Juan de Justo Rodriguez
El desafío de los incendios forestales en España, un problema cíclico que cada verano se recrudece, ha alcanzado una magnitud que lo consolida como una de las peores crisis de las últimas tres décadas. Si bien el número total de siniestros ha disminuido, la ferocidad de los Grandes Incendios Forestales (GIF) ha revelado una vulnerabilidad profunda y sistémica. Esta paradoja, en la que la cantidad se reduce, pero la intensidad se dispara, es el síntoma de una enfermedad más grave: un modelo de gestión reactivo, centrado en la extinción, que ha desatendido de manera crónica la necesidad de una prevención proactiva y eficaz. La crisis de este año no es una anomalía, sino la consecuencia directa de una falta de previsión y una ineptitud política que, a pesar de las repetidas lecciones, se mantiene con una desvergüenza inaceptable.
A nuestro entender, las causas profundas de esta crisis son una combinación de factores socioeconómicos, medioambientales y políticos. La acumulación de combustible forestal es el punto de inflexión. El abandono masivo del medio rural, un fenómeno que se ha acelerado en las últimas décadas debido a la falta de rentabilidad del sector primario y la migración a las ciudades, ha transformado el paisaje en un polvorín. Millones de hectáreas de tierras de cultivo han quedado sin uso, permitiendo que la vegetación prolifere sin control. Este éxodo rural no solo ha despojado a los campos de vida, sino que también ha eliminado un cortafuegos natural que la agricultura y la ganadería extensiva construían históricamente. El «paisaje en mosaico», con sus zonas cultivadas y pastoreadas, creaba barreras que impedían la propagación del fuego. La pérdida de esta herramienta ancestral es una de las principales causas de la virulencia actual de los incendios. Por lo tanto, la prevención no es solo una cuestión de tecnología o de inversión puntual, sino de reactivar la gestión del territorio a través de un modelo económico y social que revitalice el campo, devolviéndole su función de guardián natural. La inacción ante este problema estructural se agrava por la respuesta inadecuada a la amenaza del cambio climático, que actúa como un «multiplicador de la amenaza». Las sequías prolongadas y las olas de calor extremas, que ya no son eventos aislados sino una constante veraniega, secan la vegetación, convirtiendo el monte en un material altamente inflamable. La combinación de esta vegetación seca con vientos de alta velocidad crea un «cóctel explosivo» que, como hemos visto este año, facilita la propagación de megaincendios que superan la capacidad de los sistemas de extinción más avanzados.
La desvergüenza de la clase política es patente en su inacción y en la hipocresía de sus discursos. Cada verano, los líderes políticos expresan su solidaridad con las víctimas y elogian el trabajo heroico de los bomberos y los equipos de extinción, pero rara vez asumen su responsabilidad por la falta de inversión en medidas preventivas. La prevención no es un gasto, sino una inversión. Sin embargo, la clase política prefiere invertir en el espectáculo de la extinción, una imagen que genera una respuesta emocional inmediata y un aparente sentido de control, en lugar de abordar las causas de raíz, una tarea ardua y menos visible. Este enfoque se traduce en la falta de planes de autoprotección en la mayoría de los municipios vulnerables y en la incapacidad de fomentar una verdadera «cultura de riesgo» en la sociedad. La diferencia abismal entre la inversión en extinción y en prevención, que en España es ridículamente baja en comparación con países con ecosistemas similares, es una prueba irrefutable de la miopía y la desvergüenza con la que se aborda este problema.
La ineficacia de la prevención, una de las principales razones del desastre recurrente, se manifiesta de múltiples maneras, desde la falta de gestión forestal hasta la nula educación ambiental. Una buena prevención debe llevarse a cabo de forma continua y coordinada, no solo durante la época de alto riesgo. Implica la limpieza y el mantenimiento de los bosques, la creación de cortafuegos estratégicos, la gestión sostenible de la biomasa y la promoción de prácticas rurales tradicionales. Además, la prevención debe integrar la tecnología, con sistemas de detección temprana, como drones o satélites, que permitan una respuesta rápida y eficaz ante los conatos de incendio. La inversión en estos sistemas, que podrían mitigar la escalada de pequeños fuegos en grandes catástrofes, se ha visto relegada a un segundo plano. La clase política ha demostrado su ineptitud al no priorizar estas medidas, dejando a la población y al medio ambiente a merced de los incendios. La prevención no es una acción puntual, sino un proceso constante y sistémico que debe llevarse a cabo de manera coordinada entre las diferentes administraciones (locales, autonómicas y estatales) y la sociedad civil.
Para entender la magnitud del problema, es fundamental ponerle cifras a la catástrofe. En este último año, los incendios han arrasado una cifra que se aproxima a las 350.000 hectáreas, una superficie comparable a una provincia pequeña. En la lucha contra las llamas se han movilizado miles de efectivos humanos, incluyendo bomberos forestales, brigadas de emergencia y miembros de las Fuerzas Armadas, apoyados por una flota de cientos de aeronaves y miles de vehículos terrestres. El coste económico de la extinción se estima en miles de millones de euros, sin contar los daños incalculables a la biodiversidad, la pérdida de propiedades y los costes de reconstrucción. Lo más trágico es la cifra de muertos y heridos, tanto civiles como personal de extinción, un recordatorio doloroso de que la desidia política tiene un precio en vidas humanas.
En conclusión, la crisis de los incendios forestales en España de este año no es solo una tragedia ambiental, sino un reflejo de una crisis de gobernanza. La falta de prevención, la ineptitud de la clase política y la desvergüenza con la que se evaden responsabilidades han convertido un problema manejable en una catástrofe recurrente. Las razones son claras: el abandono del medio rural, la acumulación de combustible forestal y la falta de inversión en medidas preventivas. La solución no reside en una mejor extinción, sino en un cambio de paradigma radical que invierta en la resiliencia del paisaje y en la gestión del territorio a largo plazo. Hasta que no se aborden estas causas de raíz, los incendios seguirán siendo el precio que pagamos por la miopía y la falta de liderazgo de quienes nos gobiernan. Es hora de exigir responsabilidades y de pasar de la retórica a la acción, antes de que el fuego consuma lo que nos queda.
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