La Agrupación Europeísta “cuidar el futuro” del Ateneo de Madrid, junto con la sección de Economía y la Plataforma por la Democracia Económica organizaron el pasado 27 de abril un debate sobre el tema que da título a esta nota. Se recogen a continuación algunas de las ideas expresadas por las personas que intervinieron[1].
En febrero de 2026 fue presentado el Informe de la Comisión Internacional sobre la democracia en el trabajo, encargado por el ministerio de trabajo. El objetivo es desarrollar el artículo 192.2 de la Constitución: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Se trata de uno de esos derechos no ejecutables mientras no se desarrollan. Se ha hecho con la economía social y se han habilitado algunas fórmulas en el estatuto de los trabajadores y en la ley de libertad sindical como poder pedir información y dar opinión, así como en la negociación colectiva salarial y de condiciones de trabajo.
El informe señala que hay todavía un déficit importante en ese desarrollo y propone fórmulas para acercar un tercer nivel de participación, acorde a un modelo que la Unión Europea lleva años promoviendo. En países como Alemania, Austria Francia, Suecia o Países Bajos, los trabajadores participan con total normalidad en los órganos de administración o vigilancia de las sociedades.
Por ello, extraña la radical negativa de las organizaciones empresariales a debatir este tema, tanto en las convocatorias del Ministerio de Trabajo (con acusaciones incomprensibles de supuesto ataque populista al mundo empresarial o al derecho de propiedad) como al mismo debate en el Ateneo. Se intentó por diversas vías contar con su presencia en la mesa, pero se encontró una negativa cerrada.
Como anécdota, puede recordarse que la propuesta de incluir el artículo constitucional 192.2 arriba recogido fue de Licinio de la Fuente, exministro franquista.
Hay que aplaudir la iniciativa de poner sobre la mesa el debate con un informe tan solvente, que está disponible en la web. Incluye una propuesta de proyecto de ley que en la mesa se deseó que se pusiera en marcha cuanto antes, considerando que llevamos como cincuenta años de retraso.
La reforma laboral del gobierno del PP en 2012 debilitó radicalmente la parte sindical en la negociación colectiva, fomentaba las decisiones unilaterales y reducir la participación y el diálogo.
Revertir esa reforma era una prioridad del gobierno de coalición. La base: reforzar de nuevo la negociación colectiva y sindical. Tanto más eficaz cuanto más sindicalismo de clase frente al corporativo fomentado como instrumento de la patronal.
La ley de participación de los trabajadores se incluyó en el programa de gobierno. Y el calendario legislativo la mencionaba expresamente. Incluso, se hacía referencia al tema ya en un informe en la presidencia española de la Unión Europea.
Esta iniciativa se incluye dentro de la idea de reivindicar el trabajo en el centro de la actividad económica, frente a robotización y la inteligencia artificial. El trabajo no es recurso sino inversión. La pandemia puso en evidencia su necesidad. Y las medidas tomadas por el gobierno de coalición progresista han desmontado viejos mantras liberales como la imposibilidad de reducir la temporalidad o los horribles efectos negativos de una subida del salario mínimo.
El informe de las personas expertas pone el acento en dos elementos centrales: la voz y la propiedad, con propuestas legislativas para homologarse con UE. Un proceso especialmente necesario ante retos de contexto como la incorporación de la inteligencia artificial como mecanismo de gestión, la fragmentación internacional de las decisiones y la cadena de valor y el debilitamiento de la sociedad civil.
Frente a la imposición, recomienda un progreso a base de incentivos, como la prioridad en la contratación pública.
La democracia empresarial está demostrando más eficiencia. En Alemania, se impone desde 1951por la ocupación británica, con el deseo de debilitar las empresas alemanas, para las que tengan más de 2.000 trabajadores. Medio siglo después, el PIB industrial creció más que el británico y la experiencia se ha extendido hasta las empresas de más de 500 trabajadores.
En Suecia la presencia llega hasta el 50%. Los Fondos de asalariados que impulsó Olof Palme (menores subidas salariales a cambio de acciones) provocaron un gran éxito en empleo y crecimiento (adelantaron a USA) sobre todo por reforzar la reinversión de beneficios.
En España tenemos ejemplos exitosos. Hay representación en muchas empresas públicas o restos privatizados. En CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), existe una participación de trabajadores del 26,5 % del capital por negociación colectiva desde hace décadas.
La propuesta de la comisión es muy ambiciosa y valiente buscando el equilibrio de poder. Confía en que salga adelante como fruto de un proceso de negociación. Pero prevé, en caso de cerrazón de la parte empresarial, mínimos legales obligatorios.
Puede comenzarse por incluir la participación generalizada en la empresa pública y en sectores estratégicos como el energético o el financiero, para compartir decisiones en las preguntas claves de qué, para qué y cómo producir, así como para equilibrar el reparto de los resultados. Especialmente en estos momentos de crecimiento notorio de los beneficios y de márgenes empresariales crecientes.
Hoy, teóricamente se reconoce el derecho a información y consulta no vinculante. Pero a menudo las empresas se niegan a dar información, especialmente con los expedientes de regulación de empleo. El predominio de microempresas en nuestra economía dificulta la negociación colectiva.
Tenemos una débil estructura sindical. Estamos en la mitad de la representación sindical necesaria según el informe. Se alimenta la desafección, la frustración y el autoritarismo en vez de la participación y el compromiso. Predomina un excesivo cortoplacismo de nuestros empresarios. Tenemos la paradoja, por ejemplo, de un trabajador español en una empresa como Volkswagen: participa en Alemania, pero no en España.
Sería conveniente reforzar la formación de los cuadros sindicales en temas de gestión empresarial. Y, a veces, también de los propios empresarios. Este informe marca una utopía, pero entendida como un estímulo para avanzar no como algo inalcanzable. No es sustituir empresarios sino colaborar. Y garantizar derechos constitucionales.
[1] Por supuesto, las ideas aquí contenidas son, aunque deudoras en buena parte de lo escuchado en el debate, exclusiva responsabilidad del firmante de este artículo.
