Los recientes acuerdos de gobierno firmados por el PP y Vox para las comunidades de Extremadura y Aragón, junto con las recurrentes declaraciones de dirigentes del PP sobre el particular, exigen desmontar cuidadosamente el relato demagógico que estos dos partidos están armando alrededor de lo que llaman “prioridad nacional”. El término tiene cincuenta años y fue inventado por el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en los años 70. Actualmente, forma parte del programa ultra de toda Europa y esos partidos tratan de incluirlo en sus acuerdos con los partidos conservadores tradicionales.
De un total de 22 páginas, el documento firmado en Extremadura dedica 4 a la inmigración, 2 a la prioridad nacional y otras 5 al mundo rural —en conjunto, la mitad del texto—, lo que ya da idea de cuáles son las prioridades. En el último apartado abundan las referencias a promocionar la caza y la pesca deportiva, relajar la normativa que emana de Bruselas y oponerse al Pacto Verde, es decir, a los temas que interesan a Vox.
En el de inmigración, se afirma que “la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”, lo cual es una violación de la legalidad internacional y de la UE, que obliga a los países receptores a hacerse cargo de los menores. Se acuerda también la supresión de subvenciones a las ONGs que favorezcan —en opinión de la Junta— la inmigración ilegal y se prohíbe el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. Conviene saber que la estimación —no hay cifras oficiales— del número de mujeres que usan estas prendas en España está entre 100 y 400. En proporción a su población, a Extremadura le corresponderían entre 2 y 8. Plantear hacer una ley para dos personas ¡es todo un prodigio de eficiencia!
En el de vivienda, se habla mucho de otro no-problema: la ocupación ilegal. Aquí sí hay cifras oficiales: en todo 2025, hubo en Extremadura menos de 20 demandas judiciales por ocupación. Según datos de Idealista, a finales de 2025 se contabilizaron 203 viviendas a la venta en toda la región con ocupantes ilegales. En el conjunto de España, la ocupación ilegal afecta a un porcentaje entre el 0,03% y el 0,1% del parque de viviendas.
Y llegamos al apartado llamado de Prioridad Nacional, definido con las siguientes frases: “el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procura la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”; “se vinculará el acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”.
Lógicamente, un residente extranjero tendrá menos años de arraigo que un nacional, por lo que el párrafo disfraza lo que en realidad es una discriminación por nacionalidad. Como efecto colateral, la discriminación afectaría a los españoles que cambien su comunidad de residencia a Extremadura y a los europeos que decidan residir allí.
Aparte de que tal discriminación contradice varios artículos de nuestra Constitución —concretamente, el 13, 27, 41 y 43, que otorgan a los residentes extranjeros los mismos derechos que a los españoles, exceptuando el del voto—, se destaca como problema algo no significativo. Según el Instituto de Estadística de Extremadura, por ejemplo en 2023, se establecieron allí 3.845 inmigrantes de fuera de la UE-27, de los cuales 2.689 provenían de América y 768 de África, lo que representa un 0,36 % de la población extremeña. Es decir, el discurso de Vox de que los inmigrantes —entiéndase, solo los inmigrantes pobres— vienen a reemplazarnos y a quitarnos las ayudas y los servicios a los españoles es un invento interesado.
El objetivo de poner el énfasis en este conjunto de no-problemas —el burka y el niqab, la ocupación ilegal y la inmigración pobre— es incidir en el racismo subyacente y en el temor que los inmigrantes inspiran en una parte de la población para conseguir sus votos a nivel nacional. Se trata de establecer una separación nítida entre “ellos” y “nosotros” y de señalar un enemigo al que culpar de la insuficiencia de las ayudas y servicios públicos. En lugar de proponer más inversión en esos apartados, se recortan las prestaciones —el acuerdo con Vox incluye varias bajadas de impuestos— al tiempo que se ofrece un culpable a los votantes. Es decir, por un puñado de votos, se envenena la convivencia y se dificulta la normal integración de los inmigrantes en la sociedad. Nada se dice de los trabajos que los españoles no quieren y que atienden dichos inmigrantes ni de la despoblación persistente que aqueja a Extremadura y que los inmigrantes contribuyen a paliar.
Con todo, este discurso interesado de Vox que busca embaucar a la población con mentiras y exageraciones para conseguir sus votos no es el problema más grave. Quien se deje engañar por él ya puede ver las consecuencias de encumbrar a personajes extremistas y fanáticos como Donald Trump, de quien Abascal es fiel seguidor. Más grave me parece que un partido conservador que se reclama del ámbito democrático, como es el PP, contribuya a legitimar este discurso antidemocrático.
Y no es por un puñado de votos sino por un puñado de sillones. Con tal de alcanzar cotas de poder, la cúpula del actual PP de Núñez Feijóo parece no tener límites en lo que es capaz de firmar y aceptar. Hasta el punto de que algunos de sus dirigentes, como Moreno Bonilla y Díaz Ayuso, se han desmarcado públicamente del mensaje de la “prioridad nacional” —en el segundo caso, nos tememos que más por su tradición bronquista contra Feijóo que por convicción.
Legitimar el discurso antimigratorio es malo para España. Los inmigrantes van a seguir viniendo porque el fenómeno responde a causas globales muy profundas que un solo país no puede cambiar. Podemos aspirar a que su flujo se corresponda con nuestra capacidad de absorción y a que su integración reporte beneficios a ambas partes. Enfrentar a la población en un “nosotros” contra “ellos” solo puede reportar problemas para la convivencia que podrían hacerse muy agudos si se sigue atizando ese fuego.
Dejando de lado el aspecto humanitario —los españoles también fuimos inmigrantes y sabemos lo que es sufrir esa necesidad—, el crecimiento de la población activa de los últimos años no hubiera sido posible sin ellos ya que desde hace tiempo la baja natalidad española no compensa los fallecimientos. Gracias a la inmigración, hoy sostienen el sistema de pensiones 2,2 trabajadores por cada persona jubilada. Sin ellos, la cifra estaría en el 1,8 y las pensiones en peligro.
