sábado 20 junio, 2026

Venezuela: la ley del más fuerte

Al menos, hemos de mantener la lucidez y desmontar las mentiras. Es lo único que nos queda ante el mundo que se nos viene encima: un mundo sin reglas gobernado tan solo por la ley del más fuerte. Lo que estamos viendo en Venezuela no es una intervención legítima, ni tiene que ver con la restauración de la democracia violentada por Nicolás Maduro en las elecciones pasadas. Es una imposición de la mayor potencia militar del planeta en defensa exclusivamente de sus intereses domésticos y geoestratégicos. Es la vuelta al siglo XIX, donde las agresiones se justificaban por sí solas por el deseo de las potencias más fuertes de dominar colonialmente a los países más débiles y atrasados. Simplemente, porque querían apropiarse de sus recursos y porque podían hacerlo.

La acusación de narcotráfico ha sido una pobre excusa para justificar la gran concentración naval estadounidense en el Caribe. ¿Por qué, si no, acusar a Venezuela en lugar de a Ecuador, que concentra una gran parte del narcotráfico hacia los Estados Unidos? ¿Por qué se indulta al mismo tiempo al expresidente de Honduras, condenado a 45 años por narcotráfico? Pues, porque Daniel Novoa —el presidente conservador de Ecuador desde 2024— es amigo y, Maduro, enemigo. Supuestamente, es de izquierdas y además se entendía con Rusia y China. ¿Por qué amenaza al mismo tiempo a Colombia y a Cuba? Pues, por la misma razón, porque sus gobernantes izquierdistas no son del agrado del nuevo policía mundial Trump.

Al autócrata le preocupan los “cristianos” asesinados en Nigeria y los manifestantes muertos en Irán, pero no los opositores encarcelados en Rusia ni los manifestantes heridos en las protestas contra el argentino Milei. Su lógica responde, por un lado, al reparto geoestratégico del mundo —Rusia y su violación de derechos dentro y fuera de sus fronteras es inatacable mientras opere en su zona de influencia— y, por otro, a una concepción de los conflictos como un choque entre civilizaciones: los blancos, conservadores y cristianos, por un lado, contra los musulmanes y los blancos izquierdistas, por otro.

Quien se autopostulaba para el premio Nobel de la Paz, ya ha bombardeado siete países: Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Nigeria y Venezuela. En los seis primeros, contra los musulmanes radicales y, en el último, recuperando la vieja doctrina Monroe de “América para los americanos”. Traducido, esto quiere decir que Latinoamérica no podrá comerciar con Rusia ni China porque es el patio privado de los Estados Unidos.

Hay que agradecer a Trump su sinceridad. Las numerosas intervenciones estadounidenses en Latinoamérica siempre fueron disfrazadas ante la opinión mundial como operaciones en defensa de la democracia, aunque de hecho no lo eran. Estados Unidos apoyó golpes de Estado contra gobiernos de izquierda en Chile en 1970, en Bolivia en 1971 y en Haití en 1986. Invadieron la isla de Granada en 1983 para deponer al presidente izquierdista Hudson Austin, y Panamá en 1989 para deponer al presidente Manuel Noriega, con quien tenían tensiones por el uso del canal. Sin embargo, en esta ocasión Trump no ha invocado la defensa de la democracia, sino la de “nuestra civilización”, que es algo muy distinto. También ha dejado claro que no piensa apoyar la vuelta de Edmundo González y Corina Machado, triunfadores de las elecciones venezolanas de 2024, y que su interés principal es “recuperar” el petróleo que “les robaron” (¿?).

Queda claro entonces que depone a Maduro, ignora a los líderes de la oposición democrática y se apropia del petróleo venezolano porque quiere y porque puede. Nos informa de que esas serán las nuevas reglas del  mundo. ¿Qué diferencia hay entonces con la agresión rusa a Ucrania? ¿Qué precedente se sienta para el futuro? Si mañana China invadiera Taiwán, o Corea del Norte invadiera Corea del Sur, ¿qué legitimidad tendría para condenarlo?

Lo más descorazonador, sin embargo, han sido las reacciones mundiales ante esta violación, tanto de la legalidad interna —el Congreso no ha sido informado ni ha otorgado el preceptivo permiso— como de la internacional. La Unión Europea ha sido tremendamente tibia, las Naciones Unidas han mantenido silencio y solo algunos países latinoamericanos —México, Colombia, Brasil, Chile— han protestado por el ataque. Queda en evidencia que las instituciones internacionales poco pueden hacer cuando los llamados a defenderlas son los primeros en ningunearlas.

Se comprende la alegría de los venezolanos exiliados y de la oposición democrática por la eliminación de Maduro del gobierno, pero pronto comprobarán con dolor que no les van a ser devueltos sus derechos. Trump impondrá un gobierno títere —muy probablemente con la complicidad de los restos del madurismo— y hará y deshará a sus anchas con el petróleo y otros recursos venezolanos.

Lo que no se comprende es la reacción jubilosa de nuestra derecha. Tanto el PP como Vox han celebrado el ilegal arresto de Maduro y proclaman ingenuamente que Venezuela volverá a la democracia. El tiempo se encargará de quitarles la razón. Pero sorprende que no hayan tenido ni una palabra de condena para la violación de la legalidad internacional que supone la acción de Trump. Los congresistas demócratas estadounidenses, e incluso algunos republicanos, la están condenando. ¿Son más trumpistas el PP y Vox que los propios republicanos? Si mañana Trump quisiera apropiarse de Groenlandia o de las Islas Canarias por las mismas razones geoestratégicas que le han impulsado ahora, ¿también les parecería bien?

Las izquierdas, en cambio, aunque con diferentes matices, han condenado la acción como contraria al derecho internacional. Ese sería el principio básico a defender: por muy dictador e ilegal que fuese Maduro, ningún país está legitimado para invadir a otro, secuestrar a su presidente e imponer un gobierno a su conveniencia. A nuestras derechas les quedan todavía muchas lecciones de democracia por aprender.

 Ricardo Peña

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