La Unión Europea no tuvo interés en hacer un seguimiento de los vertidos radiactivos y, por supuesto, el Estado Español, principal afectado por esta práctica contaminante por posibles fugas radiactivas, mantuvo el secreto del vertedero y nunca exigió que se iniciara un plan para retirar los bidones del mar y enterrarlos adecuadamente en tierra, ni para tener un seguimiento y control de la radiactividad del agua y seres vivos ante la posibilidad de rotura, corrosión… de los barriles.
