La erosión del diálogo, la fatiga institucional y los últimos sobresaltos políticos han colocado a España ante una disyuntiva cada vez más difícil de eludir: devolver la palabra a los ciudadanos o adentrarse un poco más en una degradación que amenaza con hacerse irreversible.
Hay momentos en los que seguir como si nada deja de ser prudencia y empieza a ser irresponsabilidad. España ha entrado en uno de ellos. La acumulación de ruido, desgaste institucional, polarización y sobresaltos judiciales ya no es una anomalía: es el clima mismo de la política. Y cuando el estrépito ocupa el lugar de la deliberación, el país se acerca a un punto en el que ya no basta con invocar el diálogo: hay que decidir si aún queda algo que salvar.
La intemperie de la palabra
España no vive solo una crisis de tono. Vive una crisis de orientación. El debate público se ha degradado hasta el punto de que las palabras ya no sirven para ordenar la realidad, sino para incendiarla; el adversario ha dejado de ser un competidor legítimo para convertirse en una figura a batir; y la disputa política, en vez de esclarecer diferencias, se entrega cada vez más a la explotación del miedo, del agravio y del cansancio colectivo. Cuando una democracia se instala en el grito, empieza a perder algo más serio que la cortesía: pierde la capacidad de reconocerse a sí misma.
Toda democracia necesita conflicto, pero ninguna puede sobrevivir mucho tiempo si convierte el conflicto en una forma de intoxicación permanente. Cuando la política deja de persuadir para limitarse a movilizar rencores, se empobrece el debate, se envilece la conversación pública y se debilita el vínculo de confianza sin el cual la libertad termina siendo apenas una palabra ceremonial.
Cuando el lenguaje público se envilece, también se altera la jerarquía de lo importante. Lo accesorio desplaza a lo esencial, la indignación instantánea reemplaza al juicio y la política deja de ordenar prioridades para limitarse a administrar sobresaltos. En ese clima, la democracia pierde prestigio, autoridad y capacidad de convocar una adhesión moral duradera.
Los acontecimientos de estos días han roto cualquier ilusión de normalidad. Vaya por delante el respeto que me merece la presunción de inocencia y más: tratar de evitar el sufrimiento familiar. La imputación de un expresidente del Gobierno en la investigación sobre las ayudas públicas concedidas durante la pandemia ha desplazado el eje del debate y ha introducido una perturbación de fondo en la conciencia pública. No solo por la gravedad judicial del episodio, sino por la devastadora contradicción que proyecta sobre toda una época: la de quien durante años hizo del diálogo, de la defensa de los derechos de colectivos marginados y del lenguaje del progreso una parte central de su autoridad moral, para terminar, apareciendo públicamente como portavoz o defensor de regímenes autoritarios corroídos por la corrupción, hostiles a la libertad y ajenos a los principios del Estado de derecho. A ello se suma el uso cada vez más insistente y abusivo de la crítica a gobiernos de países amigos y de socios leales de la civilización occidental, como si la política exterior pudiera convertirse también en un instrumento de agitación interna, de oportunismo retórico o de desahogo ideológico. Cuando se banaliza de ese modo la relación con naciones que comparten con España una tradición de libertad, alianza y responsabilidad internacional, el problema deja de ser solo diplomático: revela una preocupante pérdida de sentido estratégico y de respeto por el lugar que nuestro país debería ocupar en el mundo. Y cuando una figura que pretendió encarnar ciertos valores acaba asociada a causas que los desmienten de manera tan frontal, el problema deja de ser personal o biográfico: se convierte en una señal de la profundidad de la quiebra política y moral que hemos terminado por normalizar.
Los pilares de la concordia
Frente a esa degradación, conviene recordar que una democracia no se sostiene solo por la intensidad de sus disputas, sino también por la existencia de algunos acuerdos de fondo. Hay asuntos que exceden la pugna partidista y afectan a la mayoría social: sanidad, educación, pensiones, igualdad de oportunidades, estabilidad institucional o cohesión territorial. Europa construyó en torno al Estado del bienestar una de sus mayores legitimidades morales, fruto de pactos, renuncias y una determinada idea de justicia social. Aunque ese legado tiene una raíz socialdemócrata indiscutible, hoy forma parte, con matices, de un consenso más amplio. Se discrepa sobre prioridades o gestión, pero sigue existiendo un acuerdo de fondo sobre la necesidad de sostener esos pilares. Y ese espacio compartido, precisamente porque no es espectacular ni estridente, merece ser preservado con especial cuidado.
Conviene recordarlo especialmente en una época de incertidumbre económica, fragmentación parlamentaria y cansancio social. Los grandes acuerdos no son reliquias de un tiempo más virtuoso, sino instrumentos de estabilidad para sociedades complejas. Allí donde existe un suelo compartido sobre lo que no debería quedar a merced de cada ciclo electoral, la ciudadanía respira con mayor confianza y el conflicto político encuentra un cauce menos destructivo. La concordia, entendida con seriedad, no suprime la competencia democrática: la ordena, la limita y la civiliza. Precisamente por eso resulta tan inquietante todo lo que hoy amenaza con erosionar esa base común.
La igualdad bajo sospecha
Precisamente por eso inquieta que, en vez de consolidar ese terreno común, se normalicen alianzas cuyo precio político pueda erosionar la idea de una ciudadanía básicamente igual. La democracia parlamentaria obliga a pactar, pero conviene distinguir entre el acuerdo que ensancha la gobernabilidad y el que debilita el principio mismo de la convivencia. Si una parte de los ciudadanos llega a pensar que derechos, recursos u obligaciones se distribuyen según la capacidad de presión de determinados territorios, no solo se resiente la arquitectura institucional: se quiebra la confianza pública. Y sin confianza no hay comunidad política duradera.
La diversidad y el vínculo común
A esa complejidad se añade otra transformación decisiva: la ampliación del foco político hacia demandas de reconocimiento ligadas al feminismo, los derechos de los gais, el animalismo y otras sensibilidades contemporáneas. Muchas de esas causas responden a aspiraciones legítimas de dignidad y protección. Pero existe un riesgo característico de nuestro tiempo: que la política, absorbida por la multiplicación de identidades parciales, olvide su tarea más alta, que es articular un horizonte de pertenencia compartida. El reto no consiste en negar la diversidad, sino en armonizarla con un marco común de derechos, deberes y lealtades públicas.
La memoria de las instituciones
Lo más inquietante no es solo la suma de episodios, sino el hábito que van creando. Un país no se deteriora de golpe; se deteriora cuando empieza a considerar normal lo que debería alarmarlo. La vida pública española se ha acostumbrado demasiado al sobresalto, a la improvisación elevada a método y a la lógica de la urgencia como coartada permanente. Pero las instituciones no existen para acompañar el ruido, sino para contenerlo; no para justificar cualquier maniobra posible, sino para preservar aquello que una sociedad no debería poner en juego en cada batalla partidista.
Por eso convendría recuperar una ética de la contención. No todo lo legal fortalece la legitimidad, ni todo lo parlamentariamente posible mejora la convivencia. Las democracias sanas se reconocen también por sus frenos morales, por una prudencia compartida que impide llevar cada disputa hasta su extremo más rentable. El poder necesita eficacia, pero también ejemplaridad; la oposición, firmeza, pero también altura.
Otra carencia del presente es el debilitamiento de la continuidad histórica. Se actúa a menudo como si cada legislatura pudiera empezar de cero. Sin embargo, las democracias sólidas no prosperan por impulsos, sino por sedimentaciones; no por la brillantez episódica de sus dirigentes, sino por la capacidad de una sociedad para reconocerse heredera de una obra común. Defender lo común exige también defender la memoria institucional del país.
Ese desgaste se agrava en una legislatura sostenida sobre equilibrios precarios, cesiones sucesivas y una atmósfera de provisionalidad casi permanente. España vive pendiente del siguiente sobresalto judicial, del próximo intercambio de reproches, de la negociación límite presentada como única salida posible. Y una democracia no puede respirar indefinidamente en ese régimen de excepción emocional sin pagar un precio cada vez más alto en credibilidad, cohesión y fortaleza institucional. El Estado de derecho no se resiente solo cuando se quebranta: también cuando se le obliga a vivir siempre al borde de su fatiga.
Volver a tejer la casa común
La gran tarea política de este tiempo acaso consista en volver a tejer la casa común sin negar la pluralidad de quienes la habitan. No se trata de imponer uniformidades ni de fabricar consensos de ocasión, sino de restituir un marco de lealtades compartidas dentro del cual la discrepancia no destruya aquello mismo que la hace posible. Gobernar debería significar custodiar lo que pertenece a todos; oponerse, ofrecer también sentido de Estado cuando las circunstancias lo exigen. Un país no se sostiene solo sobre leyes y procedimientos, sino sobre una moral cívica hecha de moderación, memoria, ejemplaridad y respeto. Cuando esa base se resquebraja, la política deja de ser una forma de gobierno y empieza a parecerse demasiado a una lucha de desgaste.
Por eso la cuestión decisiva no es solo si los actores políticos son todavía capaces de hablar entre sí, sino si conservan la voluntad de reconocerse mutuamente dentro de un mismo marco de obligaciones democráticas. El diálogo no fracasa únicamente cuando se rompe la conversación; fracasa, sobre todo, cuando desaparece la convicción de que existe algo que merece ser salvado entre posiciones enfrentadas. Y si esa convicción se extingue, la vida pública corre el riesgo de reducirse a una mera técnica de ocupación del poder, vaciada ya de toda ambición cívica superior.
Lo que se ha visto en las últimas jornadas confirma, en todo caso, que el problema ha dejado de ser una simple crispación coyuntural. Cuando la agenda nacional queda absorbida por sobresaltos judiciales, por reacciones defensivas en cadena y por una pugna sin pausa entre legitimidades enfrentadas, la política deja de orientar y empieza, sencillamente, a consumir al país. Gobiernos y oposiciones no pueden convertir cada episodio en munición para el siguiente sin deteriorar el crédito del sistema entero. Hay momentos en los que la democracia exige algo más difícil que la victoria táctica: exige límite, claridad y verdad.
La pregunta decisiva ya no es si el diálogo transversal sigue siendo deseable, sino si aún puede rescatarse antes de que el estrépito se convierta en desastre. Ese espacio de entendimiento ha quedado gravemente herido tras años de confrontación elevada a método, de desgaste institucional convertido en rutina y de supervivencia política confundida con razón de Estado. Los últimos acontecimientos no han corregido esa deriva: la han dejado brutalmente al descubierto. Porque las democracias no se desfiguran solo cuando violan sus normas, sino también cuando erosionan su espíritu, degradan su lenguaje y acostumbran a los ciudadanos a vivir en la fatiga moral. Llegados a este punto, prolongar la extenuación nacional en nombre de una continuidad vacía sería una temeridad. Devolver la palabra a los ciudadanos mediante elecciones no sería una huida, sino un deber de restitución democrática. Antes del desastre, todavía queda una salida digna. Lo irresponsable, a estas alturas, ya no sería votar. Lo irresponsable sería persistir en el estrépito como si el país pudiera soportarlo todo sin acabar pagando un precio irreparable.
