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sábado 14 febrero, 2026

La fiesta de la democracia termina con resaca

En el aniversario del 15-J-77

Cuando se cumple casi medio siglo de las primeras elecciones generales celebradas en España (15-J-77), conviene comenzar recordando que la democracia española se inaugura con un sistema de partidos de pluralismo limitado (en la terminología de Sartori) que da lugar, primero, a un sistema de partido predominante (la primera etapa socialista de Felipe González) y, más tarde, a un bipartidismo imperfecto. Para entender la situación de partida, es fundamental distinguir aquel sistema inicial de pluralismo limitado del pluralismo polarizado que se establece tras la crisis del bipartidismo a mediados de la década pasada, toda vez que, así como el primero es un sistema de tendencia centrípeta, el segundo es un sistema centrífugo. La diferencia consiste en que, mientras en el primer caso los partidos principales compiten por conquistar el centro, en el segundo los partidos compiten, en cambio, por conseguir la hegemonía en cada uno de los polos ideológicos que dominan el sistema, lo que arrastra inevitablemente dinámicas de polarización que contrastan con la moderación característica del sistema inicial.

          Esta distinción permite asimismo establecer una primera periodización, a fin de diferenciar dos fases del desarrollo democrático: una primera fase de estabilidad marcada por ciclos largos, en la que a cada elección de cambio (1977, 1982, 1996, 2004…) le sucedió al menos una elección de continuidad, y una segunda fase marcada por los bloqueos, las investiduras fallidas y las repeticiones electorales. De tal suerte que las elecciones de 2015, caracterizadas por la crisis de representación y el hundimiento del bipartidismo implantado en los años noventa, hacen de parteaguas en la evolución del sistema de partidos, toda vez que el pluralismo polarizado con que se inaugura esta segunda fase desemboca en el bibloquismo (y no en el bipartidismo, como había ocurrido anteriormente), con el consiguiente cambio en las reglas de juego del sistema. Esto explica, por ejemplo, que las elecciones de 2023 ya no obedezcan a una regla básica del bipartidismo (gobierna el partido que gana las elecciones), lo que permitió a Pedro Sánchez revalidar el gobierno de coalición de izquierdas procedente de la legislatura anterior con el apoyo de los partidos nacionalistas. Este cambio subrepticio de las reglas de juego explica, a su vez, que la coalición de gobierno que en la legislatura 2019-2023 tenía un carácter ideológico se convirtiera, de hecho, en una coalición confederal (el eje de la competición izquierda-derecha ha quedado reemplazado por el eje de competición territorial/nacionalista), con el consiguiente vaciamiento ideológico de la coalición de gobierno, la cual pasó a depender de un partido nacionalista de derechas que cercenó la mayoría de las iniciativas pactadas entre el PSOE y Sumar.

          Una vez hecha esta primera periodización, podemos distinguir en la primera fase dos etapas: en un primer momento, el sistema de pluralismo limitado inicial (los partidos principales: UCD y PSOE, son los más próximos al centro, en tanto que los partidos extremos: AP y PCE, son secundarios al sistema) da paso a un sistema de partido predominante, término que designa a un partido capaz de ganar tres elecciones consecutivas con mayoría absoluta, tal como ocurrió con el PSOE tras el derrumbe de la UCD. Visto en retrospectiva histórica, esta secuencia contrasta con todas las experiencias de cambio político registradas en los dos siglos previos, las cuales estuvieron protagonizadas por fuerzas progresistas que eran enseguida reemplazadas por movimientos de reacción conservadora que establecían sistemas de signo contrario mucho más duraderos.

          Esta primera y larga etapa socialista desemboca en un sistema de bipartidismo imperfecto (dos partidos principales necesitados del apoyo parlamentario de partidos nacionalistas cuando llegan al gobierno) que se vio interrumpido puntualmente por dos mayorías absolutas del PP, pero sin que este partido consiguiera darles continuidad. En el primer caso, la mayoría absoluta conseguida por José María Aznar en 2000 se vio abruptamente interrumpida por el vuelco electoral registrado tras su desastrosa gestión de la crisis del 11-M. En el segundo caso, Mariano Rajoy solo consiguió revalidar su mandato como consecuencia de la incapacidad de las llamadas fuerzas del cambio para acordar su reemplazo en 2016, de manera que el repentino auge de la “nueva política” que irrumpe en las elecciones municipales de 2015 da paso a un declive no menos acelerado apenas un año más tarde, con la repetición electoral de 2016. 

          Con estas premisas, una lectura atenta de la transición muestra que los líderes que pasaron la criba de las primeras elecciones fueron precisamente aquellos que mejor captaron las demandas del electorado y que supieron rectificar, en consecuencia, sus apuestas estratégicas iniciales. De ahí que los reformistas del Régimen accedieran a legalizar a los comunistas o aceptaran el carácter constituyente de las primeras Cortes, al tiempo que la izquierda renunciaba a los requisitos de la ruptura tal como estaba pensada (Gobierno provisional, referéndum sobre la forma de Estado, autodeterminación de los pueblos…). Todo esto tuvo dos implicaciones: la reforma fue más allá de lo previsto, dando lugar a una Constitución perfectamente homologable en Europa, en tanto que la ausencia de ruptura evitó que se repitieran los errores de los años treinta. Por contraste, la crisis del bipartidismo devenida tras la Gran Recesión condujo a la proliferación de estrategias de polarización cada vez más alejadas del votante medio. Y así como las elecciones generales de 2015 cerraron el ciclo político del bipartidismo, mediante una condena inapelable de la “vieja política”, la repetición electoral de noviembre de 2019 vino a clausurar, a su vez, el ciclo de la “nueva política”, con el hundimiento de los nuevos partidos (Cs y Podemos) y el inevitable retorno al bipartidismo sin que los viejos partidos hubieran hecho la debida autocrítica ni propósito de la enmienda. Ahora es fácil comprobar hasta qué punto la Gran Recesión puso la “democracia del 78” patas arriba. Por una parte, los socialistas sufrieron sus consecuencias en carne propia a partir de 2010, cuando la austeridad impuesta por la troika obligó a Rodríguez Zapatero a adoptar los primeros recortes, propiciando así el primer acto en la crisis del bipartidismo, tal como quedó reflejado en las elecciones del año siguiente. Por otra, el PP se encontró a partir de 2011 con la tormenta perfecta: una combinación de austeridad más allá de lo razonable y una escandalera interminable (Bárcenas, Bankia, policía patriótica, etc.), todo lo cual dio paso al segundo acto: desplome del PP y mutación del sistema de partidos en 2015.

          En consecuencia, la política española saltó desde el sistema de partidos de la transición (pluralismo limitado) al sistema de pluralismo polarizado resultante de la irrupción de la “nueva política”. De ahí la formación de bloques ideológicos y el paso del bipartidismo al bibloquismo; y de ahí también que mientras la derecha acusa al PSOE de “podemizarse”, la izquierda critica al PP por mimetizarse con la ultraderecha. Así se entiende mejor la doble deriva de nuestra democracia. Por un lado, se trata de una deriva presidencialista y plebiscitaria, pues el debilitamiento de los partidos les lleva a renunciar a estrategias autónomas, por lo que ya no cuenta tanto quién es el líder más votado sino quién es el candidato presidencial que lidera el bloque más amplio. En tanto que, por otro lado, la democracia española ha entrado en una deriva confederal, en la que los gobiernos periféricos afirman su soberanía frente al gobierno central, tal como corresponde a una lógica de polarización centrífuga en virtud de la cual lo que empezó siendo una competencia política en el eje izquierda-derecha pasó a ser una lucha de nacionalismos.

          Esta doble deriva no ha hecho más que exacerbarse tras las elecciones de 2023. Hasta ese momento, una regla no escrita de la democracia española consistía en facilitar la alternancia tras la derrota, por mínima que fuera, tal como ocurrió en marzo de 1996. En aquel momento, Felipe González podía haber maniobrado para cerrar el paso a José María Aznar, dadas sus buenas relaciones con Jordi Pujol, pero esa no fue la decisión de González, que prefirió apartarse. Por contraste, Pedro Sánchez tenía la idea de mantener el bibloquismo a cualquier precio, lo que le llevó a presentar el resultado del 23-J como una victoria personal desde la misma noche electoral, pese a que con ello reducía drásticamente su capacidad de negociación y concedía a Puigdemont toda la ventaja. Con esta sencilla premisa, el PSOE puso en marcha las negociaciones para la tercera investidura de Sánchez, que condujeron a la Ley de Amnistía, una especie de “autoamnistía” dictada por sus propios beneficiarios que carecía de los consensos que la Comisión de Venecia considera imprescindibles para la aplicación de este tipo de medidas de gracia. Pese al fuerte desgaste que la que la medida suponía para el PSOE (las encuestas estimaban entre un 60% y un 70% de rechazo a la ley, que solo era apoyada en Cataluña), la negociación precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, dejando a Sánchez sin presupuestos, razón por la cual los independentistas fueron los únicos en celebrar la aprobación final de la citada ley.

En su intento por conseguir las alianzas necesarias para mantener el bloque operativo (una coalición negativa con el único objetivo de dejar al adversario/enemigo fuera de juego),los partidos principales renuncian a su autonomía estratégica, de tal suerte que los gobiernos de mayoría se convierten poco a poco en una “tiranía de la minoría”, por cuanto la distancia ideológica del partido principal con respecto a los sucesivos socios que entran en la coalición aumenta con el tiempo, dando lugar a transacciones cada vez más costosas, como lo prueba el intento de Sánchez de integrar a Puigdemont en la coalición “progresista”. Así las cosas, la confrontación a la española y los esfuerzos de Sánchez por mantener el bibloquismo dan síntomas de agotamiento, toda vez que la estrategia de la polarización llega a su clímax justamente en el momento en que se vacía de contenido ideológico.

En suma, la crisis de representación de la década pasada se saldó con un fracaso estrepitoso de los nuevos partidos que permitió a los tradicionales volver a la “vieja política” sin pagar precio y sin necesidad de enmienda. Más bien, todo lo contrario: reafirmándose en sus vicios característicos y llevándolos a una nueva escala. Este proceso de degradación democrática se hizo irreversible con la crisis catalana de 2017, pues si bien es verdad que la aplicación del artículo 155 CE llevó al PSOE a cerrar filas en torno a la bandera, la moción de censura de 2018 que aupó a Pedro Sánchez al gobierno abrió la puerta al entendimiento y la colaboración con actores que desafiaban abiertamente el orden constitucional, lo que supuso un salto cualitativo en la democracia española. Y así como la estrategia de apaciguamiento desplegada por Pedro Sánchez en su primera legislatura, que incluía una mesa de diálogo como vía de resolución del “conflicto”, además de indultos a los condenados por sedición como promotores del referéndum del 1-O, no terminó de contentar al independentismo representado por ERC, la incorporación de Puigdemont a la nueva coalición salida de las elecciones de 2023 hizo saltar por los aires todos los esquemas y procedimientos seguidos por la democracia española hasta entonces. Por lo pronto, Sánchez tuvo que aprobar una Ley de Amnistía que, lejos de conseguir el propósito declarado de “normalizar” la convivencia en Cataluña, aceptaba el relato del independentismo sin conseguir a cambio apoyo alguno al programa de gobierno que previamente había pactado con Sumar.

Entretanto, la dinámica de polarización ha hecho estragos en incontables instituciones que habían jugado un papel fundamental en el equilibrio del sistema, convirtiéndose en una “polarización perniciosa” que divide a la sociedad y debilita la democracia: llegados a este punto, los partidos abandonan los consensos básicos sobre las reglas de juego, al tiempo que los votantes pierden confianza en las instituciones, dando como resultado que el apoyo normativo a la democracia queda suplantado por la “hipocresía democrática” (la importancia de las reglas depende de quién las infringe: “nosotros vs ellos”). En último término, la lógica de la polarización lleva a los partidos a sacrificar los principios democráticos antes que ceder el poder, dando paso al exclusivismo político, a menos que un shock imprevisto (una crisis económica o una debacle electoral) restablezca el equilibrio democrático.

Así las cosas, la legislatura se encuentra a punto de colapsar. Por un lado, el gobierno no solo ignora al Congreso (recordemos que Sánchez se había declarado dispuesto a gobernar “con o sin el concurso del poder legislativo”), sino que la ministra portavoz se jacta de que, saltándose el trámite de la discusión de unos nuevos presupuestos, el gobierno evita al Parlamento “una pérdida de tiempo”. Esta situación ha llegado al paroxismo tras la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en defensa, que Sánchez intenta despachar con la reasignación de créditos que habían sido aprobados en 2022 para fines diferentes por diputados de otra legislatura, lo que es tanto como deshabilitar al Congreso. En tanto que, por otro lado, el gobierno intenta controlar a los jueces y a los medios críticos con su gestión, al tiempo que despliega un potente aparato mediático capaz de proporcionar la cobertura necesaria en una situación de excepción que Sánchez parece dispuesto a prolongar indefinidamente.

Dada la incapacidad de gobernar y legislar, por no hablar de la catarata de problemas judiciales y fallos de gestión que se acumulan (apagón energético, caos ferroviario y migratorio, etc.), alguno pensará que al gobierno no le queda más remedio que ponerse a la defensiva, pero puede que la estrategia estuviese pensada de antemano, siguiendo la vieja consigna de Trotski: “al bando atacante le interesa casi siempre aparecer a la defensiva”.

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