Entre la corrupción real, la acusación interesada y el estruendo de los titulares, la vida pública española se ha acostumbrado a confundir demasiadas veces el escándalo con la verdad. Este texto nace de esa intemperie: de la memoria del agravio, de la herida que dejan las condenas prematuras y de la necesidad de reclamar una justicia menos sometida a la política, al miedo y a la conveniencia.
El estruendo y la condena
Los nombres de José Luis Ábalos y Koldo García han devuelto a la vida pública española una escena demasiado conocida: esa en la que la sospecha comparece con estrépito, la reputación cae primero y la verdad llega siempre más tarde, si es que llega. Hay algo profundamente desolador en esa liturgia contemporánea del escándalo: una portada basta para fijar un rostro en el retablo de la culpa; una filtración basta para que la opinión pública confunda indicio con prueba, y prueba con condena. Después vendrán los autos, los matices, los silencios del procedimiento, la áspera lentitud del derecho. Pero para entonces ya se habrá consumado la ceremonia esencial: la del descrédito. Y pocas cosas resultan tan feroces como una condena pronunciada por la multitud con palabras prestadas.
Ese es, acaso, el drama más hondo de nuestro tiempo: no solo la corrupción, allí donde exista y pueda probarse, sino la facilidad con que el relato suplanta al hecho y la estridencia ocupa el lugar de la justicia. Hay titulares que no informan: consagran. Hay campañas que no esclarecen: modelan un clima moral en el que todo parece ya resuelto antes de que empiece la verdadera tarea de juzgar. El ruido, repetido con método, adquiere apariencia de certeza; la insinuación, administrada con constancia, termina por parecer una evidencia. Y, sin embargo, la justicia no debería hablar el idioma de la prisa. Su lengua natural es otra: la de la prueba, la contradicción, la cautela, la demora incluso, cuando esa demora es el precio de no atropellar la verdad.
La herida de la acusación
No hablo solo desde una reflexión abstracta, sino desde una herida que no ha terminado de cerrarse. En mi caso, todavía está por demostrarse que aquellas informaciones de portada fueran verdad. Fui yo mismo quien envió cartas y poderes notariales a todos los medios de comunicación para que buscaran donde aseguraban que iban a encontrar: en Andorra, en Suiza, en las cuentas opacas, en las comisiones supuestamente percibidas, en ese itinerario del dinero que se me atribuía con la seguridad enfática con que suele hablar la calumnia cuando se viste de noticia. Y no apareció nada. Nada. Pero la inexistencia de la prueba rara vez repara el estrago de la acusación. Porque el descrédito deja poso, deja sombra, deja una forma de intemperie moral en la que el inocente tiene que seguir defendiendo, durante años, aquello que nunca debió darse por culpable.
Aquello fue un alud. No una suma de acusaciones, sino una atmósfera; no una controversia, sino una forma de demolición. Y quizá por eso resulta inevitable volver la mirada hacia otros nombres, otros linajes, otras demoras del poder. El caso de Jordi Pujol permanece en la memoria pública como una larga estación de espera que termina no en la claridad de una sentencia, sino en la penumbra de un desenlace aplazado por el tiempo, la edad y el deterioro cognitivo. Entonces la pregunta se impone con una obstinación amarga: ¿administra la justicia la misma severidad cuando comparece ante el poderoso que cuando lo hace ante quien carece de abrigo político? ¿Pesa lo mismo un ciudadano expuesto al escarnio que un apellido sostenido durante décadas por la influencia, la historia y el temor a perturbar determinados equilibrios?
El precio del poder y la hipocresía
Hay, además, un asunto del que se habla siempre en voz baja, casi con pudor fingido, como si nombrarlo fuera ya una obscenidad: el de las retribuciones de los políticos. En un país moderno y desarrollado, que exige a sus gobernantes preparación, disponibilidad absoluta, responsabilidad institucional y exposición permanente al desgaste, resulta hipócrita fingir que esa exigencia puede sostenerse sobre salarios que no siempre están a la altura de la función. La demagogia se ha instalado también ahí. Se condena con facilidad cualquier debate serio sobre la dignidad material del cargo público, como si reconocer esa insuficiencia equivaliera a justificar abusos. Y, sin embargo, una democracia adulta debería saber distinguir entre la retribución justa y la rapiña, entre la transparencia de un sueldo suficiente y la penumbra de los complementos inconfesados.
Y hay en todo ello una paradoja que retrata bien la confusión de nuestro sistema. Para los cargos de las empresas públicas que aún subsisten o de los organismos autónomos de la Administración, los presidentes, los ministros o los altos responsables que tienen encomendada su supervisión pueden designar con notable libertad a quienes han de ocuparlos, aun cuando esas plazas lleven asociadas, en no pocas ocasiones, retribuciones muy superiores a las de quien firma el nombramiento. La escena tiene algo de absurdo y algo de síntoma. Porque revela hasta qué punto el poder político administra a veces jerarquías salariales que no obedecen a una lógica institucional transparente, sino a inercias, conveniencias y zonas de opacidad que terminan erosionando la confianza pública. No deja de ser llamativo que quien soporta la máxima responsabilidad política perciba menos que algunos de los nombrados a su sombra, como si el sistema hubiera aprendido a esconder sus verdaderos incentivos precisamente allí donde menos debería hacerlo.
Recuerdo bien que, en el Ministerio del Interior, en aquellos años ochenta, antes de la llegada del PSOE al poder, existía la posibilidad de que algunos altos cargos complementaran sus ingresos mediante su presencia en consejos de administración de empresas públicas, entonces mucho más numerosas que hoy. Más tarde, ya bajo gobiernos socialistas, se optó en determinados ámbitos por otra fórmula: completar retribuciones con gratificaciones procedentes de los fondos reservados, no solo para responsables políticos, sino también para funcionarios. Aquella práctica, al menos tal como se vivió y se justificó en su momento, formaba parte de una cultura política que prefería la discreción del arreglo a la claridad de la norma. Y cuando llegó el juicio sobre los fondos, quedó la impresión de que no todo fue examinado con la misma limpieza ni con la misma valentía, acaso porque la presión política también pesa sobre la memoria judicial de un país.
El corruptor invisible
Luego está la otra gran hipocresía: la del corruptor. En casi todos los relatos públicos aparece como un personaje secundario, poco menos que como un ingenuo atrapado en las redes de un político sin escrúpulos. Pero la corrupción no es un monólogo: es un pacto. Y en ese pacto suele haber alguien que paga, alguien que ofrece, alguien que compra influencia con la misma deliberación con la que otro la vende. En mi caso, recuerdo bien esa paradoja amarga: en el asunto de los fondos yo era, según el relato construido, quien corrompía a los demás, quien pagaba; y, sin embargo, el tratamiento moral y político que se me dispensó fue el reservado al corrupto consumado. Esa confusión interesada revela hasta qué punto el debate público no busca siempre comprender los hechos, sino distribuir convenientemente los papeles de una tragedia ya escrita.
Nunca he podido olvidar, a este respecto, una escena que resume mejor que muchas teorías la doblez de este mundo. En uno de mis viajes a varios países para tratar asuntos de colaboración antiterrorista, recibí el encargo de sacar de una prisión de un país africano a un alto directivo de una gran empresa española. Había sido encarcelado por intentar corromper a altos cargos políticos de aquel país. La anécdota, más allá de su peripecia concreta, encierra una lección incómoda: cuando la corrupción cruza fronteras, el empresario corruptor suele regresar al relato público envuelto en los ropajes de la víctima, del desafortunado, del hombre atrapado en una mala circunstancia, mientras toda la infamia recae sobre el político corrompido. Pero la verdad es más áspera: sin quien ofrece, seduce, compra o presiona, tampoco existiría el mercado de la corrupción.
Memoria, agravio y una exigencia democrática
Tal vez ahí resida la tragedia civil de las democracias fatigadas: en que la política termina infiltrándose en todo, incluso en aquello que debería permanecer a salvo de banderías, cálculos y temores. Entonces la justicia deja de ser, a los ojos de muchos, una balanza, para convertirse en un horizonte velado por la niebla. Unas veces, porque la prensa transforma la imputación en castigo y la sospecha en sentencia anticipada. Otras, porque el peso de ciertos nombres, de ciertas coyunturas, de ciertas conveniencias, introduce en la conciencia pública la sospecha no menos devastadora de que no todos comparecen ante el tribunal del mismo modo. Y así, entre el fragor de los titulares y la exasperante lentitud de los años, la verdad se vuelve un bien remoto, casi espectral. A mí, sobre esa herida abierta, solo me queda ir poniendo paños de memoria que alivien lo que el tiempo no ha querido cerrar del todo; queda el recuerdo, queda el agravio, queda esa íntima necesidad de nombrar lo vivido para que no lo devore la versión interesada de los otros. Pero queda también una convicción cívica que debería interpelar a todos los partidos: la oposición, en una democracia limpia, no puede consistir en buscar atajos en los tribunales ni en alimentar condenas preventivas desde la prensa amiga para castigar al adversario. La oposición verdadera exige más altura. Exige combatir al contrario en el terreno legítimo de sus errores, de sus omisiones, de sus decisiones equivocadas, de su mala gestión o de la discrepancia honrada sobre su manera de gobernar. Todo lo demás envilece la vida pública, degrada la justicia y convierte la política en una guerra de trincheras donde ya no importa la verdad, sino únicamente la destrucción del otro. Una democracia digna solo se sostiene sobre una exigencia doble e indivisible: que ningún corrupto quede impune y que ningún inocente sea destruido. Cuando una sociedad abdica de una de esas dos obligaciones, ya no pierde únicamente la justicia: empieza también a perder la paz. Y cuando, además, se acostumbra a esa forma ruin de enfrentamiento, no solo se empobrecen sus instituciones: se entristece también su alma civil.
