Competencias de las instituciones

En las constituciones de los Estados que contienen numerosas disposiciones y derechos, hay un aspecto de especial importancia en la etapa actual, que es la distribución de competencias entre los diversos entes en los que se divide el Estado. La división competencial más común es la existente entre el Estado central y los municipios, algunos de los cuales son incluso anteriores a la existencia del propio Estado moderno, especialmente en Europa. Pero, además, existen numerosos países en los que se ha generado una diferenciación competencial relevante, al crearse las regiones o comunidades, estados en algunas referencias nominativas, que acaparan numerosas competencias en materias tan relevantes como la salud, la educación o los servicios públicos en general.
En los Estados federales, la distribución competencial , con presencia habitual de litigios y discrepancias, parece estar clara, como sin entrar en profundidad; parece reflejar, por ejemplo, el estado alemán. En otros países, como Mexico, Brasil, Argentina o España esta distribución competencial suele ser objeto de discrepancia política, a causa de la actuación de alguno de los entes regionales o autonómicos que en ocasiones genera conflictos interpretativos y tomas de posición que confunden a los ciudadanos. Los litigios suelen resolverse mediante la actuación de tribunales supremos o constitucionales y frecuentemente tras decisiones de los Estados.
La lealtad debería ser un elemento esencial de la convivencia, pero la realidad muestra que las contradicciones políticas alcanzan incluso a aquellos aspectos denominados de competencia exclusiva. La realidad nos muestra que la determinación de exclusividad, plasmada en las leyes, es interpretada de forma distinta por los poderes centrales o regionales, especialmente cuando las opciones políticas son adversarias.
Los episodios protagonizados por los presidentes de dos comunidades autónomas, en radical oposición a la desarrollada por el gobierno central español, generan dudas sobre la consistencia y solidez del reparto competencial de una parte y la lealtad constitucional por otra. En uno de los casos, el presidente de la autonomía de las Islas Canarias ha puesto todo su afán en tratar de impedir el desembarco de los pasajeros en el puerto de Granadilla, contra los deseos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la colaboración del gobierno español. Finalmente, la directora general de la Marina Mercante, en aplicación de la Ley de Puertos, anuló el veto de la autonomía canaria e impuso la entrada del barco.
Parece obvio que hay que confiar en organismos internacionales como la OMS, a pesar de que al principio de la pandemia del coronavirus su actuación fue ambigua. En juego está la propagación del hantavirus, endémico en la Patagonia argentina y desconocido en Europa y Estados Unidos. Por ello, las polémicas están alejadas de los buenos criterios de la preservación de la salud pública (Mónica García, 2026).
Por otra parte, un viaje internacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México ha puesto en peligro las relaciones diplomáticas con España, recientemente normalizadas tras las gestiones del gobierno central y las declaraciones del Rey de España, Felipe VI ,sobre abusos durante la conquista .Las diferencias políticas internas de los Estados no deberían trasladarse a las relaciones internacionales, pues al final pueden ser los ciudadanos los perdedores a causa de las dificultades económicas derivadas por la merma de la relaciones entre los países.
La distribución competencial española, compleja y variada, pues no son iguales, las competencias del País Vasco, Navarra y Cataluña y las del resto de las Comunidades, se presenta como la base de conflictos que de forma secuencial se producen. La tensión institucional entre diversos organismos constituye un elemento definidor de su devenir, incluso en su interior, por los conflictos entre diversos departamentos, pero ello no debe excusar la necesidad de que la colaboración debe ser siempre el objetivo con el fin de solucionar los asuntos que preocupan a los ciudadanos.
Las políticas de salud pública y las relaciones internacionales deberían ser políticas de Estado que se rijan por criterios comunes y científicos en su caso. Ciertamente, lo que ocurre en el mundo no puede ser ignorado por los diversos responsables, pero antes que tantear un hueco en los medios de comunicación y en las redes sociales, deben buscarse soluciones que no dificulten la vida de los ciudadanos, preserven su salud y mejoren la convivencia con otros países, especialmente con aquellos que tienen lazos culturales y económicos de centenares de años.
Los países y también las instituciones son herederos de su historia. Sus contradicciones y enfrentamientos frecuentemente reaparecen. Los distintos modelos de las instituciones actuales están profundamente arraigados en el pasado, porque, una vez que una sociedad se organiza de una forma concreta, esta tiende a persistir (Acemoglu y Robinson, 2012).