Con motivo de las elecciones europeas de 2024 argumenté que era necesario no solo proponer a la presidenta de la Comisión sobre la base de los resultados electorales y repartir los principales puestos de las instituciones de la UE entre los partidos políticos proeuropeos, sino también acordar un programa de coalición para toda la legislatura. Así lo proponía también la resolución del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2023 sobre las elecciones europeas de 2024, en su apartado 13. Era lo lógico para dar cohesión a la mayoría parlamentaria proeuropea que debía respaldar a la Comisión, y para tratar de limitar la posibilidad de la formación intermitente de una mayoría alternativa formada por el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos situados a su derecha en determinados asuntos, que lo que luego ha sucedido. Hay que tener presente que el PPE había aumentado su representación, mientras que socialistas, liberales y verdes habían perdido escaños y las fuerzas de ultraderecha se habían reforzado, lo que por primera vez significaba que la mayoría europeísta ya no era la única combinación posible, aritméticamente hablando.
Desgraciadamente, no se quiso hacer este esfuerzo de negociación programática previo como condición para elegir a la presidenta de la Comisión. Por un lado, se consideraba que negociar y acordar un texto programático llevaría semanas, si no meses; por otro, se temía que las inevitables concesiones y compromisos que todo contrato de coalición ideológicamente transversal implican llevaran a los grupos a rechazar el acuerdo.
En cuanto a lo primero, lo cierto es que nada obligaba a elegir a la presidenta de la Comisión en el primer pleno de la legislatura, es decir, en julio de 2024, pero los grupos se autoimpusieron este plazo, vinculándolo asimismo con la necesidad de aprobar la nueva Comisión antes de la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos a finales de enero de 2025.
La relación entre ambas cuestiones se dio por hecha, pero no tenía una justificación evidente: en los parlamentos nacionales tampoco se elige, salvo casos de mayoría absoluta, cada vez más raros, al primer ministro en el pleno constitutivo de la cámara, y el proceso de formación de coaliciones nunca se vincula a la coyuntura política de otros países. Que el PPE – y von der Leyen- quisieran ir rápido y evitar suscribir acuerdo programático para tener las manos libres, se entiende. Que los demás hicieran lo mismo, no tanto.
Solamente una vez elegida la presidenta de la Comisión, y antes de la aprobación parlamentaria de la Comisión en su conjunto, democristianos, socialdemócratas y liberales acordaron un documento de mínimos denominado «Platform Cooperation statement». El acuerdo comprometía a los tres grupos con una agenda de reformas basada en las Orientaciones Políticas presentadas por Ursula von der Leyen el 18 de julio de 2024, en nueve ámbitos. Uno era la competitividad, siguiendo los informes Draghi y Letta, con un Nuevo Pacto Industrial, más inversión pública y privada y la reducción de cargas administrativas sin renunciar a los objetivos del Pacto Verde. En seguridad se preveía avanzar hacia una Unión Europea de Defensa complementaria de la OTAN, con el principio de «comprar primero europeo», y aplicar plenamente el Pacto de Migración y Asilo. Contemplaba también una hoja de ruta para empleos de calidad y el refuerzo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como la seguridad alimentaria con condiciones justas para agricultores y pescadores, junto con la restauración de ecosistemas. Se sumaban la defensa del Estado de Derecho y de la igualdad de género, un papel global de la UE basado en el orden internacional fundado en normas y el apoyo inquebrantable a Ucrania. Incluía asimismo defender un presupuesto plurianual ambicioso con nuevos recursos propios. En el plano institucional, los grupos se comprometían a impulsar las reformas necesarias, incluida la modificación de los Tratados, «hacia una unión cada vez más estrecha».
Fue un primer paso, pero su escaso detalle programático y la ausencia de mecanismos de seguimiento y control han limitado, a mi juicio, su eficacia para comprometer al PPE con el resto de fuerzas proeuropeas. Así ocurrió, por ejemplo, con dos expedientes centrales del Pacto Verde: la reforma de las obligaciones empresariales de información sobre sostenibilidad y diligencia debida, conocida como Ómnibus I, y la modificación del reglamento contra la deforestación. En noviembre de 2025, el PPE sacó adelante las posiciones negociadoras del Parlamento recurriendo al apoyo de los grupos situados a su derecha, frente a la posición de los socialistas y con oposición también en una parte considerable de las filas liberales. No se trataba de cuestiones menores: estaban en juego el alcance de la responsabilidad empresarial por los impactos sociales y ambientales y las garantías para impedir que el consumo europeo contribuya a la destrucción de los bosques. Dicho todo esto, es evidente que el no disponer de un verdadero acuerdo de coalición no excusa la estrategia cortoplacista e insolidaria del centroderecha en la Eurocámara, que se equivoca gravemente al poner en riesgo la mayoría histórica basada en la adhesión al europeísmo.
En todo caso, cuando nos acercamos al ecuador de la legislatura de la Eurocámara, se abre una ventana de oportunidad para recohesionar a la mayoría europeísta en la Eurocámara. El plan del centroderecha para reelegir a Roberta Metsola como presidenta del Parlamento Europeo para un tercer mandato consecutivo, algo sin precedentes al menos desde las primeras elecciones directas de 1979, ofrece una oportunidad para volver a poner sobre la mesa la necesidad de un verdadero acuerdo de coalición que vincule al PPE.
De hecho, la propia presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García Pérez, en la carta que dirigió a sus eurodiputados el 12 de octubre de 2026, señalaba lo siguiente: «Desde el comienzo del mandato, hemos visto al PPE formar mayorías alternativas con diputados de extrema derecha para desmantelar el proyecto europeo. Esto tiene que acabar. Por eso quiero buscar abiertamente un verdadero acuerdo de coalición con una mayoría proeuropea, no como un arreglo técnico, sino como un auténtico debate sobre el contenido: lo que defendemos, aquello por lo que estamos dispuestos a luchar y lo que realmente está en juego para Europa. Como grupo, decidiremos conjuntamente cualquier acuerdo de este tipo con otros partidos políticos proeuropeos durante el proceso de mitad de legislatura, de forma abierta y transparente. Será una decisión determinante, tomada colectivamente, que marcará cómo se posiciona nuestro Grupo en esta Cámara en los próximos años (…). Con este objetivo, organizaremos otra jornada de reflexión del Grupo en la que seguiremos debatiendo abiertamente y adoptaremos una decisión sobre dicho acuerdo de mitad de legislatura» (traducción propia).
La renovación de las presidencias de los grupos, prevista para la segunda quincena de octubrede 2026, puede abrir la negociación de cara a la elección de la Presidencia del Parlamento Europeo en enero de 2027, en la que habría que incluir también a los Verdes, como fuerza política claramente proeuropea y miembro, como las familias democristiana, socialdemócrata, y liberal, del Movimiento Europeo Internacional. Es muy probable que elPPE acepte la negociación del contrato de coalición, aunque sea a regañadientes, ya que no le sería plato de gusto tener que depender del apoyo de los grupos de ultraderecha para reelegir a Metsola.
¿Qué elementos podría contener este acuerdo programático? Un verdadero contrato de coalición debería ir mucho más allá de la plataforma de noviembre de 2024. En primer lugar, tendría que fijar un perímetro político explícito: el compromiso de no construir mayorías con los grupos situados a la derecha del PPE, ni en las votaciones finales ni en las enmiendas o los mandatos de negociación. En segundo lugar, necesitaría incluir un programa legislativo concreto para la segunda mitad de la legislatura, con posiciones comunes sobre los expedientes decisivos, y no limitarse a enumerar ámbitos temáticos o prioridades políticas. En tercer lugar, la presidenta de la Comisión debería firmar también el programa que se acuerde, para comprometerse políticamente con su cumplimiento y limitar las iniciativas legislativas desreguladoras que ha promovido en esta primera mitad de la legislatura y que no contaban con el respaldo de una buena parte de la mayoría europeísta. Por último, el acuerdo tendría que contar con un comité de coordinación de la coalición que acuerde las posiciones antes de cada pleno, reproducido también al nivel de las comisiones parlamentarias, y quehaga el seguimiento de su ejecución y resuelva las discrepancias.
En última instancia, solo cuando la elección de la Comisión dependa de una mayoría parlamentaria articulada en torno a un programa acordado al principio de la legislatura, y los votantes puedan reconocer esa relación a través de candidatos presidenciales y listas transnacionales al Parlamento Europeo, el cumplimiento dejará de depender fundamentalmente de la buena voluntad de uno de los socios.
