Colombia enfrenta un preocupante repunte de la violencia armada. Los atentados recientes, como el camión bomba en Cali, el derribo de un helicóptero policial en Antioquia o el secuestro de 34 militares en Guaviare, han devuelto a la agenda pública imágenes propias de las épocas pasadas. La estrategia de “paz total” de Petro avanza con tropiezos, mientras aumentan los atentados y riesgos de inestabilidad política hacia 2026.
Tras un periodo de relativa calma posterior al Acuerdo de Paz de 2016, Colombia enfrenta hoy un resurgimiento de la violencia. Estas acciones, atribuidas a facciones disidentes de las FARC, al Estado Mayor Central (EMC) y a la Segunda Marquetalia, confirman que el país nunca logró cerrar del todo la herida del conflicto armado, pese a los avances históricos de aquel acuerdo.
Las disidencias de las FARC, el ELN y grupos criminales ligados al narcotráfico controlan corredores estratégicos y desafían la presencia del Estado. La “paz total”, impulsada por el presidente Gustavo Petro, muestra avances limitados y fragmentados.
El gobierno ha intentado abrir negociaciones simultáneas con guerrillas y bandas criminales, pero la falta de cohesión institucional, las divisiones políticas internas y la desconfianza de las comunidades han debilitado el proceso. La oposición acusa al Ejecutivo de conceder legitimidad a actores armados sin exigir compromisos firmes.
Contexto político
El Acuerdo de Paz de 2016 permitió la desmovilización de más de 13.000 combatientes y generó expectativas de transformación. Sin embargo, el Estado no ocupó con eficacia los territorios dejados por las FARC, sobre todo en periferias.
Allí surgieron nuevos actores armados: disidencias de las FARC, el ELN, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y bandas criminales locales, que encontraron en el narcotráfico y otras economías ilegales un motor rentable.
Economía ilícita y criminalidad
Colombia continúa siendo el mayor productor mundial de cocaína. La geografía del país, con salida a dos océanos y fronteras extensas con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, lo convierte en un nodo privilegiado para el tráfico internacional de drogas. A esto se suma el relieve montañoso y selvático que facilita la instalación de laboratorios clandestinos y el transporte por rutas de difícil acceso.
El oro, el coltán y la madera ilegal se han sumado como nuevas fuentes de ingresos para la criminalidad organizada transnacional, a menudo tan rentables como la cocaína. El crimen organizado pasó de carteles jerárquicos, como los de Medellín y Cali, a redes fragmentadas y flexibles. Hoy predominan los intereses económicos sobre las ideologías, en un mosaico de alianzas cambiantes y enfrentamientos constantes. En este escenario, la violencia se ha extendido a zonas rurales y urbanas con igual intensidad.
Zonas productoras de cocaína
En 2023, Colombia alcanzó un récord histórico de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que representó un incremento del 10 % respecto al año anterior. Esta expansión se concentró en 16 de los 19 departamentos productores, con mayor intensidad en Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño y Norte de Santander, considerados los más activos.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC, los departamentos con mayor concentración de cultivos son Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. A nivel territorial, el SIMCI identifica cuatro grandes enclaves productivos que concentran cerca del 96,7 % de la coca sembrada en el país: la Región Pacífica (con epicentro en Cauca y Nariño), la Región Putumayo–Caquetá, la Región del Catatumbo (Norte de Santander) y la Región Central–sur de Bolívar, que constituyen los principales focos de producción y disputa de los actores armados.
Regiones en disputa
En Catatumbo y Arauca, el ELN se ha impuesto como fuerza dominante. Sus vínculos con Venezuela le permiten operar casi sin restricciones convirtiendo la frontera en un corredor clave para cocaína y refugio armado. En la Amazonía, el EMC de “Iván Mordisco” y el EMBF de “Calarcá” se disputan no solo cultivos de coca, sino también rutas hacia Brasil y Perú y recursos minerales como oro y coltán. El Cauca es hoy un laboratorio de violencia. El EMC, el ELN y la Segunda Marquetalia se enfrentan con tácticas cada vez más letales, como el uso de drones. En el Chocó, las AGC avanzan para arrebatar al ELN el control de minas de oro y de la salida al Pacífico. El Bajo Cauca y el sur de Bolívar son corredores estratégicos donde confluyen narcotráfico fluvial y minería ilegal, con altos niveles de violencia.
Causas y responsabilidades
El deterioro actual tiene múltiples causas. En primer lugar, el Estado no logró ocupar el vacío dejado por las FARC tras su desmovilización. La limitada presencia institucional, junto con la falta de inversión en justicia social, abrió espacio a la consolidación de nuevos actores armados. En segundo lugar, el narcotráfico continúa siendo la principal fuente de financiación criminal, con cultivos de cocaína en expansión y una demanda internacional sostenida. A esto se suma la minería ilegal, que hoy rivaliza en importancia con la economía de la coca.
La estrategia de “paz total”, impulsada por el presidente Gustavo Petro desde 2022, buscaba negociar de forma simultánea con guerrillas y bandas armadas. Sin embargo, la ausencia de un marco jurídico robusto y de condiciones institucionales sólidas terminó generando más fragmentación que avances. Los secuestros, atentados y rupturas de los ceses al fuego han puesto en entredicho la viabilidad del proceso.
Los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 también pesan con fuerza. Muchos compromisos clave —como la reforma rural integral y la sustitución voluntaria de cultivos de coca— quedaron inconclusos. Esa falta de cumplimiento generó desconfianza en las comunidades y alimentó el retorno de la violencia en varias regiones.
El recrudecimiento afecta de manera especial a líderes sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes en zonas rurales. Masacres selectivas, desplazamientos forzados y control territorial continúan marcando la vida cotidiana de miles de familias. La ONU y diversas ONG alertan ya sobre un grave deterioro de los derechos humanos y un retroceso en la implementación de los acuerdos de paz, lo que evidencia la fragilidad del proceso y el riesgo de un nuevo ciclo prolongado de violencia.
Contexto regional y global
Colombia mantiene el respaldo de EE. UU. en cooperación militar y antidrogas, aunque con tensiones tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. La frontera con Venezuela sigue siendo un espacio de contrabando, refugio de grupos armados y foco de riesgo bilateral. La UE y la ONU expresan preocupación por una inestabilidad que podría desbordarse hacia toda la región andina.
A nivel interno, la violencia está erosionando la confianza ciudadana en las instituciones. El miedo al retorno de un ciclo de violencia generalizada aumenta, y existe la percepción de que los grupos armados buscan incidir en el proceso político de cara a las elecciones de 2026. En este contexto, el 7 de junio de 2025, durante una actividad política en Bogotá, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado con arma de fuego, falleciendo el 11 de agosto de 2025 por complicaciones derivadas del ataque.
Aunque no existan pruebas directas, el actual clima de violencia y el retorno de los fantasmas de los magnicidios de los años noventa proyectan una sombra inquietante sobre el proceso electoral. La violencia podría estar siendo utilizada como herramienta política o estratégica para influir en el ambiente preelectoral.
Existen paralelismos históricos: en 2002, la violencia favoreció el ascenso de Álvaro Uribe, y algunos temen que una dinámica similar pueda repetirse ahora. La escalada de atentados y ataques no solo refuerza discursos autoritarios, sino que también amenaza con empañar la legitimidad del proceso democrático.
A nivel regional, el efecto contagio del crimen organizado es evidente. El tráfico de drogas, armas y migrantes atraviesa las fronteras hacia Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá, lo que obliga a estos países a reforzar controles. El conflicto colombiano amenaza una vez más con desestabilizar a toda la región andina.
En el plano global, Colombia pierde credibilidad como ejemplo de construcción de paz. Durante años fue presentada como modelo de reconciliación, pero el resurgimiento de la violencia proyecta una imagen de retroceso.
Colombia se adentra en un ciclo de violencia fragmentada y de difícil contención, donde el crimen organizado ha sustituido a las antiguas ideologías como motor del conflicto.
Perspectivas
El panorama a corto plazo es adverso. Todo indica que el país seguirá enfrentando una intensificación de los enfrentamientos, el desplazamiento forzado y la violencia fragmentada. La consolidación de corredores criminales, la diversificación de las economías ilegales y las alianzas cambiantes entre grupos armados dificultan cualquier intento de estabilización rápida.
A mediano plazo, el éxito o fracaso de la estrategia de “paz total” será decisivo. Sin una presencia estatal más robusta en los territorios y sin avances en justicia social, la negociación difícilmente dará frutos. La violencia seguirá siendo el lenguaje predominante en muchas regiones.
A largo plazo, Colombia se enfrenta al reto de evitar quedar atrapada en un ciclo permanente de fragmentación criminal. La paz verdadera dependerá de la capacidad del Estado de recuperar sus territorios, garantizar oportunidades económicas lícitas y coordinar esfuerzos con países vecinos.
Para cerrar el informe, Carlos Vives nos propone “La Tierra del Olvido”, una canción que combina identidad cultural, memoria histórica y tono reflexivo, sin caer en lo superficial. Es un himno moderno colombiano, mezcla vallenato y pop. Transmite tanto amor por la tierra como nostalgia por lo perdido. Ideal para un país en el que está en juego: la paz y la tierra.
