Mientras el Gobierno activaba un amplio dispositivo ante la llegada del crucero afectado por el hantavirus, Huelva despedía a dos guardias civiles muertos en la persecución de una narcolancha. El contraste revela una verdad que ya no admite demora: policías y guardias civiles afrontan cada día riesgos extremos, sostienen la seguridad colectiva con un alto coste personal y merecen un reconocimiento real, digno y sin agravios comparativos.
Mientras el ministro del Interior y la ministra de Sanidad comparecían para detallar el dispositivo de seguridad ante la llegada a Canarias del crucero amenazado por el hantavirus, en Huelva se enterraba a dos guardias civiles muertos el día anterior persiguiendo una narcolancha. No era solo una coincidencia del calendario: era el retrato moral de un país que a veces contempla con solemnidad el peligro cuando lo rodean los micrófonos, pero apenas sostiene la mirada cuando ese mismo peligro se cobra a quienes lo enfrentan en su nombre. De un lado, la alarma pública; del otro, dos féretros. De un lado, la gestión visible; del otro, el sacrificio silencioso del deber. Y en medio, una verdad incómoda que ya no admite rodeos: hay hombres y mujeres que siguen colocándose delante del daño para que los demás podamos seguir viviendo bajo la apariencia de una normalidad intacta.
La lucha contra el tráfico de drogas procedentes de Marruecos dejó hace tiempo de ser una simple tarea policial: es una línea de combate. Las aguas del sur de España, y cada vez con mayor crudeza las de Huelva, se han convertido en un escenario donde el crimen organizado mide su fuerza contra el Estado con motores, dinero, violencia y desprecio. Las narcolanchas no transportan solo hachís o cocaína; transportan soberbia, sensación de impunidad y una amenaza directa contra quienes intentan frenarlas. Cada persecución es un pulso feroz en el que la ley llega con su fragilidad humana y el delincuente con la brutalidad de quien cree que todo puede comprarse, doblegarse o arrollarse. Y cuando eso ocurre en mitad de la noche, sobre el mar, entre la velocidad, la oscuridad y el impacto imprevisible, lo que está en juego no es una estadística: es la vida de quienes han jurado defender a los demás incluso cuando nadie les garantiza el regreso.
Por eso, a estas alturas, seguir discutiendo si la de policía o guardia civil es o no una profesión de riesgo empieza a resultar algo más que absurdo: resulta ofensivo. No hablamos de una etiqueta honorífica ni de una exageración sentimental. Hablamos de la realidad desnuda. De personas que patrullan carreteras, acuden a reyertas, entran en viviendas, custodian fronteras, intervienen en catástrofes, se enfrentan al crimen organizado y avanzan allí donde los demás retroceden. Hablamos de servidores públicos cuya jornada nunca termina del todo, porque el riesgo no ficha a la entrada ni se queda fuera del uniforme cuando acaba el turno. Llamar a eso profesión de riesgo no es conceder un privilegio: es dejar de negar lo evidente y empezar, al menos, por el respeto mínimo que merece la verdad.
Y aún hay quien no alcanza a comprender la extensión entera de ese sacrificio. En el mismo despliegue organizado ante la llegada del barco con pasajeros y tripulantes contagiados, las imágenes de prensa mostraban una tienda de lona con el rótulo de la Guardia Civil. Bastaba esa presencia para recordar una evidencia que muchos solo advierten cuando ya ha estallado la tragedia: también allí estarán ellos. En el desembarco, en el traslado, en la contención, en la protección del operativo. También allí, donde hay incertidumbre, alarma y exposición. ¿No es eso otro riesgo añadido? Lo es, sin duda. Como lo es cada accidente, cada incendio, cada riada, cada reyerta, cada aviso en mitad de la madrugada, cada intervención en un domicilio, cada servicio en el que el miedo de otros se convierte en obligación propia. Donde hay peligro, allí aparecen. Donde hay caos, allí permanecen. Donde hay dolor, allí sostienen. Siempre en primera fila. Siempre disponibles. Y, demasiadas veces, demasiado fáciles de reclamar y demasiado fáciles de olvidar.
Lo verdaderamente insoportable es que este sacrificio se haya vuelto, para demasiados responsables públicos, una costumbre administrable. Se llora cuando hay muertos, se promete cuando hay cámaras, se elogia cuando el dolor aún está reciente; pero después regresan el olvido, la lentitud, las palabras vacías y esa forma de indiferencia que consiste en exigirlo todo a quienes arriesgan la vida mientras se les discute casi todo a cambio. Se reclama de ellos presencia absoluta, disponibilidad permanente, firmeza impecable y una serenidad que roza lo heroico, pero se vacila a la hora de reconocer sin reservas lo que son y lo que soportan. Y esa contradicción ya no debería tolerarse, porque no hay mayor hipocresía que invocar la seguridad con solemnidad institucional y, al mismo tiempo, tratar a quienes la garantizan como si su desgaste fuera un peaje natural del sistema.
Tal vez una de las mayores indignidades de este debate sea haberlo rebajado tantas veces a una cuenta de euros, pluses y complementos, como si detrás del uniforme no hubiera cansancio, miedo, vocación y una familia entera aprendiendo a convivir con la incertidumbre. Detrás de cada guardia civil y de cada policía hay hijos que esperan, padres que temen, parejas que sostienen ausencias, turnos de mañana, tarde y noche, festivos sacrificados y llamadas fuera de servicio que obligan a regresar al destino cuando los demás descansan o celebran. Esa es la parte menos visible del servicio: la que no comparece en las ruedas de prensa, la que no cabe en una estadística, la que rara vez encuentra una recompensa proporcionada a lo que exige. Por eso un país que quiere vivir en libertad no puede permitirse tratar a sus cuerpos de seguridad con regateos, demoras, excusas ni agravios comparativos entre unos y otros. Tiene el deber de cuidarlos, de dotarlos, de respetarlos y de reconocer, sin medias tintas, que sobre sus hombros descansa una parte esencial de la convivencia. Porque la libertad no se defiende sola. La sostienen hombres y mujeres de carne y hueso que velan a cualquier hora, que acuden cuando todo se rompe y que, a veces, pagan con su vida el precio de la seguridad de todos. Y un país que no está a la altura de ese sacrificio no solo comete una injusticia con ellos: empieza, también, a fallarse a sí mismo.
