Este mes de marzo se han producido algunas novedades en la relación entre las universidades públicas madrileñas (UU.PP.MM.) y el gobierno regional que es necesario analizar para saber dónde estamos. Por un lado, ha sido destituido todo el equipo de la consejería de educación, empezando por su consejero Emilio Viciana. En segundo lugar, se ha abandonado —al menos para esta legislatura— la controvertida LESUC (Ley de Educación Superior) que había suscitado el rechazo de todos los rectores y que iba ya por su cuarto o quinto borrador. Por último, en apenas quince días, el gobierno regional y la nueva consejera Mercedes Zarzalejo han elaborado un plan de financiación plurianual hasta 2031 y lo han sometido a la firma de los rectores, que lo han aceptado.
Empezando por los aspectos positivos, desencallar una situación de enfrentamiento con los rectores, y en general con toda la comunidad universitaria, que el equipo saliente no había sido capaz de gestionar en tres años es, en principio, una buena noticia. Acabar con la financiación año a año, que las universidades conocían poco antes de terminar el año anterior y que les impedía cualquier tipo de planificación, es también una buena noticia. Sea poca o mucha la cantidad acordada, bienvenida sea la planificación a cinco o seis años vista, que permitirá a las universidades saber con qué recursos contaran en los años siguientes.
Entrando en los detalles del acuerdo, la transferencia nominativa de la comunidad para las seis universidades públicas pasará de los 1.160 M€ (millones) actuales a 1.640 M€ en 2031, con incrementos del orden del 10% los dos primeros años y de entre el 5% y el 3% los cuatro últimos. Además, las cantidades se reparten en varios fondos que favorecen más a las dos universidades en situación más precaria: la Complutense y la Rey Juan Carlos.
Considerando un número constante de estudiantes —de hecho, su crecimiento en los últimos años ha sido prácticamente nulo— el plan supondría pasar de los 5.600 €/estudiante actuales a 7.900 €/estudiante en 2031. Madrid es hoy la comunidad que peor financia a sus universidades públicas, encontrándose un 20% por debajo de la media, que en 2025 fue de 7.000 €/estudiante. Estimando un crecimiento vegetativo con la inflación de dicha cantidad media, y estimando aquella en el 2,7% anual, los 7.000 € actuales pasarían a ser unos 8.200 € en 2031, con lo que Madrid seguiría quedando por debajo de la media, aunque solo un 4% menos, en lugar del 20% actual.
En mi opinión, la comunidad de Madrid se ha rascado un poco el bolsillo, pero solo lo justo para poner algo de paz en la comunidad universitaria madrileña, que había dado muestras de estar bastante soliviantada por la asfixia actual. Había habido varias jornadas de huelga y muchas manifestaciones en los meses precedentes y el tema estaba ya en las tertulias políticas y en la prensa. La estrategia madrileña de asfixiar a la pública y favorecer al tiempo la creación descontrolada de universidades privadas, muchas de ellas de ínfima calidad y algunas con informes en contra de la Conferencia General de Política Universitaria, era ya evidente para toda España. Teniendo en cuenta que 2027 será un año electoral en Madrid, el gobierno ha preferido bajar los ánimos y dejar de enfrentarse a los universitarios y sus familias.
El dinero inyectado en el nuevo plan conseguirá probablemente que las UU.PP.MM. interrumpan el sistemático declive que han venido sufriendo desde 2.008, especialmente las dos más perjudicadas —UCM y URJC—, pero no las permitirá crecer ni mejorar. La política de congelar la oferta de las universidades públicas para forzar a los estudiantes a recurrir a las privadas seguirá, por lo tanto, en pie. Salir de la asfixia, sin duda produce alivio, pero —según yo lo veo— no se está saliendo de ella para potenciar el sistema público sino para dejarlo estancado por seis años.
Aunque la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) recomienda un gasto público del 1% del PIB —si bien la media de la UE y la OCDE es del 1,2% y 1,31% respectivamente—, todavía estábamos en el 0,75% en 2022, según el reciente informe de la Fundación CYD. Es decir, sería necesario invertir unos 4.000 M€ más en el sistema universitario público para llegar a la recomendación de la LOSU, que no a la media europea.
Abundando en la heterogeneidad entre las distintas CC.AA. y según ese mismo informe, los precios que pagan los estudiantes por su matrícula universitaria distan mucho de ser los mismos: mientras que en Galicia la media es 750 €/ estudiante, en Madrid es justo el doble, 1.500 €.
La autonomía que tienen las comunidades para decidir cómo gastan sus presupuestos está conduciendo a un sistema universitario público muy desigual y a violar la igualdad de trato de todos los españoles que exige nuestra constitución. ¿Por qué un estudiante madrileño ha de pagar más y recibir a cambio un peor servicio que otro gallego o valenciano? Y ello sin considerar las ideologías de los distintos partidos, porque las tres comunidades mencionadas están gobernadas por el mismo.
La financiación del sistema público universitario no debería formar parte del debate ideológico partidista. De hecho, la universidad pública se creó en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial como parte de un pacto interclasista por un Estado del Bienestar que proporcionara sanidad, educación y pensiones a toda la población. Lo apoyaron tanto los partidos socialdemócratas como los conservadores y liberales.
Teniendo en cuenta que las universidades privadas —al menos en España— apenas investigan, potenciar la universidad pública es apostar por la formación de calidad, la investigación y el crecimiento del país. El tejido empresarial debería, pues, estar muy interesado en que a las universidades públicas se las dotara de los medios necesarios para hacer su trabajo eficientemente. Además, apostar por ellas es hacerlo por el talento, independientemente de su clase de procedencia. No es solo atender a la igualdad de oportunidades —que es de justicia— sino a que no se malogre ni un ápice de inteligencia por falta de recursos.
Pero los dirigentes populares de Madrid siguen en el Pleistoceno. Solo ven el corto plazo del negocio para unas pocas empresas a costa de desperdiciar talento, degradar la calidad de la enseñanza, cercenar la investigación y favorecer, eso sí, a los retoños de su clase social, que serán los únicos que podrán pagarse los 10.000 a 20.000 € que cuesta una universidad privada.
