UNA POLÍTICA EUROPEA COMÚN.
El debate sobre los incendios forestales suele desembocar en la misma solución retórica: un gran pacto político. El pacto puede ser útil para garantizar continuidad presupuestaria,SI HUBIERA PRESUPUETOS. coordinación institucional y unos mínimos comunes. Pero sería un error confundir el acuerdo con la política, la fotografía con la obra y la declaración solemne con la transformación del territorio.
España no necesita solamente un pacto contra los incendios. Necesita cambiar su modelo forestal, hidráulico, energético, científico, territorial y operativo. Necesita invertir de manera sostenida durante décadas y dejar de actuar como si el problema comenzara el día en que aparece la primera columna de humo.
La propia doctrina técnica del Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que las políticas centradas casi exclusivamente en la extinción deben ser complementadas por otras políticas proactivas, basadas en la gestión del paisaje rural, la prevención y la adaptación al cambio climático. La Comisión Europea ha asumido el mismo principio: el riesgo debe gestionarse durante todo el ciclo —prevención, preparación, respuesta y recuperación— y mediante políticas agrícolas, forestales, hidráulicas, industriales, científicas, educativas y de protección civil.
Un paisaje que no alimente al incendio
El primer cambio debe producirse en el territorio. Una parte considerable del monte español ha perdido los usos tradicionales que durante siglos fragmentaron el paisaje: agricultura de montaña, pastoreo extensivo, aprovechamiento de leñas, recogida de restos, pequeñas explotaciones forestales y mantenimiento de caminos. El abandono rural ha dejado grandes extensiones continuas de vegetación en las que el fuego encuentra alimento, continuidad y velocidad.
No se trata de “limpiar el monte” de forma indiscriminada, como si un bosque saludable debiera parecer un jardín urbano. La madera muerta, la hojarasca y el matorral también cumplen funciones ecológicas. Se trata de gestionar selectivamente la carga y la continuidad del combustible allí donde el análisis científico del riesgo lo aconseje.
Hay que construir paisajes en mosaico: zonas forestales manejadas, cultivos, pastizales, áreas aclaradas, corredores ganaderos, masas de especies diferentes y espacios estratégicos de baja combustibilidad. Los cortafuegos tradicionales, concebidos como líneas aisladas, resultan insuficientes ante incendios extremos capaces de proyectar pavesas a centenares de metros. Deben evolucionar hacia áreas amplias de gestión estratégica del combustible, diseñadas según la topografía, los vientos dominantes, las posibles carreras del fuego, la ubicación de los pueblos y las vías de evacuación.
La Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 identifica como actuaciones fundamentales la gestión forestal, el mantenimiento de la agricultura y la ganadería tradicionales, el pastoreo extensivo y el aprovechamiento de la biomasa. La política europea más reciente también reclama paisajes diversos, selvicultura sostenible, ganadería extensiva y quemas prescritas para reducir la acumulación y continuidad de la vegetación inflamable.
Las quemas prescritas, ejecutadas por profesionales dentro de ventanas meteorológicas muy precisas, deben dejar de ser una excepcionalidad. No son incendios improvisados, sino operaciones técnicas que requieren planificación, humedad adecuada del combustible, control del viento, medios humanos, puntos de agua, planes de contingencia y evaluación posterior. El propio Comité de Lucha contra Incendios Forestales dispone de recomendaciones detalladas para autorizarlas, ejecutarlas y supervisarlas. (MITECO)
Una red hidráulica para la defensa del territorio
El agua no puede buscarse cuando el incendio ya está declarado. España necesita una red estratégica de abastecimiento para emergencias forestales: balsas, depósitos cerrados, aljibes, hidrantes, tomas para autobombas y puntos de carga para helicópteros, distribuidos de acuerdo con mapas de riesgo y tiempos operativos.
Estas instalaciones deben estar georreferenciadas, monitorizadas y conectadas a los centros de coordinación. Hay que conocer en tiempo real su volumen disponible, accesibilidad, calidad del acceso, capacidad de recarga y compatibilidad con los diferentes vehículos y aeronaves. Un depósito vacío, una balsa colmatada o un hidrante sin presión son infraestructuras ficticias.
La red podría aprovechar, con las garantías ambientales y sanitarias necesarias, agua regenerada, excedentes estacionales, antiguos depósitos agrícolas, pequeñas presas, canteras restauradas y sistemas de captación de lluvia. Deberían priorizarse las áreas de interfaz urbano-forestal, los espacios alejados de cauces permanentes y las zonas donde la sequía reduce drásticamente la disponibilidad de agua durante el verano.
No es una propuesta extravagante. El MITECO incluye la provisión de puntos de agua entre sus actuaciones preventivas, el dispositivo INFOCA dispone de una red de balsas y puntos de carga, y las guías técnicas advierten de que el agua debe permanecer disponible durante toda la campaña, precisamente en los momentos de mayor demanda. (MITECO)
Pero las balsas no bastan. Hace falta mantener pistas forestales, apartaderos, puentes, helisuperficies, bases logísticas, repetidores de comunicaciones y zonas seguras para los equipos. No se trata de llenar el monte de carreteras, sino de garantizar accesos planificados, ambientalmente evaluados y operativamente utilizables. La Estrategia Forestal Española reclama inventariar y mantener adecuadamente los accesos, y los manuales de dirección técnica consideran puntos de agua, caminos, vigilancia y áreas de defensa como infraestructuras esenciales para la extinción.
Convertir el combustible forestal en un recurso
El monte contiene una enorme cantidad de biomasa que, en determinadas zonas, actúa como combustible disponible. Extraer parte de ella mediante clareos, podas, desbroces y tratamientos selvícolas puede reducir el riesgo, pero esta operación tiene un coste elevado. Si los restos carecen de valor económico, la prevención termina dependiendo exclusivamente de presupuestos públicos insuficientes o discontinuos.
Por eso hace falta crear una economía de la prevención. La biomasa procedente de los tratamientos forestales puede transformarse, según su calidad, en madera industrial, tableros, materiales aislantes, fibras, astillas, pellets, briquetas, calor para redes municipales, biocarbón, productos químicos renovables o combustibles avanzados. Proyectos europeos ya están ensayando biorrefinerías mediterráneas basadas en torrefacción y pirólisis para obtener combustibles y productos de mayor valor añadido. (webgate.ec.europa.eu)
Conviene, sin embargo, precisar la terminología. La madera forestal no se convierte directamente en biodiésel convencional, que suele producirse a partir de aceites y grasas. Los residuos lignocelulósicos pueden transformarse mediante procesos termoquímicos o bioquímicos en biocombustibles líquidos avanzados, bioaceites, combustibles sintéticos, gases renovables o productos intermedios para la industria química. Prometer simplemente “biodiésel del monte” resultaría técnicamente impreciso.
Tampoco toda extracción de biomasa es automáticamente sostenible. Deben conservarse nutrientes, suelos, hábitats, madera muerta necesaria y reservas de carbono. La Unión Europea exige criterios de sostenibilidad para las materias primas forestales y recomienda priorizar residuos y subproductos, minimizando el uso energético de árboles completos. (Joint Research Centre)
La solución sería impulsar plantas pequeñas y medianas, próximas a las zonas de suministro, evitando que el coste y las emisiones del transporte anulen la operación. Hospitales, colegios, residencias, edificios públicos y polígonos industriales rurales podrían utilizar redes térmicas alimentadas con biomasa certificada procedente de tratamientos preventivos. Los contratos públicos de suministro a largo plazo darían estabilidad a las empresas y permitirían financiar maquinaria, centros de acopio y empleo permanente.
La prioridad debe seguir una utilización en cascada: primero los productos materiales de mayor duración y valor; después, la reutilización y el reciclaje; finalmente, la valorización energética de lo que no tenga mejor destino. El objetivo no es quemar más madera, sino conseguir que la gestión preventiva genere actividad económica suficiente para mantenerse en el tiempo.
Una agencia pública interautonómica, no otro comité
España ya dispone del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, del Centro de Coordinación de la Información Nacional, de dispositivos estatales y de diecisiete modelos autonómicos. Las comunidades autónomas gestionan el grueso de los incendios y el Estado aporta coordinación, información y medios de refuerzo. En 2026 se aprobaron nuevas reglas comunes sobre unidades de extinción, medios aéreos, comunicaciones, cartografía y seguridad. (BOE)
Por tanto, no tendría sentido crear otro organismo dedicado a intercambiar documentos. Hace falta una Agencia o Consorcio Público Interautonómico de Resiliencia Forestal, participado por el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los municipios, las universidades y los centros científicos.
Su misión principal no sería dirigir desde Madrid cada incendio, sino integrar la prevención estructural: elaborar mapas comunes de combustible y vulnerabilidad; financiar infraestructuras compartidas; homologar tecnologías; coordinar compras estratégicas; mantener una plataforma nacional de datos; impulsar proyectos de biomasa; evaluar las actuaciones autonómicas; gestionar un fondo plurianual y garantizar que la inversión no dependa del dramatismo informativo de cada verano.
La nueva Directriz Básica de Protección Civil de abril de 2026 mejora la homogeneidad de los planes, los análisis de riesgo, las alertas y la coordinación. Sin embargo, contiene una frase reveladora: su aplicación no supondrá incremento de dotaciones, retribuciones ni otros gastos de personal. Ese es precisamente el límite de los pactos administrativos. Se puede coordinar mejor la escasez, pero no convertirla en capacidad real sin recursos nuevos. (BOE)
La agencia debería administrar un programa de inversiones a diez o quince años, evaluado por objetivos medibles: hectáreas gestionadas estratégicamente, pueblos con planes de autoprotección, puntos de agua operativos, kilómetros de accesos mantenidos, biomasa valorizada, tiempos de detección, personal estable, simulacros realizados y reducción de la vulnerabilidad.
Profesionales permanentes y voluntarios preparados
No se puede combatir una amenaza permanente con empleos estacionales y plantillas que se forman, contratan y disuelven al ritmo del verano. Los equipos forestales deben trabajar todo el año. Durante el otoño, invierno y primavera realizarían tratamientos selvícolas, quemas prescritas, mantenimiento de infraestructuras, formación, simulacros y educación comunitaria. En verano pasarían a la máxima disponibilidad operativa.
A esa profesionalización pueden sumarse equipos de voluntariado permanente, pero con una separación estricta de funciones. El voluntario no preparado no debe enfrentarse al frente de llama. Puede colaborar en vigilancia, información, logística, comunicaciones, atención a evacuados, protección de animales, apoyo municipal y mantenimiento preventivo. La participación en emergencias debe realizarse mediante convenios, formación, acreditación, seguros, mando definido y respeto al principio de especialidad funcional, como establece la actual planificación de protección civil. (BOE)
Cada comarca de riesgo debería contar con agrupaciones formadas, equipadas y sometidas a ejercicios periódicos. La improvisación solidaria resulta conmovedora, pero en una emergencia compleja puede aumentar el peligro.
Ciencia, innovación y formación
La lucha contra el fuego debe convertirse en una política de conocimiento. Hay que crear cátedras interuniversitarias sobre incendios extremos, comportamiento del fuego, hidrología, restauración, ordenación territorial, biomasa, salud pública y gestión de emergencias. No como adornos académicos, sino vinculadas a los servicios operativos, las empresas y los municipios.
España debería disponer de campos permanentes de experimentación, laboratorios de fuego, programas de doctorado industrial y centros de certificación de tecnologías. Drones nocturnos, cámaras térmicas, sensores terrestres, inteligencia artificial para detección de humo, cartografía LiDAR, satélites, predicciones de propagación y sistemas de posicionamiento de brigadas deben incorporarse mediante procedimientos comunes y después de comprobar su utilidad real. La Unión Europea ya trabaja en evaluaciones armonizadas del riesgo, aplicaciones ciudadanas para cartografiar combustibles y proyectos de investigación sobre incendios extremos. (Joint Research Centre)
La tecnología no sustituirá al conocimiento del territorio ni al profesional forestal. Pero puede detectar antes, prever mejor, utilizar los recursos con mayor seguridad y reducir el tiempo durante el cual un conato puede convertirse en un incendio incontrolable.
Una política de seguridad nacional y reconstrucción rural
Los incendios ya no son únicamente un problema forestal. Afectan a poblaciones, carreteras, redes eléctricas, telecomunicaciones, abastecimiento de agua, patrimonio histórico, agricultura, turismo y salud pública. Son una cuestión de seguridad nacional, adaptación climática, cohesión territorial y política de defensa civil.
La respuesta, por tanto, debe movilizar presupuestos ambientales, agrícolas, hidráulicos, energéticos, científicos, industriales, de protección civil y de desarrollo rural. Una parte del dinero empleado en reparar los daños debe trasladarse a reducirlos antes de que se produzcan.
El verdadero pacto no consiste en reunir a los partidos para que firmen una declaración. Consiste en comprometer inversiones plurianuales, aceptar evaluaciones independientes, profesionalizar los equipos, recuperar el territorio abandonado, construir infraestructuras y sostener una economía forestal compatible con la biodiversidad.
El fuego no se apaga solamente con agua. También se apaga con caminos mantenidos, montes gestionados, rebaños, ciencia, empleo rural, balsas operativas, empresas innovadoras, administraciones coordinadas y ciudadanos preparados.
Y todo eso debería haber estado construido mucho antes de que lleguara el verano.
