La CRUE, Israel y el silencio ante otras tiranías
Rubén Darío Torres Kumbrián.
En mayo de 2024, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) decidió recomendar la suspensión o revisión de los convenios con universidades israelíes que no mostraran un “firme compromiso con la paz y el derecho internacional humanitario”. La medida, adoptada en el contexto de la guerra en Gaza, fue presentada como un gesto moral y solidario con el pueblo palestino. Sin embargo, su alcance político e histórico exige una reflexión más serena: ¿por qué ahora? ¿y por qué solo Israel?
Desde su creación en 1994, la CRUE ha sido un organismo de cooperación, representación y diálogo entre las universidades españolas. En tres décadas, mantuvo vínculos académicos con instituciones de todo el mundo, incluso en países con regímenes autoritarios o responsables de graves violaciones de derechos humanos. Nunca, hasta 2022, había impulsado decisiones de suspensión por razones políticas o bélicas.
El precedente ruso
La primera excepción se produjo tras la invasión rusa de Ucrania. En marzo de 2022, la CRUE se sumó a la decisión del Gobierno español y de la Unión Europea de suspender la cooperación institucional y científica con universidades y centros de investigación rusos y bielorrusos. Era una reacción coherente con las sanciones internacionales adoptadas por la UE y la ONU. Por primera vez, la universidad española se alineaba con una decisión diplomática colectiva.
Aquel precedente marcó un punto de inflexión: la comunidad universitaria entraba en el terreno de la política internacional, pero lo hacía dentro de un marco legal y consensuado.
El caso israelí: una decisión unilateral
El caso de Israel, sin embargo, es distinto. No existía ninguna sanción internacional ni resolución de la UE que recomendara suspender vínculos académicos. La CRUE actuó por iniciativa propia, impulsada más por la presión mediática y social que por un criterio jurídico. Varias universidades españolas —entre ellas las de Granada, Málaga y València— suspendieron acuerdos bilaterales. Otras, como la Autónoma de Madrid o la Politécnica de Catalunya, optaron por mantenerlos. En septiembre de 2025, los tribunales superiores de justicia de Andalucía y de la Comunidad Valenciana anularon algunas de esas decisiones por considerarlas discriminatorias por razón de nacionalidad.
El resultado fue paradójico: se castigó a instituciones donde una parte significativa del profesorado y del estudiantado israelí se opone activamente al Gobierno de Netanyahu y defiende la paz.
¿Y las otras tiranías?
Si el criterio es el respeto a los derechos humanos, la coherencia debería ser universal. Sin embargo, desde 1994 la CRUE nunca ha suspendido relaciones con universidades chinas, pese a las violaciones en Xinjiang o la represión en Hong Kong. Tampoco lo ha hecho con universidades venezolanas, iraníes o cubanas, pese a los encarcelamientos de estudiantes, censura y persecución política.
En los años noventa, no hubo medidas contra universidades sudafricanas, incluso cuando el apartheid aún dejaba heridas abiertas. La universidad española ha mantenido —y en muchos casos intensificado— la cooperación académica con regímenes autoritarios sin plantear rupturas.
África y Oriente Medio: cooperación incluso en medio de guerras
Desde su fundación la CRUE ha impulsado programas de cooperación con universidades africanas y de Oriente Medio, incluso en países en guerra o bajo regímenes represivos. En Sudán, durante la guerra de Darfur y el mandato del dictador Omar al-Bashir, nunca se suspendieron convenios. En Etiopía y Eritrea, durante la guerra del Tigray (2020–2022), la cooperación universitaria española continuó sin interrupción. En la República Democrática del Congo, pese a los informes de Naciones Unidas sobre violaciones sistemáticas, siguieron los programas de movilidad y formación técnica.
En Egipto, tras el golpe militar de 2013 y la represión del régimen de Abdel Fattah al-Sisi, decenas de estudiantes y profesores fueron encarcelados o desaparecidos. Sin embargo, la CRUE mantuvo relaciones con universidades egipcias y participó en programas financiados por la UE en el marco del Erasmus+ MENA.
También con Irak, tras la invasión de 2003 y durante la posterior guerra civil, continuaron los convenios de cooperación y formación técnica con universidades iraquíes, dentro de proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la propia CRUE. Ni los abusos de derechos humanos ni los informes de la ONU motivaron ruptura alguna.
Incluso con Marruecos y Túnez, países donde persisten la censura y la represión política, los lazos académicos se han mantenido y celebrado oficialmente.
En cambio, con Israel —una democracia plural, con prensa libre, elecciones competitivas y debate público interno— se decide suspender o “revisar” las relaciones.
El contraste es evidente: la moral selectiva opera solo cuando la causa resulta popular o mediáticamente rentable.
El riesgo del activismo institucional
La universidad puede y debe defender valores universales, pero no convertirse en juez político del mundo. Romper relaciones con universidades donde se debaten precisamente esos valores —la democracia, la libertad académica, la crítica al poder— no fortalece la causa de la paz: la debilita.
La cooperación universitaria no es un premio ni una sanción, sino una herramienta de conocimiento y de encuentro. Si la universidad se guía por el impulso ideológico del momento, pierde su autonomía moral y se somete al vaivén del activismo.
La memoria que falta
Desde 1994, la CRUE no suspendió relaciones con universidades por Tiananmén, ni por el genocidio de Darfur, ni por la represión en Egipto, Irán o Venezuela. Solo lo hizo —y con fundamento jurídico internacional— tras la invasión rusa de Ucrania. Y ahora, lo hace de manera unilateral y polémica, con Israel.
La pregunta que queda no es política, sino moral: ¿por qué unos conflictos generan boicot y otros indiferencia? ¿por qué la universidad española decide romper puentes con una democracia, pero no con dictaduras reconocidas?
Si la ética académica se aplica de modo selectivo, deja de ser ética y se convierte en propaganda.
El prestigio de nuestras universidades se construyó sobre el pluralismo intelectual y la independencia crítica. Ese es el legado que la CRUE debería preservar, sin confundirse con el ruido ideológico ni erigirse en tribunal moral del planeta.
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