Neutralidad o acusación política
Juan de Justo Rodríguez
Colegiado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)
La reciente decisión de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) de personarse como acusación popular en el juicio contra el Fiscal General del Estado ha abierto una grieta profunda. Ha reactivado un debate crucial en la abogacía madrileña: ¿cuál es el límite de la implicación institucional en un procedimiento de alto voltaje político?
La Junta se ampara, legítimamente, en la defensa “sin matices” de principios inquebrantables como el secreto profesional y el derecho de defensa. Sin embargo, para una parte significativa de los colegiados, el instrumento elegido para salvaguardar estos valores constituye un grave error estratégico que socava la neutralidad histórica de nuestro Colegio.
1. Causa Justa, Instrumento Cuestionable
Nadie pone en duda la nobleza de la causa. El derecho de defensa y la lealtad procesal son garantías constitucionales esenciales, y su presunta vulneración es un ataque directo a la dignidad de nuestra profesión. La cuestión no es si defender estos principios, sino cómo.
El ICAM no es una asociación gremial. Es una Corporación de Derecho Público cuya máxima autoridad reside en su imparcialidad. Al personarse activamente en una contienda con indudables connotaciones partidistas, el Colegio transforma su voz de institución neutral a la de parte acusadora en un conflicto de poderes.
Existían vías más prudentes y respetuosas con el deber de neutralidad: declaraciones institucionales, denuncias ante la autoridad competente, o incluso la figura del amicus curiae (amigo del tribunal), que permite ilustrar sobre la gravedad de la vulneración sin comprometer la posición política de la institución. Estas opciones habrían defendido la causa sin politizar al ICAM.
2. La Frontera Jurídica y la Posición Arbitral
La Junta justifica su paso en el auto de apertura de juicio oral, citando la existencia de «indicios sólidos penales». Aplaudimos que las instituciones judiciales funcionen, pero esta justificación pasa por alto la realidad de que la tipicidad penal de los hechos imputados es objeto de un profundo y legítimo debate jurídico.
Para muchos, el corazón del asunto radica en la ética y la deontología profesional, más que en una infracción penal estricta. Es precisamente en estos casos de base jurídica discutible o fronteriza donde el Colegio, lejos de convertirse en parte beligerante, debería mantener una posición vigilante y arbitral. La personación activa debería reservarse para aquellas vulneraciones de la profesión que sean flagrantes y generen un consenso unánime.
La Junta de Gobierno, aunque legítima, no puede ser presentada como la voz única y unánime de los miles de abogados de Madrid. Para una parte considerable de la colegiación, esta decisión es un error de cálculo que arrastra a la institución al centro de una lucha partidista que debería observar desde la distancia.
3. El Valor Supremo de la Imparcialidad
Si bien la Junta afirma que el ICAM «no ha actuado contra nadie, sino a favor de algo», la realidad práctica es que esta personación lo coloca en una posición de confrontación directa con el máximo representante del Ministerio Fiscal.
El mayor activo de un Colegio profesional es su capacidad de interlocución fluida, leal y constructiva con todos los operadores jurídicos y poderes del Estado. Al sentarse en el banquillo de la acusación, el ICAM compromete, ante la ciudadanía y los demás poderes, su autoridad moral como garante imparcial. Se proyecta una imagen de alineamiento que costará tiempo y esfuerzo disipar.
Conclusión: Retornar a la Prudencia
Reconocemos la valentía en la defensa de los principios profesionales. No obstante, instamos a la Junta de Gobierno a reflexionar si el fin justifica los medios en este caso. La causa del derecho de defensa no necesita el sacrificio de la neutralidad institucional, un principio que, para la Abogacía de Madrid, es tan fundamental como los que se pretenden proteger.
El ICAM debe ser la casa común de todos los letrados, un referente de prudencia y legalidad por encima de cualquier coyuntura política. Es hora de recuperar ese espíritu, retirando la personación y buscando vías institucionales que permitan defender nuestra profesión sin exponer a nuestra Corporación a ser un mero peón en el ajedrez de la confrontación partidista.
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