Honduras llega a las elecciones del 30 de noviembre tras un ciclo político intenso y, en muchos sentidos, reparador. Xiomara Castro, primera mujer presidenta del país, culmina su mandato como símbolo de la restitución democrática interrumpida en 2009, cuando su esposo, Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe de Estado transmitido en directo: un presidente detenido en pijama por órdenes judiciales y acusado de intentar reformar la Constitución.
Aquel episodio fracturó el alma política de Honduras. Desde entonces, una sucesión de gobiernos conservadores consolidó redes de corrupción y narcotráfico en la cúspide del poder y el país se convirtió en un territorio donde se confundían el crimen organizado y la política.
La victoria de Castro en 2021, con una participación histórica del 69 % en un sistema de voto voluntario, acabó con doce años de hegemonía conservadora entre el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Xiomara Castro ha ejercido un liderazgo poco dado a la grandilocuencia, pero firme en los principios. A diferencia de quienes la subestimaron por ser “la esposa de Zelaya”, ha demostrado ser una figura política con identidad propia capaz de reconstruir la institucionalidad de un país devastado por la corrupción y la violencia.
Durante su mandato, ha gestionado una economía al límite (con agotamiento fiscal, productivo y social), una institucionalidad erosionada y un Estado profundamente infiltrado por redes de narcotráfico. Las condenas en EE. UU. contra el expresidente Juan Orlando Hernández, su hermano y varios exministros y diputados por delitos de narcotráfico evidencian la profunda connivencia entre poder político y crimen organizado y el grado en que estas estructuras capturaron al Estado durante la última década.
Xiomara Castro ha intentado romper el vínculo histórico entre Estado y crimen organizado, impulsando reformas judiciales, reactivando la cooperación con la DEA y promoviendo la CICIH con acompañamiento de la ONU. Estos esfuerzos han chocado con la resistencia de élites económicas y mediáticas, la oposición de sectores conservadores del Congreso, que bloquearon leyes clave, y con la distancia de Washington. A ello se suman la corrupción judicial y la debilidad institucional, que mantienen alto el riesgo de cooptación política, motivo por el cual OEA y UE supervisan de cerca la financiación electoral.
En paralelo, el gobierno ha desplegado políticas de prevención social (de impacto gradual) y procesos de depuración policial (avanzan con lentitud debido a la resistencia interna). Aunque la ciudadanía reconoce algunos avances, persiste la percepción de que “todavía no se ven cambios profundos”, debido a que las estructuras criminales y de corrupción siguen siendo resilientes y requieren transformaciones de largo plazo para ser desmontadas.
Las elecciones se celebran bajo la nueva Ley Electoral de 2021, que refuerza la transparencia y el control de la financiación política. Tres grandes fuerzas dominan el escenario: Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el poder; Partido Nacional, principal fuerza opositora de derecha y Partido Liberal, tercera vía histórica, hoy en retroceso.
Rixi Moncada, ex Secretaria de Defensa Nacional y figura cercana a Xiomara Castro, lidera la candidatura del partido LIBRE con más del 60 % de apoyo en las primarias. Su perfil técnico, firmeza anticorrupción y experiencia institucional la posicionan como la candidata de la continuidad.
El Partido Nacional, aún marcado por el legado del expresidente preso (Juan Orlando Hernández), intenta recomponerse con la candidatura de su esposa, Ana García de Hernández, respaldada por sectores evangélicos y empresariales. Apela al orden y la moral conservadora y enfrenta el rechazo de votantes urbanos y jóvenes.
Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, se presenta como un gestor eficiente, pero aparece vinculado a casos de corrupción (contratos públicos, Pandora Papers…). El presidente Donald Trump ha respaldado esta candidatuira para contrarrestar el narcotráfico. El Partido Liberal intenta sobrevivir bajo el liderazgo del veterano Salvador Nasralla, con un discurso populista de centro-derecha. Otros partidos minoritarios promueven una agenda inspirada en Nayib Bukele y Javier Milei, reflejando la expansión del discurso autoritario.
Honduras llega a los comicios en un clima político más estable, pero continúa siendo un país muy vulnerable. La inseguridad y el crimen organizado son las mayores preocupaciones. La corrupción institucional erosiona la confianza y la migración masiva (más de 250.000 hondureños han abandonado el país), refleja la desesperanza social.
Aun así, la ciudadanía muestra mayor conciencia política y se espera una participación del 65–70 %. El voto joven y femenino (clave en la victoria de Castro) volverá a ser decisivo
El desafío de Rixi Moncada es demostrar que continuidad no es inmovilidad. Castro deja una base social más consecuente, pero también impaciente ante la falta de mejoras tangibles (empleo, seguridad, falta de oportunidades).
La oposición, apuesta por el desgaste del oficialismo y la polarización ideológica, apelando al miedo al “comunismo” o a la ineficiencia estatal, pero carecen de un proyecto nacional y no tienen respuestas para el desempleo o la violencia. El país enfrenta tres desafíos
Economía y contexto electoral
Honduras basa su economía en la agricultura de exportación (café, banano, palma y melón), ensamblaje textil (maquila), recursos forestales y un sector minero con potencial y polémica (conflictos socioambientales, minería ilegal y oposición comunitaria). A ello se suma una biodiversidad excepcional, amplios recursos hídricos y el turismo en las Islas de la Bahía, infra explotados frente a su verdadero potencial.
La economía hondureña crece lentamente y de manera desigual. Su motor principal continúa siendo las remesas (25 % del PIB). El sector agrícola, afectado por las sequías y por los huracanes, es la principal fuente de empleo rural. La industria y los servicios se concentran en San Pedro Sula y Tegucigalpa, lo que acentúa la desigualdad territorial.
El desempleo juvenil supera el 30 %, empujando a cientos de miles de jóvenes a ver en la migración una salida. Aunque la inflación se mantiene alrededor del 5 %, el endeudamiento público del 50 % del PIB y los bajos niveles de inversión social frenan el desarrollo.
Violencia, criminalidad organizada y crisis humanitaria
Honduras sufre un aumento de la violencia vinculada a maras y pandillas, reforzado con el retorno de deportados desde EE. UU. Según InSight Crime, la violencia ha pasado de ser un fenómeno juvenil marginal a un sistema criminal estructurado, con ingresos ilícitos, control territorial y vínculos internacionales.
La pobreza estructural y la falta de oportunidades alimentan este ciclo difícil de romper.
Las pandillas MS-13 y Barrio 18 siguen siendo las más influyentes, aunque el panorama delictivo está más fragmentado que en El Salvador o Guatemala. Se dedican a la extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, manteniendo una organización por “clicas” (grupos locales de 5 y 30 miembros que operan en zonas específicas) que extienden su influencia a los centros penitenciarios.
Las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba que son nodos del narcotráfico hacia el Caribe y EE.UU., concentran los mayores índices de homicidios. Aunque han descendido, Honduras es uno de los países más violentos del continente (31 homicidios por 100. 000 habitantes. Ministerio de Seguridad, 2023).
Mujeres y jóvenes (especialmente hombres) son las principales víctimas de la violencia e inseguridad: en 2023 fueron asesinadas 380 personas (más de una por día), el 38 % entre 18 y 30 años. La violencia sexual, el reclutamiento forzado y las amenazas obligan a miles (en su mayoría mujeres) a huir de sus comunidades, según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, 2024)
El narcotráfico sigue siendo el mayor desafío estructural y un factor determinante en su vida política. Durante décadas, redes criminales han infiltrado municipios, fuerzas de seguridad y organismos del Estado. El Carnegie Endowment for International Peace, describe a Honduras como un entramado cleptocrático donde convergen élites económicas, aparato estatal y crimen organizado.
Sectores como banca, telecomunicaciones, medios de comunicación, grupos militares y élites agrarias han tejido alianzas con redes de narcotráfico y contrabando para asegurar rentas y protección política. Esta estructura tripartita (sector público, sector privado y crimen organizado) ha capturado instituciones clave y financiado campañas electorales (entre el 20 % y el 30 % de la financiación política rural proviene de actividades criminales).
Geopolítica: Honduras en el tablero regional
Honduras ocupa una posición estratégica entre el Caribe y el Pacífico, en el corazón de las rutas migratorias y de los flujos ilícitos que atraviesan el istmo centroamericano. Su ubicación convierte al país en un punto de paso obligado para migrantes, redes de narcotráfico y dinámicas de seguridad regional, lo que incrementa su relevancia geopolítica en un entorno altamente volátil.
En una situación regional inestable (crisis institucional en Guatemala, deriva autoritaria en El Salvador y represión sistemática en Nicaragua), Honduras se ha convertido en el último laboratorio democrático del norte de Centroamérica. El rumbo político de Tegucigalpa influirá directamente en los equilibrios del SICA y del Parlamento Centroamericano, y determina la orientación futura de la región.
Un triunfo de Rixi Moncada consolidaría un eje progresista moderado, alineado con México y Brasil, mientras que una victoria conservadora reforzaría la agenda de seguridad respaldada por Washington. Aunque la relación bilateral se ha enfriado, EE. UU. sigue considerando a Honduras una pieza clave para contener la migración y el narcotráfico. Paralelamente, el gobierno de Castro ha diversificado alianzas hacia el Sur Global, abriendo relaciones con China y estrechando vínculos con Sudamérica. Esta autonomía (inédita desde los años ochenta) ha ampliado el margen de maniobra de Tegucigalpa, pero también ha generado fricciones con élites tradicionales y con sectores mediáticos afines a Washington.
En este contexto, EE. UU. ha exigido a la OEA un control reforzado del proceso electoral hondureño, incluyendo verificación estricta de actas, auditorías externas y vigilancia intensificada en zonas de riesgo. Washington pretende que la OEA actúe no sólo como observadora, sino como garante operativo, condicionando la legitimidad del resultado e incrementando su influencia sobre el desenlace electoral. Se trata de una presión que no aplica con la misma intensidad en países políticamente alineados con Washington.
Este enfoque revela una doble moral estructural en la política exterior estadounidense. Mientras reclama transparencia máxima en Honduras, EE. UU. mantiene relaciones estrechas con actores y partidos de la región cuya financiación ilícita está documentada, incluidos líderes y expresidentes juzgados o encarcelados en tribunales federales por narcotráfico. La narrativa antidroga (presentada como misión moral ante los estadounidenses) opera así como un instrumento de intervención selectiva, más que como un compromiso coherente contra el crimen organizado.
El narcotráfico no se combate por lo que es, sino por lo que permite justificar: presión diplomática sobre gobiernos no alineados, deslegitimación de liderazgos incómodos, control estratégico de Estados frágiles y procesos electorales donde Washington considera que tiene intereses vitales.
Las relaciones Honduras–Unión Europea se caracterizan por la cooperación para el desarrollo, el diálogo político y la apuesta por la estabilidad regional. Bruselas considera a Honduras un socio prioritario dentro del Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica. España mantiene una relación histórica y especialmente activa, marcada por la cooperación, la inversión empresarial y una diplomacia centrada en la gobernanza democrática. La AECID es uno de los actores europeos más relevantes en el país. Madrid impulsa una relación de “socios estratégicos”, en la que convergen intereses económicos, sensibilidad social y una marcada cercanía cultural. En los últimos años, España ha reforzado su papel de puente entre Bruselas y Centroamérica, consolidando su presencia en los principales temas de gobernanza y desarrollo.
Cambio climático y migraciones
El cambio climático se ha convertido en un factor estructural en la crisis hondureña, situando al país entre los más vulnerables del mundo (IGRC). Los huracanes Eta e Iota provocaron destrucción de infraestructuras, pérdida de cultivos, desplazamientos internos y un impacto económico que condiciona la estabilidad nacional. A ello se suman las sequías prolongadas del Corredor Seco, las lluvias irregulares y la erosión de suelos, que agravan una inseguridad alimentaria que afecta a más de dos millones de personas (PMA y PNUD). Con un 60 % de la población viviendo con menos de 5,5 dólares diarios, la vulnerabilidad social es extrema y cada fenómeno climático se convierte en una crisis humanitaria recurrente.
A los motivos tradicionales (económicos y de seguridad) se suma un grupo creciente de desplazados climáticos. Aunque EE. UU. sigue siendo el destino principal, México se ha convertido en país de tránsito y también de contención, en un contexto de mayores restricciones en la ruta hacia el norte.
Epílogo
En los mercados de Tegucigalpa y las calles de San Pedro Sula, entre el olor del café recién tostado y la lluvia que humedece los muros desconchados, la gente vuelve a hablar de política, pero con esa mezcla de escepticismo y esperanza que caracteriza a los pueblos que han sufrido.Guillermo Anderson – “En mi país”
