Esta es una cuestión que me hago continuamente y que por primera vez leo en una cifra concreta.
En España el 59% de las horas de trabajo actuales son técnicamente automatizables con tecnologías ya existentes: un 44% mediante agentes de software y un 15% mediante robots físicos (McKinsey Global Institute).
El mismo análisis calcula un impacto económico potencial de 167.000 millones de dólares para 2030, siempre que la transición se haga mediante colaboración entre personas y máquinas.
El problema no es solo tecnológico, sino social. Si una máquina puede hacer en minutos una tarea que antes ocupaba horas de una persona, aparece una pregunta incómoda: ¿quién se queda con esa ganancia de productividad? La OCDE advierte que el efecto neto de la IA sobre el empleo es ambiguo: puede destruir tareas humanas, pero también aumentar la productividad, crear nuevas tareas y generar empleos si los trabajadores tienen competencias complementarias.
No estamos ante un destino inevitable, sino ante una decisión política, empresarial y colectiva.
La Organización Internacional del Trabajo insiste en que no se trata necesariamente de un “apocalipsis laboral”, sino de una transformación profunda de tareas y ocupaciones. Aun así, reconoce que algunos empleos pueden perderse y que los trabajos administrativos y de oficina son especialmente vulnerables. Esto obliga a actuar antes de que el cambio se traduzca en miedo, precariedad y despidos masivos.
Una primera línea de acción debería ser reducir el tiempo de trabajo sin reducir el salario. Si la tecnología permite producir más en menos horas, lo justo no es que unos pocos acumulen beneficios mientras otros pierden su empleo, sino repartir mejor el tiempo liberado. La semana laboral de cuatro días ofrece una pista: en el gran ensayo británico participaron 61 empresas; el 92% continuó con la medida, el 39% de los trabajadores declaró menos estrés, el 71% menos agotamiento y los ingresos empresariales se mantuvieron casi estables, con una subida media del 1,4%.
La segunda gran línea de acción es fiscal: si las máquinas sustituyen trabajo humano, una parte de ese beneficio debe volver a la sociedad. Esto puede hacerse mediante impuestos sobre beneficios extraordinarios, capital tecnológico, grandes plataformas o automatización intensiva. La literatura sobre el “impuesto a los robots” es prudente: algunos estudios consideran que puede tener sentido cuando los robots presionan los salarios, aunque otros señalan que suele ser más eficaz reforzar impuestos progresivos sobre renta, beneficios y capital. El objetivo no debe ser frenar la innovación, sino financiar la transición.
Ese dinero debería destinarse a tres fines claros: formación continua, protección social y nuevos empleos de utilidad pública. El Foro Económico Mundial calcula que el 39% de las competencias clave del mercado laboral cambiarán hacia 2030, especialmente por la IA, los datos, la ciberseguridad y la alfabetización tecnológica. Por eso, la recualificación no puede depender solo del esfuerzo individual: debe ser un derecho financiado por empresas y Estado.
Además, hacen falta seguros de desempleo suficientes, ayudas de transición, recolocación interna antes que despidos y negociación colectiva en la introducción de IA. El FMI sostiene que la política fiscal tendrá un papel central para repartir mejor las ganancias de la IA y que será necesario reforzar los sistemas de protección social y de impuestos.
En definitiva, la automatización puede convertirse en una amenaza o en una oportunidad. Será amenaza si destruye empleos, concentra riqueza y aumenta la vigilancia. Será oportunidad si reduce jornadas, mejora la vida, financia servicios públicos y reparte la productividad.
La cuestión no es si las máquinas trabajarán más, sino si los seres humanos viviremos mejor.
#VaDePersonas
