el nuevo curso.
[1] Por supuesto, las ideas aquí contenidas son, aunque deudoras en buena parte de lo escuchado en el debate, exclusiva responsabilidad del firmante de este artículo.
Juan A. Gimeno
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