El Contrato Social en Juego.
Juan de Justo Rodríguez
Lo que durante décadas ha sido considerado el buque insignia de nuestro Estado de Bienestar, aquello que fue ejemplo para el mundo entero y que tanto esfuerzo costó construir, se encuentra hoy en una situación crítica. Aquel sistema sanitario que, bajo un firme impulso socialdemócrata, alcanzó la cota de la universalidad, parece hoy zozobrar ante una gestión que parece haber olvidado su propósito fundacional. No se trata de un suspense innecesario ni de un acertijo retórico: la sanidad pública española, piedra angular de nuestra convivencia, está siendo sometida a una presión que amenaza con desmantelar su esencia misma.
Las noticias que recibimos a diario son demoledoras para el sistema. Observamos con inquietud cómo en determinadas comunidades autónomas se impulsan políticas que, aunque revistan formas legales, parecen formar parte de una estrategia deliberada para erosionar lo público en beneficio de intereses privados. Es imperativo realizar una crítica justa y sosegada, pero firme, ante lo que se percibe como un alejamiento del compromiso ético con la salud de la ciudadanía.
El síntoma del desprecio: El caso de la atención oncológica
Uno de los ejemplos más dolorosos de esta deriva ha tenido lugar recientemente en Andalucía. Cientos de mujeres, enfrentadas a la incertidumbre vital que supone una prueba para identificar un posible cáncer de mama, han visto cómo su circunstancia personal y su estado emocional eran ignorados por la administración. La gravedad del asunto no reside solo en el retraso administrativo, sino en la respuesta política que le siguió.
Escuchar desde la máxima responsabilidad de una comunidad autónoma que este asunto carece de importancia, bajo el argumento de que solo una «minoría insignificante» de las no diagnosticadas resultaría finalmente positiva, supone un alarde de cinismo impropio de un sistema democrático. En el marco de la gestión sanitaria pública, una sola persona que fallezca o vea agravada su enfermedad por un fallo de la administración debería ser motivo de una profunda reflexión y asunción de responsabilidades. Resulta paradójico que quienes minimizan estas fallas asistenciales sean, en ocasiones, los mismos que pretenden erigirse en jueces morales sobre la vida y los derechos individuales.
Esta contradicción permanente en la clase política actual genera una desafección peligrosa. Ya sea por ignorancia o por un propósito deliberado de priorizar agendas ajenas al interés general, el resultado es el mismo: un perjuicio directo para los ciudadanos a quienes dicen representar.
La eficiencia pública frente a la red de intereses
El deterioro de la sanidad no es un fenómeno fortuito. Se observa una correlación inquietante entre la desinversión en los centros públicos y el florecimiento de emporios sanitarios privados que mantienen vínculos estrechos con responsables políticos. Cuando se adjudican concursos y favores de la administración a entidades ligadas sentimental o económicamente a quienes deben velar por lo público, el sistema de confianza que sustenta la democracia se resquebraja.
Las consecuencias de este modelo son visibles para cualquier usuario del sistema:
- Listas de espera inasumibles: Pacientes que ven cómo su dolencia se agrava, llegando en casos extremos a fallecer antes de ser atendidos debidamente.
- Deshumanización del trato: Una primera asistencia que, en demasiadas ocasiones, se limita a una llamada telefónica, alejando el vínculo clínico necesario entre médico y paciente.
- Maltrato a los profesionales: El personal sanitario escasea y el que resiste se encuentra mal pagado y sometido a condiciones laborales de gran precariedad.
- Colapso por negligencia: Centros sanitarios públicos saturados no por falta de capacidad técnica, sino por una gestión ineficaz que parece responder a intereses espurios.
A pesar de todo, nuestra sanidad sigue manteniendo niveles de calidad gracias exclusivamente a la entrega de sus profesionales y a la paciencia infinita de los ciudadanos. Sin embargo, esa resiliencia no debe interpretarse como un consentimiento tácito para el desmantelamiento de uno de los pilares del bienestar.
La sanidad como derecho, no como activo financiero
Desde una perspectiva socialdemócrata, la salud es un derecho inalienable financiado mediante una fiscalidad progresiva para garantizar que la atención sanitaria no dependa del nivel de renta. Sin embargo, la lógica actual parece querer transformar este derecho en un negocio rentable y seguro. El razonamiento es cínico pero efectivo: siempre habrá enfermos y siempre necesitaremos atención sanitaria.
El riesgo actual es que los impuestos de los ciudadanos, en lugar de revertir en servicios públicos de calidad, acaben financiando indirectamente la cuenta de resultados de empresas privadas. Este trasvase de fondos públicos hacia el sector privado va inevitablemente en detrimento de la atención general, ya que la lógica del beneficio privado tiende a seleccionar los riesgos más rentables y a desviar los casos complejos y costosos de nuevo hacia un sistema público ya debilitado.
El Conflicto de Fondo: Dos Visiones de la Sociedad
Llegamos así al núcleo del debate ideológico contemporáneo. No se trata de una disputa vacía entre etiquetas de «derecha» o «izquierda», sino de la defensa de modelos de vida contrapuestos.
Por un lado, existe una visión que prioriza los intereses del capital, buscando la reducción sistemática de la carga impositiva sobre los beneficios económicos. Esta corriente no necesita de los servicios públicos, pues su capacidad económica le permite adquirir privadamente lo que precisa. Su modelo ideal es un Estado mínimo, que solo se encargue de aquello que no es rentable o que es estrictamente necesario para la seguridad de sus intereses, como la defensa o la seguridad ciudadana, sufragadas paradójicamente con el esfuerzo de la base social.
Por otro lado, la visión socialdemócrata defiende que el interés ciudadano pasa por una fiscalidad justa que garantice servicios públicos robustos. Es la única forma de proteger a la anteriormente llamada clase media y de ofrecer un futuro con garantías a nuestros jóvenes. ¿Qué futuro les espera a las nuevas generaciones si la salud se convierte en un producto de lujo? ¿Qué seguridad tienen aquellos que ya han superado la barrera de la esperanza de vida si el sistema decide que su atención ya no es «eficiente» bajo criterios de mercado?.
Conclusión: La necesidad de una nueva reflexión colectiva
Nos encontramos en un momento en el que las ideologías se pretenden ridiculizar o subvertir desde conductas escasamente ejemplarizantes. Sin embargo, las preguntas fundamentales siguen ahí, esperando respuesta tras la retórica política. La sanidad pública no es solo una estructura administrativa; es la plasmación ética de una sociedad que decide no dejar a nadie atrás.
Es imperativo iniciar una reflexión profunda que devuelva la centralidad a los intereses de la ciudadanía. Defender la sanidad pública es defender la convivencia ciudadana, la equidad y, en última instancia, la propia libertad. Si permitimos que el derecho a la salud se deteriore hasta su destrucción como servicio público, estaremos renunciando al corazón mismo de nuestro contrato social.
- Lo espacial y lo público
La reciente expedición de los astronautas a la cara oculta de la Luna, culminada con éxito, después de muchos años sin que humanos hayan hecho expediciones al satélite de la Tierra, - «Homosexual el que no bote»Ocurrió en un estadio moderno, brillante, casi aséptico. De esos que pretenden parecerse más a un centro comercial que a una vieja catedral del fútbol. El RCDE Stadium, conocido popularmente como
- Poder artificialLa inteligencia artificial, omnipresente en nuestra vida, puede ser un instrumento que facilite la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas, tratando de hacer más cómoda y feliz la vida
- ¡¡90 segundos para el fin del mundo!!Eso afirma el Reloj del Apocalipsis, el Comité Científico que lo gestiona mantiene el reloj a 90 segundos de la ‘medianoche‘ (es decir, del Apocalipsis), exactamente la misma posición que tuvo el
- La educación no es una política pública másTodo ello nos sitúa ante una contradicción irracional, constitucionalmente hablando: un Estado social en la cúspide del sistema institucional, representado por las Cortes españolas, y una práctica de políticas neoliberales en muchas de las comunidades autónomas que gestionan la educación.
