Bilbao, bajo la plomiza lluvia de este enero de 2026, no solo ha sido escenario de una manifestación; ha sido el teatro de operaciones donde se ha escenificado la mayor derrota moral de nuestra democracia reciente. Lo que las cámaras han captado en las calles de la capital vizcaína no es folclore reivindicativo, ni una expresión de libertad de expresión, ni mucho menos una marcha humanitaria. Lo que hemos visto es la radiografía exacta, obscena y sin filtros, de la columna vertebral que sostiene al Gobierno de España.
La marcha convocada por la red Sare a favor de los presos de ETA ha servido para quitarse las caretas. Ya no hay disimulo. Allí, marchando hombro con hombro, compartiendo pancarta y eslóganes, estaba el bloque de investidura en pleno: EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, el BNG, la CUP, Podemos y los Comunes. No faltaba nadie en la foto de familia del «progresismo» oficial. Todos unidos en una causa común: exigir privilegios, excarcelaciones y la impunidad fáctica para quienes, durante décadas, intentaron someter al Estado mediante el tiro en la nuca y el coche bomba.
Sin embargo, lo verdaderamente aterrador de esta imagen no es la presencia de los de siempre —los herederos de Batasuna haciendo lo que siempre han hecho—, sino el estruendoso, cobarde y calculado silencio de quien gobierna gracias a ellos.
El silencio como forma de gobierno
En política, los silencios suelen decir más que los discursos. El silencio del Gobierno de España ante el desfile de sus socios reclamando la «vuelta a casa» de terroristas no arrepentidos no es un descuido diplomático ni una prudencia institucional. Es una confesión de parte. Es la aceptación tácita de un chantaje que se ha convertido en la norma de la legislatura: el poder a cambio de la memoria.
Dicen los clásicos que quien calla, otorga. Y el Ejecutivo, con su mutismo ante este aquelarre proetarra, está otorgando carta de naturaleza política a unos criminales. Cuando el Gobierno no desautoriza a sus socios, cuando no se levanta una sola voz en el Consejo de Ministros para decir «basta», se está enviando un mensaje devastador a la sociedad española: que todo es negociable. Que la dignidad de las víctimas es una moneda de cambio más en el bazar parlamentario. Que, si los votos son necesarios para aprobar unos presupuestos o para mantenerse en la Moncloa unos meses más, bienvenido sea el blanqueamiento de la historia del terror.
No estamos ante un Gobierno que simplemente «dialoga»; estamos ante un Gobierno que ha decidido atar su destino al de aquellos que consideran que asesinar a 853 personas fue un «conflicto político» y no una carnicería totalitaria. El silencio del Partido Socialista es especialmente doloroso, pues supone la traición definitiva a su propia historia y a sus propios muertos. ¿Qué pensarían Fernando Buesa, Ernest Lluch o Isaías Carrasco si vieran a las siglas de su partido gobernando de la mano de quienes organizan homenajes a sus asesinos? Ese silencio sepulcral que llega desde Madrid mientras en Bilbao se vitorea a los verdugos es el sonido de la decadencia moral de una nación.
Los socios: una anatomía de la deslealtad
Es imperativo analizar quiénes son los que marchan. No son grupos marginales ni asociaciones culturales inocuas. Son los partidos que deciden el futuro de España.
Ahí estaba EH Bildu, con Arnaldo Otegi a la cabeza, un hombre condenado por pertenencia a banda armada y secuestro, hoy elevado a la categoría de «hombre de paz» y socio preferente del Estado. Su presencia no sorprende, pero su normalización sí. Bildu no es un partido más; es la estrategia política de una banda que dejó de matar porque fue derrotada policialmente, no porque se arrepintiera moralmente. Su objetivo sigue siendo el mismo: la destrucción del marco constitucional y la legitimación retrospectiva del terrorismo.
Ahí estaban ERC y Junts, el nacionalismo catalán en sus dos vertientes, compitiendo en radicalidad. Unos, indultados; otros, amnistiados. Ambos, demostrando que su desprecio por la legalidad española y por la convivencia no conoce límites. Al sumarse a la marcha por los presos de ETA, el separatismo catalán confirma su deriva: ya no se trata solo de independencia, sino de la destrucción de los valores éticos que sustentan la democracia liberal. Se hermanan con el terrorismo vasco porque comparten un enemigo común: España y la libertad.
Y ahí estaba la izquierda radical (Podemos, Comunes, BNG, CUP), esos que se llenan la boca con la palabra «derechos humanos» mientras exigen la liberación de quienes violaron el derecho humano más fundamental: el derecho a la vida. Es la izquierda que ha perdido el norte, que ha sustituido la defensa de los trabajadores por la defensa de identidades excluyentes y causas liberticidas. Ver a quienes se autoproclaman feministas y pacifistas defendiendo a una organización que asesinaba a mujeres embarazadas y niños es el epítome de la hipocresía.
Recordar el horror: contra el olvido impuesto
El objetivo final de estas manifestaciones, y del silencio cómplice del Gobierno, es la reescritura de la historia. Quieren que olvidemos. Quieren imponer un relato donde hubo dos bandos enfrentados, una guerra simétrica, y donde los presos actuales son «soldados» que merecen regresar a sus hogares.
Por eso es un deber cívico recordar, con toda la crudeza necesaria, de quiénes estamos defendiendo. La «vuelta a casa» que piden los socios del Gobierno es para individuos condenados por crímenes atroces.
Estamos hablando de los responsables del atentado de Hipercor, donde 21 personas fueron calcinadas vivas, incluidos niños, mientras hacían la compra. Hablamos de los que secuestraron a Ortega Lara, enterrándolo en vida en un agujero húmedo y oscuro durante 532 días, sometiéndolo a una tortura psicológica y física inimaginable. Hablamos de los que dispararon en la nuca a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal, tras 48 horas de chantaje macabro a todo un país.
Hablamos de asesinos que ponían bombas lapa en los bajos de los coches sin importarles si en el asiento de atrás viajaba la hija del policía o del guardia civil. Hablamos de los que desterraron a miles de vascos, de los que cobraban el «impuesto revolucionario» bajo amenaza de muerte, de los que silenciaron a periodistas y jueces.
Estos son los «presos políticos» por los que se manifiestan los socios de Pedro Sánchez. No son ancianitos entrañables que cometieron errores de juventud. Son terroristas con delitos de sangre, muchos de los cuales jamás han colaborado con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos que aún siguen sin resolver. Pedir beneficios penitenciarios para ellos, mientras se humilla a las víctimas con ongi etorris (homenajes de bienvenida) en sus pueblos, es una aberración que ningún país democrático toleraría. En Alemania o Francia, una manifestación así sería impensable; en la España de hoy, es la base sobre la que se asienta la gobernabilidad.
La conexión palestina: el espejo de nuestras vergüenzas
Pero si miramos con atención la pancarta de Bilbao, encontraremos una conexión inquietante que trasciende nuestras fronteras y que nos obliga a una profunda reflexión geopolítica.
Resulta esclarecedor constatar que los mismos rostros, las mismas siglas y las mismas voces que claman por la libertad de los asesinos de ETA son, invariablemente, los más feroces enemigos de Israel y los más ardientes defensores de la causa palestina (y, por extensión, a menudo apologistas de Hamás). No es una coincidencia. Es una alineación moral.
Existe un hilo conductor invisible que une el apoyo a los presos de ETA con el antisemitismo disfrazado de antisionismo que permea a la izquierda radical y al separatismo en España. En ambos casos, se opera bajo una lógica perversa: la justificación de la violencia política si esta se ejerce contra una democracia occidental considerada «opresora». Para estos socios del Gobierno, tanto España como Israel son estados ilegítimos, construcciones artificiales que merecen ser desmanteladas, y cualquier método utilizado para ello —sea un coche bomba en Madrid o una masacre en un kibutz— encuentra, si no su aplauso explícito, sí su «comprensión contextual».
Esta realidad debería llevarnos a entonar un mea culpa colectivo respecto a nuestra postura frente a Israel.
Durante meses, hemos escuchado al Gobierno de España y a sus socios dar lecciones de moralidad al Estado hebreo. Hemos oído acusaciones de genocidio, peticiones de embargo y condenas diplomáticas durísimas por la respuesta de Israel tras los pogromos del 7 de octubre. Pero, ¿quiénes son los que lideran esas acusaciones? Son los mismos que marchan en Bilbao por los asesinos de niños españoles.
Si los amigos del terrorismo en casa son los enemigos de Israel fuera, la conclusión lógica es devastadora para la conciencia europea: quizás Israel tenga razón.
Quizás hemos juzgado la actuación de Israel desde la comodidad de nuestros salones, ignorando la naturaleza existencial de su lucha. Israel se enfrenta, día tras día, a lo que España se enfrentó durante décadas, pero multiplicado por mil y rodeado de enemigos que no buscan una negociación, sino su exterminio total. Cuando vemos que la «solidaridad con Palestina» en España está capitalizada por quienes consideran héroes a los etarras, se nos cae la venda de los ojos.
Israel está luchando contra la barbarie. Una barbarie que, en su versión local, nuestros socios de Gobierno intentan blanquear. La actuación de Israel, con toda su dureza, responde a la necesidad de sobrevivir frente al terror. Aquí, en cambio, estamos cediendo ante el terror ya derrotado simplemente por conveniencia política.
Deberíamos pedir perdón a Israel. No porque sus acciones militares estén exentas de crítica, sino porque hemos permitido que la narrativa contra el Estado judío sea secuestrada y dirigida por quienes tienen las manos manchadas de complicidad con la violencia. Si Otegi, Junqueras, y los líderes de Podemos están en un lado de la trinchera ideológica gritando «Genocidio», la decencia moral sugiere que la verdad y la justicia probablemente estén en el lado contrario.
Conclusión: El precio de la dignidad
La manifestación de Bilbao es un aviso a navegantes. Nos muestra el futuro que nos espera si no reaccionamos: una sociedad anestesiada donde el verdugo es víctima, donde el gobernante es rehén y donde la verdad es sacrificada en el altar del poder.
El Gobierno puede seguir callando. Puede seguir fingiendo que no ve las banderas, que no oye los gritos, que no lee los manifiestos. Pero la realidad es tozuda. Al aceptar los votos de quienes marchan por la impunidad, el Gobierno se hace copartícipe de esa infamia.
No se puede defender la democracia en el Congreso mientras se pacta con quienes quieren destruirla en la calle. No se puede predicar la paz en Oriente Medio mientras se mima a los violentos en el País Vasco. La historia juzgará este periodo de nuestra nación con severidad. Y cuando se escriba la crónica de estos días, el silencio del Gobierno ante la marcha de la vergüenza resonará mucho más fuerte que cualquiera de sus leyes o decretos.
Porque callar ante el mal no es tolerancia. Es complicidad. Y hoy, lamentablemente, esa complicidad se sienta en el Consejo de Ministros.
Juan de Justo Rodriguez
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