La financiación de las Comunidades Autónomas es la cuestión más compleja y política del Estado Autonómico, es decir, el meollo respecto del cual surge el arrebato independentista de los partidos catalanistas. El “! España nos roba!” era mucho más que una falsedad o el grito de guerra que caracterizó al independentismo catalán a lo largo de la segunda década del siglo.
La Constitución de 1978 y el Estatuto de Sau (1979) fue el encaje de Cataluña en el Estado, y que ha perdurado durante dos generaciones. La primera fue aprobada por el 90,46% de los catalanes que ejercieron el derecho al voto. El Estatuto encontró el refrendo del 88,15% de los votantes. Es obvio que quienes así lo hicieron estaban deseosos de un encaje constitucional y legal de Cataluña en el conjunto de España.
Poco tiempo después, en 1980, se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, conocida como LOFCA, propiciada por el hecho autonómico catalán y su necesidad de articular un modelo financiero, algo que pronto se extendería a las nuevas regiones, que entre 1981 y 1983 completarían el actual mapa, hasta llegar a las diecisiete Regiones actuales.
Es bien cierto que la conformación del Estado Autonómico, en su diseño, ya establecía un hecho diferencial entre nacionalidades y regiones, tanto en su nivel competencial, como en el reconocimiento de su singularidad -idioma propio y elementos culturales diferenciados-. Sin embargo, mas allá de la financiación de las competencias singulares – policía autonómica o gestión de prisiones- la Constitución dejaba clara la radical igualdad de todos los españoles tanto en el Artº 14, que figura en el Titulo I de la misma, relativo a los derechos y libertades de los españoles, como a diferentes artículos en los que se hace hincapié y garantiza ese precepto.
La LOFCA se concibió como un instrumento multilateral para fijar los parámetros que necesitaba el modelo para funcionar, pero jamás para que derivase en un modelo de entendimiento bilateral ni singular– salvo el que la Constitución preveía para fijar el concierto Vasco o el cupo Navarro-.
El acuerdo firmado el pasado 14 de Julio por el Gobierno de España con el de la Generalidad de Cataluña -inicialmente fruto del pacto entre el PSC y Esquerra Republicana para garantizar la gobernabilidad de Cataluña-, que si llega a término no lo será sin gran dificultad y dura confrontación, abre un camino más de dificultad en la articulación del Estado Autonómico y el encaje de Cataluña en el Estado.
La política comparada nos enseña que no existe en el mundo ningún Estado, por muy Federal que sea, que haya renunciado a recaudar y gestionar todos sus impuestos en favor de una entidad administrativa de menor rango, o sea, en uno de los Estados Federados.
Esta cesión, primero, disminuye e incluso pudiera anular la presencia del Estado en dicho territorio en cuanto a la relación que este mantiene con sus ciudadanos a través de sus impuestos, que progresivamente serían traspasados a la Generalidad, pero hipotéticamente también a las Comunidades que lo deseen. No olvidemos que la recaudación de impuestos es uno de los elementos básicos que configuran un Estado.
En segundo lugar, rompe el equilibrio financiero en el conjunto del Estado y lleva a romper la igualdad entre los ciudadanos que viven en una y otra parte del territorio.
Tercero, es un paso decisivo que fractura de la unidad territorial y poblacional del Estado respecto de la prestación igualitaria de los servicios públicos al generar un modelo de desigualdad.
Cuarto, no garantiza la solidaridad entre los territorios y los ciudadanos, no solo porque difiere esa solidaridad a la fijación de unas cuotas, sino porque la sola aceptación y estricta aplicación del principio de ordinalidad será un pretexto para hacerla imposible, amen de que tal cupo de referencia se fijaría por acuerdo bilateral Gobierno-Genralidad.
Quinto, el acuerdo se abre a la posibilidad de que otras Comunidades incorporen el mismo modelo, pero no se tiene en cuenta que esa posibilidad no da solución a aquellas Comunidades Autónomas, que por su propio desarrollo y capacidad de ingresos, no podrían satisfacer la financiación de sus servicios básicos, en condiciones de igualdad.
En cualquier caso, hay un hecho incuestionable. Los ingresos del Estado, en su conjunto, son finitos. Jamás podrán repartirse ciento veinte donde solo hay cien. Es obvio que si alguien gana, también existen quienes pierden, y como siempre estos serán los mas débiles.
A nadie se le escapa que el modelo concebido en este acuerdo beneficia a Cataluña, pero también a aquellas Comunidades que cuentan con mayores ingresos vía impuestos, caso de Madrid -que ya de por sí es ampliamente beneficiada por el sistema actual- o Baleares. Por el contrario perjudica, muy especialmente, a Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Aragón -que demandan desde hace años se utilicen criterios de población y superficie a la hora de valorar el coste de los servicios-. Por el contrario, no deja de ser importante, el hecho de que en un impreciso párrafo se hable de “La ampliación de la capacidad normativa respetando los límites de la normativa europea y con la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja”, algo que Regiones como Castilla-La Mancha viene denunciando respecto del dumping fiscal de la Comunidad de Madrid. ¿Se pueden bajar impuestos estatales gestionados por la Comunidad Autónoma y al tiempo demandar más recursos a la Admón. General del Estado como han hecho algunas autonomías, versus Madrid o Andalucía?
El nuevo modelo que se propone es harto complejo, y quedan muchos puntos por definir, pero no deja de ser una fuente de conflictos y desigualdad futura de llevarse a cabo en la forma en que indica lo firmado. Pero la fuente de conflicto no está en el color político de las distintas autonomías -aunque el PP quiera sacar redito de ello- sino en la prestación desigual de servicios a la ciudadanía en función del territorio en que se viva.
Hoy por hoy, el modelo propuesto, de no corregirse sustancialmente, encontrará amplia dificultad para aprobarse en el Congreso de los Diputados, no sólo por el voto en contra de la oposición de derechas, sino también por algunos de los socios de Gobierno.
Es obvio que es importante encontrar un espacio de integración de Cataluña en el modelo de Estado, pero tras casi cincuenta años de la Constitución de 1978, es prácticamente imposible el hacerlo de forma bilateral y singular y sin tener en cuenta al resto de Comunidades Autónomas.
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