Por más que nos cueste aceptarlo, una sentencia del Tribunal Constitucional —nos guste o no— tiene fuerza de ley. Esta afirmación no es una opinión: es un principio jurídico esencial en cualquier Estado de derecho. Y más allá del ruido mediático y el enfrentamiento partidista, es hora de mirar hacia adelante y concentrarnos en lo verdaderamente urgente: reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, regenerar la política y contener el avance de los extremismos.
I. ¿Por qué una sentencia del Constitucional se convierte en ley?
El Tribunal Constitucional es la más alta instancia en materia de interpretación de la Constitución Española. No es un tribunal ordinario, sino un órgano que garantiza la supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico. Cuando dicta sentencia, esta se convierte ipso facto en jurisprudencia constitucional vinculante, obligatoria para todos los poderes públicos, incluidos jueces y legisladores.
En este caso, tras una demanda presentada por más de 50 diputados y senadores del Partido Popular contra la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía —conocida como LOANCat—, el Tribunal ha dictado sentencia. Y salvo algunos aspectos concretos, ha declarado que dicha ley es constitucional.
Esto significa que, desde el punto de vista jurídico, no hay impedimento para su aplicación. El debate político puede continuar —y lo hará—, pero en términos legales, la amnistía ha superado el filtro de constitucionalidad. Se convierte así en norma legítima del Estado.
II. Lo que dice la sentencia: un resumen para entenderla
El fallo del Tribunal Constitucional aborda la compleja cuestión de si una ley de amnistía —que no está explícitamente recogida en la Constitución de 1978— puede ser válida.
La respuesta es afirmativa. El Constitucional establece que:
• La amnistía no está prohibida por la Constitución.
• El Parlamento tiene competencia para aprobarla como una ley orgánica.
• No se vulnera el principio de separación de poderes, porque los jueces siguen teniendo capacidad para aplicar la ley en cada caso.
• Tampoco se lesiona el derecho de las víctimas, que conservan su derecho a reclamar indemnizaciones por vía civil.
La sentencia también rechaza el argumento de que la ley sea una “autoamnistía”, pues fue aprobada por mayoría parlamentaria, dentro del procedimiento legalmente establecido. Y aclara que la finalidad política de una ley no la hace inconstitucional, siempre que respete los derechos fundamentales y los principios del Estado de Derecho.
III. Las partes anuladas: señales de alerta
Aun así, el Tribunal sí ha anulado algunos artículos específicos de la ley por considerarlos excesivamente abiertos o poco garantistas. Entre ellos:
• El tratamiento ambiguo del terrorismo, que podría abrir la puerta a amnistiar a personas condenadas por delitos muy graves si no se prueba dolo directo en la violación de derechos humanos.
• Las órdenes europeas de detención, cuya cancelación automática podría entrar en conflicto con la normativa de la Unión Europea.
• Algunos procedimientos que limitaban el derecho a la tutela judicial efectiva o debilitaban el papel de los jueces.
Estas correcciones no afectan al corazón de la ley, pero plantean cuestiones preocupantes de cara al futuro.
La más delicada es la que tiene que ver con el terrorismo. Aunque el TC aclara que solo se excluirán de la amnistía los actos terroristas con dolo directo y violaciones graves de derechos humanos, este estándar deja fuera otras formas de terrorismo —como el dolo eventual o ciertas formas de violencia organizada— que podrían, en un futuro, beneficiarse de una interpretación laxa.
Este es uno de los puntos más controvertidos y peligrosos: si no se regula con firmeza en la aplicación judicial, se corre el riesgo de normalizar la impunidad en contextos donde la violencia ha sido políticamente justificada.
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IV. Lo que esta sentencia no debería ser
Esta sentencia no debe entenderse como una victoria partidista ni como un golpe institucional. Es un fallo jurídico en un sistema democrático. Se puede debatir políticamente, pero no deslegitimar ni socavar. No es un “trágala” ni un acto de claudicación del Estado, sino el resultado de una interpretación jurídica debatida y, como es propio de un tribunal colegiado, no unánime.
Tres magistrados —Tolosa, Arnaldo y Espejel— han emitido votos particulares muy críticos, en los que advierten del riesgo de debilitar la arquitectura del Estado de Derecho, crear “zonas de impunidad” o erosionar la independencia judicial. Estas voces deben ser escuchadas, no para desautorizar la sentencia, sino para entender el riesgo de una aplicación irresponsable o abusiva del precedente.
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V. Regenerar la democracia, no paralizarla
Lo más peligroso en este momento no es que haya habido una amnistía. Lo más peligroso es que nos quedemos atrapados en un ciclo de polarización interminable, donde todo se convierte en una batalla moral y ninguna resolución judicial es aceptada por la parte perdedora.
No podemos estar meses discutiendo la sentencia mientras el país se detiene y la desafección ciudadana crece. Porque sí, la amnistía ha generado incomodidad, rechazo, e incluso frustración en muchos sectores. Pero no olvidemos que una democracia fuerte no se basa solo en la ley, sino también en la capacidad de asumir las decisiones institucionales y pasar página cuando toca.
Y lo que toca ahora es mucho más importante: regenerar la democracia, fortalecer la transparencia, devolver la política al terreno del diálogo real y no de la teatralización permanente.
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VI. ¿Por qué es urgente mirar hacia adelante?
La sociedad española lleva años dividida por cuestiones territoriales, identitarias y morales. Mientras tanto, la confianza en la política y las instituciones se erosiona a ojos vista. Ese vacío de confianza es el caldo de cultivo ideal para el avance de las fuerzas de extrema derecha, que se presentan como “los únicos defensores de la ley” mientras agitan el miedo, la exclusión y la simplificación populista.
La izquierda y la derecha democráticas deben entender que el peligro no está solo en el adversario político, sino en la pérdida de credibilidad colectiva del sistema. La sentencia de la amnistía, más allá de sus luces y sombras, debe servir como punto de inflexión: no para reeditar viejas trincheras, sino para afrontar el deterioro democrático con valentía y responsabilidad.
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VII. Cierre: la ley es la ley. La democracia, tarea común
El Tribunal Constitucional ha hablado. La ley se aplicará. Podemos discutir su conveniencia, su alcance, sus efectos… pero lo que no podemos hacer es negar su legitimidad.
Y mucho menos convertir esta sentencia en el eje de la política nacional durante los próximos meses, como si todo lo demás pudiera congelarse. Hay que retomar la agenda del país: el empleo, la vivienda, la educación, la transición ecológica, la reforma institucional, el futuro de la juventud, la lucha contra la desigualdad.
Porque una sentencia cierra un debate jurídico, pero la regeneración democrática es una tarea política, colectiva y continua. No se decreta: se construye. No se improvisa: se cultiva.
Y esa es, quizá, la mejor forma de honrar el Estado de Derecho: respetando sus reglas mientras construimos entre todos un futuro que merezca ser vivido.
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