La trama Ábalos-Koldo-Cerdán, que afecta al PSOE, y la trama Montoro, que afecta al PP, han desatado un cruce de acusaciones entre los partidarios de uno y otro bando para aparentemente dilucidar qué corrupción es peor o qué partido de los dos es más corrupto. Para acordar si es mejor la corrupción cutre o la premium, en palabras de Gabriel Rufián. Se trata, en cualquier caso, de una discusión inútil y tremendamente corrosiva para la democracia. Lo único que puede salir de ella es más desafección ciudadana y mayor beneficio para las fuerzas antisistema. Tal vez, la discusión sería más útil si enfocáramos la corrupción como lo que es: un delito.
Para empezar, no es cierto, como dicen partidos como Podemos o Vox, que la corrupción sea patrimonio del bipartidismo. Todos los partidos que han gobernado, bien en el gobierno central, en los autonómicos o en los ayuntamientos, la han sufrido. No solo han sido el PSOE y el PP, sino también el PNV, la antigua CIU, el PdeCAT, IU, UPN, el Partido Andalucista, Ciudadanos y Coalición Canaria (ver, por ejemplo, https://casos-aislados.com/tramas.php).
También se pueden cometer delitos de corrupción sin gobernar, como ha sucedido en los casos probados de financiación ilegal de Vox y Se Acabó la Fiesta.
Incluso partidos aparentemente inmaculados como Podemos y Sumar han formado parte de gobiernos en los que ha habido corrupción, sin haber sido capaces de prevenirla ni de detectarla. Por ejemplo, en 2021, Pablo Iglesias defendió públicamente a José Luis Ábalos, recién salido del gobierno, frente a las acusaciones de algunos medios sobre su vida personal. Precisamente, uno de los objetivos que proclamaban estos partidos para formar coalición con el PSOE era la de vigilar y prevenir la aparición de este tipo de casos. Es evidente que no han tenido éxito.
Para continuar, no basta con querer corromperse. Hay que tener la posibilidad de hacerlo. La mayoría de las personas no son corruptas, en primera instancia, porque no pueden serlo. No tienen acceso a contrataciones con fondos públicos o privados, ni a redactar el BOE o los equivalentes boletines oficiales autonómicos y municipales. Sus dos únicas posibilidades de corromperse son ocultar ingresos en la declaración de la renta y contratar servicios sin pagar el IVA. Y, aun así, algunos las aprovechan. Por eso, la mayoría de los casos de corrupción se dan en la administración pública y, en menor medida, entre los cargos directivos de la empresa privada. Es decir, en puestos que mueven dinero, sea este público o privado.
Una vez que se tiene la posibilidad, la mayoría de las personas que ocupan este tipo de cargos son honradas y no caen en la corrupción. Pero, al igual que en la sociedad hay gente que roba, agrede, viola o mata, una pequeña parte de los que pueden corromperse, deciden hacerlo. Es decir, al igual que aquellos otros, deciden delinquir en uso de su libertad. La corrupción es, por lo tanto, tan solo un delito más, un delito de robo en el que intervienen dos partes: el corrupto y el corruptor.
Las sociedades democráticas se defienden de los delincuentes por medio de las fuerzas de seguridad —policía, guardia civil, mossos, etc.—, el código penal y el sistema judicial. En el caso de la corrupción, tan importantes como estos recursos punitivos son los mecanismos que la pueden prevenir antes de que suceda. La posibilidad de corromperse es tanto mayor cuanto mayores sean las expectativas de que el delito no sea descubierto y quede impune.
Por eso, la discusión política relevante no es quién es más corrupto o si el fenómeno es culpa del bipartidismo, sino qué está dispuesto a hacer cada partido para prevenirla y perseguirla con éxito. Y de esto se ha hablado poco, especialmente por parte de los partidos que más acusan: PP, Vox y Podemos.
El caso Montoro ha puesto de manifiesto al menos dos deficiencias: la no regulación de los lobbies y la insuficiente regulación de las puertas giratorias. Las empresas y grupos de presión tienen derecho a tratar de influir en las leyes que les afectan, pero siempre que lo hagan a la luz pública. Es decir, las agendas de los políticos deben ser transparentes y también los temas tratados en sus reuniones con los lobbies. La opacidad actual favorece la compra de favores. Han pasado al menos tres legislaturas en las que se prometió su regulación y esta sigue aun pendiente.
En cuanto a las puertas giratorias, no es admisible que altos funcionarios de Hacienda pasen tan fácilmente a bufetes privados donde se asesora a las empresas sobre temas fiscales. Ni que algunos inspectores de Hacienda impartan cursos sobre “optimización fiscal” pagados por empresas.
El caso Ábalos-Koldo-Cerdán pone de actualidad dos cuestiones más: la regulación de los aforamientos y la colonización de las instituciones públicas por parte de los partidos políticos. Los aforamientos no deberían proteger al aforado de delitos comunes ajenos al ejercicio de su cargo. Y, en relación a lo segundo, la pregunta a contestar es cuántos cargos de libre designación deben ser nombrados por los partidos y quiénes deben ocuparlos. La respuesta que han dado otros países con menos corrupción es que han de ser los menos posibles y, dentro de esto, los más preparados técnicamente.
España ha sido advertida por agencias internacionales de que aquí se nombran demasiados cargos y suele primar el criterio de la fidelidad al partido o al líder de turno frente al de independencia, mérito y preparación. Si los cargos institucionales son simples marionetas de los partidos que les propusieron, las probabilidades de corrupción aumentan.
Las 15 medidas propuestas por Pedro Sánchez el 9 de julio son bienvenidas, pero algunos de los aspectos comentados siguen sin abordarse. Por ejemplo, la regulación de los aforamientos o los nombramientos discrecionales de los partidos. Se abordan, no obstante, la regulación de los lobbies, la contratación pública, la transparencia de las administraciones, la obligatoriedad de auditar las cuentas de los partidos políticos, la protección de los informantes anónimos, el reforzamiento de la fiscalía anticorrupción y el aumento de las sanciones a las empresas corruptoras.
La corrupción no es una maldición divina ni un tema moral con el que zaherir al adversario. Es, por encima de todo, un delito y todos los partidos deberían estar interesados en combatirlo. Las propuestas y compromisos para hacerlo son la piedra de toque para saber si son sinceros sus lamentos y acusaciones.
Ricardo Peña
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