En mi anterior trabajo sobre este candente tema, (leer más abajo), utilicé los datos conocidos en ese momento que, en esencia, eran una presentación de transparencias publicada por los servicios de prensa de la Moncloa (ver aquí). El resto de datos y cálculos se basaban en suponer que la recaudación tributaria de cada comunidad autónoma (CA) es estrictamente proporcional al PIB per cápita de la misma, lo cual no es exacto del todo. Amplío mis reflexiones a partir de los datos más precisos publicados por El País (15/01/26) y los de un informe de la fundación del Banco de España FEDEA (ver aquí).
Mis comentarios sobre el habitante ajustado (HA) como unidad de coste y la corresponsabilidad fiscal de las CC.AA, siguen siendo válidos y no insistiré en ello. En cuanto al reparto de la cesta de tributos recaudados al 75-25 —es decir, el 75% repartido de forma igualitaria entre todas las comunidades según HA y el 25% restante no repartido—, se trata de una decisión que ya estaba en el modelo de 2009 y que conduce inevitablemente a mantener la ordinalidad, es decir, a que quien más recaude más reciba. Bien es cierto que, de una brecha de 1 a 2 en la recaudación por HA, se pasa a una de 1 a 1,20 en la financiación. La nivelación vertical de 19.000 M€ (millones de euros) adicionales inyectados por la administración central supuestamente debía reducir esa brecha en dos tercios de forma que la brecha final fuera de 1 a 1,07. Pero, en realidad, la distribución de esos fondos se hace de tal manera que la brecha queda esencialmente igual: de 1 a 1,19. Eso sí, la ordinalidad se rompe misteriosamente y unas comunidades suben y otras bajan en el ranking, sin que se haya dado una explicación suficiente de por qué eso es así.
Casi todas las discrepancias públicas manifestadas contra el modelo inciden en que unas comunidades reciben más financiación por HA que otras, aunque esas diferencias estén en un rango relativamente pequeño. Si esa esa la fuente de disputa, entonces debería repartirse el 100% de la recaudación y los fondos adicionales estrictamente por número de HA y todas recibirían lo mismo. Y, si el problema es que la brecha de un 20% entre la CA que más recibe y la que menos parece excesiva, entonces debería aplicarse la nivelación vertical para reducir esa brecha al mínimo posible: se mantendría la ordinalidad, pero todas las CC.AA estarían entre un -5% y un +5% de la media. Incluso se podría debatir una nivelación vertical que invirtiera la ordinalidad, es decir, que recibiera más financiación la CA que menos recauda. La justificación podría ser ayudar a las comunidades más pobres a converger más rápidamente con las más ricas.
Lo que no tiene una explicación lógica es hacer una nivelación horizontal 75-25 que conduce a preservar la ordinalidad y destruirla después haciendo que unas CC.AA. suban y otras bajen de forma aparentemente arbitraria. He comparado el orden de recaudación por HA que da FEDEA y el orden de financiación por HA que da El País y he encontrado las siguientes anomalías:
Canarias es la 15 en recaudación y la 2 en financiación. Seguramente, la anomalía se debe a su régimen económico fiscal especial por su ultrainsularidad, pero eso debería explicarse. Ello hace que 13 CC.AA —todas excepto Baleares— bajen un puesto en el ranking. Baleares, por su parte, recibe 450 € adicionales por HA y pasa del 2 al 1. Eso requiere una explicación, porque recibiendo algo menos se mantendría en el puesto 2.
Cantabria, Rioja, Extremadura y Castilla León, suben todas ellas a puestos superiores —respectivamente al 4, 6, 7 y 9— aunque no reciben ni un euro más por HA con respecto al modelo actual. Ello tiene una justificación: en el modelo vigente estaban muy por encima de lo que les correspondería por recaudación, pero el nuevo modelo pretende que ninguna CA reciba menos fondos que los que recibe ahora.
Madrid pasa del 1 al 5 a pesar de recibir 409 € adicionales por HA. Dos puestos los pierde porque la adelantan Canarias y Cantabria según las explicaciones precedentes. Pero, los otros dos, ¿por qué?
Cataluña se mantiene en el puesto 3, pero si no contamos Canarias, en realidad pasa del 3 al 2. ¿Por qué?
Valencia pasa del 5 al 8 pero, si se tiene en cuenta que la han adelantado Canarias, Extremadura y Rioja por las razones ya dichas, en realidad mantiene su posición.
Con esas mismas consideraciones, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha ganan uno o dos puestos y Asturias pierde uno. De nuevo, sin explicación.
El caso más extraño es el de Aragón: del puesto 4 en recaudación, pasa al último —el 15, ya que solo estamos considerando las CC.AA. del régimen común y dejando fuera a las ciudades autónomas— en financiación. Teniendo en cuenta que la han adelantado las cinco especiales ya enumeradas, en realidad baja seis puestos. Sin embargo, si se comparan sus distancias a la media, no queda tan mal: su recaudación por HA está en el 84,3% de la media y su financiación en el 94,4%, con lo que se podría entender que mejora su posición. De nuevo, falta explicación.
El modelo propuesto tiene claras mejorías —aumenta la financiación total, es más preciso en el cálculo de los HA, disminuye la brecha de 29 puntos del modelo actual a solo 19—, pero el baile final de las comunidades en la nivelación vertical requiere explicaciones. Si no, se estará dando la impresión de que se pretende favorecer a unas y perjudicar a otras de forma arbitraria.
Aunque, visto lo visto, me parece que no estamos preparados para admitir diferencias de un solo euro. Lo menos polémico sería “café para todos” y ni una gota de más para nadie.
La propuesta de financiación autonómica (I)
Casi coincidiendo con el día de los Reyes Magos, el Gobierno nos ha traído como regalo un nuevo modelo de financiación autonómica, que ahora debe pasar por un laborioso proceso de discusión antes de ser aprobado definitivamente, en el caso de que lo sea. La insoportable cacofonía reinante de las declaraciones políticas ya se ha apresurado a descalificarlo —tanto por parte de las derechas nacionales, como de la derecha catalana y del sempiterno francotirador socialista manchego—, sin haber tenido apenas oportunidad de conocer en detalle sus extremos y los principios que lo inspiran. Fiel a mi quijotesco empeño de deshacer bulos y proporcionar información contrastada, me dispongo a analizar tanto los datos como los principios.
En realidad, la nueva propuesta no se aleja mucho del modelo vigente —que data de 2009—, en cuanto a los principios que lo inspiran, y los cambios van más bien en la linea de suprimir algunas de sus deficiencias. La unidad de coste sigue siendo el “habitante ajustado” (HA), que trata de resumir en un solo parámetro los diferentes costes por habitante que suponen factores tales como la edad, la dispersión geográfica, la insularidad, y otros. Así, si una comunidad tiene un exceso de población envejecida, o su población está muy dispersa en el territorio, sus habitantes tendrán más “peso” que los de otras que no tengan esas características. Un habitante real suyo podría contar, por ejemplo, como 1,2 o 1,3 habitantes ajustados. El principio creo que es incuestionable y la única discusión posible es si la ponderación de los distintos factores es o no razonable. En la propuesta se refinan algunos pesos —por ejemplo, los grupos de edad considerados pasan de 7 a 20— y se añaden algunos factores nuevos tales como la despoblación y la cantidad de población desplazada de otras comunidades.
Al igual que en 2009, hay una cesta de fondos a repartir que procede de la recaudación potencial de las CC.AA. en base a los tributos que tienen cedidos. El término “potencial” se refiere a lo que cada comunidad podría recaudar antes de aplicar sus capacidades normativas para subir o bajar impuestos. Así, si una comunidad bonificase un impuesto, lo haría a sus expensas, sin que eso perjudicase al resto. Igual sucedería si decidiese subirlo. Se llama corresponsabilidad fiscal y creo que también es un principio incuestionable.
El reparto de la cesta, también igual que en 2009, se hace del modo siguiente: tres cuartas partes se reparte de forma igualitaria a cada comunidad en base al número de sus HA y, una cuarta parte, no se reparte sino que cada una se queda con la cuarta parte de lo que ha recaudado. La argumentación que se dio en 2009 para justificar esta forma de reparto es que, aproximadamente, tres cuartas partes de los fondos se utilizan en financiar las políticas del bienestar, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales, y se pretende que todas las personas, vivan donde vivan, tengan derecho a un nivel similar de prestaciones. El 25% no repartido serviría para otras políticas de cada comunidad y se permitiría que las comunidades más ricas dispusieran de más fondos que las menos ricas.
Para hacernos una idea de las consecuencias de esta decisión, he hecho algunos cálculos. El PIB per cápita de cada comunidad (ver, por ejemplo, aquí) es muy desigual: va de los 21.118 € de Melilla a los 44.749 € de Madrid, lo que supone un abanico de rentas de 1 a 2,12. Ese abanico se traslada directamente a la recaudación de impuestos de cada una. Si no se hiciera nivelación alguna, un madrileño tendría más del doble de prestaciones que un melillense. Tras la nivelación descrita 75-25, el abanico se reduce a de 1 a 1,20, es decir, un madrileño tendría tan solo un 20% más de financiación que un melillense. Se podría objetar este principio y proponer, por ejemplo, que la nivelación fuera completa, o sea, que el 100% de la cesta se repartiera por igual según el número de HA. Creo que ambas alternativas son defendibles, pero el reparto 75-25 entra dentro de lo que es habitual en otros modelos federales.
La propuesta se completa con una inyección de fondos de 19.000 M€ (millones de euros) por parte de la administración central que se repartirían de forma desigual entre las CC.AA. con el objetivo de reducir las diferencias por HA en dos tercios. Con ello, el abanico de rentas pasaría del 1/1,20 al 1/1,07, es decir, el madrileño estaría tan solo un 7% mejor financiado que el melillense. El tan denostado “principio de ordinalidad” se reduce a esto: que a la comunidad que recauda más del doble que la que menos, se le daría un 7% más de financiación por habitante. En el caso de Cataluña, el extra sería algo menos del 5%.
La administración aportará un fondo adicional de 1.000 M€ para financiar los desastres naturales que son consecuencia del cambio climático. Dos tercios del mismo se repartirían a las comunidades mediterráneas y un tercio al resto según HA. Ese fondo representa tan solo un 0,44% de la cesta total de 224.500 M€, por lo que no provocaría apenas distorsión. Los otros tres fondos del modelo de 2009, que distorsionaban bastante el reparto, quedarían suprimidos.
En esencia, esta es la propuesta y, como puede verse, quedan desmentidas todas las acusaciones de ser un pacto bilateral para favorecer exclusivamente a Cataluña. Es cierto que la comunicación del modelo se hizo tras una reunión con el líder de Esquerra Republicana y que este se adelantó al Gobierno para exaltar sus ventajas para Cataluña. Es uno más de los errores de procedimiento y de comunicación del presidente Sánchez, perpetrado tal vez para paliar el hecho de que quedan en papel mojado aquellas promesas de financiación singular que se le hicieron a Esquerra en 2024 para conseguir sus votos en la investidura de Salvador Illa.
Ojalá que las discusiones que se produzcan a partir de ahora versen sobre estos parámetros y no sobre el metalenguaje habitual de los privilegios de los ricos, la unidad de España, la traición de Sánchez, el pago para seguir en la Moncloa, y toda la artillería a la que nuestra tranquila y sensata oposición nos tiene acostumbrados.
Ricardo Peña
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