No resulta éticamente aceptable ni jurídicamente coherente que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebre su III Congreso de Derecho Sanitario en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), una institución cuya Junta Directiva se encuentra en entredicho por no haber permitido la toma de posesión de la candidatura que ganó democráticamente las elecciones del 19 de diciembre de 2024. Esta situación, que supone una grave anomalía institucional, no solo vulnera principios elementales del Estado de Derecho, sino que además contraviene los valores que el propio ICAM debe defender como corporación de derecho público que representa a la abogacía madrileña.
Celebrar un evento jurídico de relevancia en una sede que se halla bajo la sombra de una posible ilegitimidad democrática equivale, en la práctica, a otorgar respaldo —aunque sea implícito— a conductas que pueden ser calificadas como antidemocráticas e incluso corruptas si se confirma que responden a la voluntad de mantenerse en el poder al margen del resultado electoral.
Más grave aún es que el evento tenga por objeto el Derecho Sanitario, una rama que se vincula directamente con la protección de los derechos fundamentales de las personas en el ámbito de la salud, lo que hace aún más inadmisible que se normalice una situación institucional que ignora el principio de soberanía democrática de los colegiados.
El ICAM no puede ni debe permanecer ajeno ni neutral ante este tipo de situaciones. Su deber es con la legalidad, con la transparencia y con la defensa de los valores constitucionales. En consecuencia, celebrar su congreso en el ICOMEM, bajo estas circunstancias, supone una incoherencia institucional de enorme calado y lanza un mensaje equivocado tanto a los colegiados como a la sociedad.
Si el ICAM desea preservar su credibilidad frente a miles de médicos de la Comunidad de Madrid a los cuales, la actual Junta Electoral ilegitima y en funciones del ICOMEM, han usurpado sus derechos amparados por el artículo 23 de la CE y Si el ICAM desea actuar con la altura ética que exige su función representativa, debería reconsiderar de inmediato el lugar de celebración del congreso, así como emitir una posición clara en favor de la restauración del orden democrático en el ICOMEM. De lo contrario, corre el riesgo de aparecer como cómplice o encubridor de una deriva autoritaria que resulta incompatible con el espíritu de la abogacía y con la esencia misma del Derecho.
Tomás Merina (Médico y Presidente electo ICOMEM)
Susana Rodríguez de Cos, Médico de Familia y Secretaria electa de ICOMEM
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