La lectura de la prensa, que no de las redes sociales, genera en el ciudadano una mezcla de impresiones que basculan entre el miedo, el horror y el pesimismo. La sucesión de guerras controladas en su espacio geográfico y gamberradas de altos dignatarios del país más rico del mundo, elevan su pesimismo hasta cumbres inexploradas sobre un futuro ciertamente oscuro de la humanidad, si continuamos avanzando por este carril. Efectivamente, la actualidad sólo parece dejar espacio para el paso de un carro, aquel que refleja esta moda que tacha de negativa a fenómenos como la necesaria inmigración, la negociación de los intercambios comerciales entre los países o el fortalecimiento de las instituciones públicas, y en particular de la administración pública.
Cuando la gran nación norteamericana empieza a retirar sus importantes contribuciones a las organizaciones internacionales como la Unesco, una pieza más de su lucha contra el multilateralismo, tan necesario especialmente para los países menos desarrollados, la actividad de algunos de estos organismos como la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) merece ánimo y, en ocasiones, incluso aplauso, especialmente en lo que concierne a su impulso de las administraciones públicas.
Precisamente con el apoyo de la OCDE, en España acaba de lanzarse el proyecto “Consenso para una administración abierta“, cuya ambición es transformar en buena medida la administración pública española, cuyas raíces esenciales siguen basadas en las normas implantadas en los años sesenta del siglo pasado, en virtud del impulso de los ministros del Opus Dei y con el auspicio del Banco Mundial.
En el marco de una endiablada situación política, con un gobierno minoritario, pero que logra sacar adelante la mayoría de los proyectos, aunque otros quedan rechazados, con episodios de corrupción que atañen a exministros y responsables altos del partido gubernamental, el Ejecutivo ha decidido enfrascarse en una importante cadena de transformaciones de relevancia en el seno de la administración pública.
El asunto viene a coincidir con el reciente fallecimiento de Javier Moscoso, ministro de la Presidencia con Felipe González, que acometió también un importante paquete de reformas en materia de administración y función pública a principios de los años ochenta, aunque bajo el paraguas de la reforma administrativa, que el nuevo proyecto denomina transformación, queriendo quizás mostrar un ahondamiento más profundo en el cambio. Javier Moscoso, ha quedado en la Real Academia de la Lengua por aprobar los moscosos o días de libre disposición de los funcionarios públicos. Pero Moscoso pilotó una profunda y necesaria reforma de la administración pública tras el franquismo y, además, realizó numerosos e importantes servicios al Estado español, incluyendo la lucha contra el terrorismo etarra.
El término transformación, señala el proyecto, apela a la inteligencia colectiva de la organización con el fin de movilizarla de forma sostenida en el tiempo, a partir de la identificación de consensos que trascienden el ciclo electoral y que, a su vez, generan alianzas con los actores del contexto en el que la administración pública opera.
El camino que se emprende ahora parece diferente al de intentos anteriores, pues en palabras del ministro responsable,»ha llegado el momento de dar el salto para que pueda convertirse en una administración de altas capacidades.» (Oscar López, 2025)
Su objetivo es fortalecer la confianza en una administración de altas capacidades, que diseña políticas públicas que mejoran la vida de la ciudadanía, ofrece servicios de atención personalizados y actúa con arreglo a los valores de gobierno abierto.
La estrategia se desplegará entre 2025 y 2027 y será objeto de seguimiento semestral de forma transparente y de evaluación externa por la OCDE.
El proyecto pretende atraer y retener talento público, con el fin de mejorar el funcionamiento de la administración, así como aplicar criterios basados en el mérito y procedimientos transparentes en el nombramiento del personal directivo. Insiste especialmente en varios aspectos, algunos de los cuales pueden crear fuertes resistencias en el seno de los grupos más conservadores de la función pública.
El primero de ellos, se refiere a la modificación de las pruebas selectivas para el acceso a la función pública en las escalas técnica y superior, donde se sustituye el tradicional sistema de oposiciones por pruebas escritas y la realización de dos años en una Escuela de funcionarios. Aunque el proyecto está aún en fase de negociación, revela la disposición de los responsables a efectuar cambios de calado en el sistema de acceso, que en algunos casos tiene sus raíces a finales del siglo XVIII. Será una andadura no exenta de dificultades, si se tiene en cuenta que algunos cambios en proceso en los sistemas selectivos de jueces y fiscales ha encontrado fuerte oposición de los sectores más conservadores. Se evolucionará, no obstante, hacia un modelo de selección consensuado entre todos los actores interesados, señala el proyecto.
Otro aspecto de relevancia es la insistencia del proyecto en temas relacionados con la cercanía a los ciudadanos, la evaluación de las políticas públicas, la rendición de cuentas y especialmente, la fusión de la actividad administrativa con los avances de la inteligencia artificial.
En este último aspecto, la preocupación de los responsables se ancla en la consideración de la inteligencia artificial como un instrumento más del ejercicio de la actividad administrativa, pues en buena medida exige, no el dominio, pero si el pilotaje suficiente a los directivos de la administración para aprovechar las potencialidades de este instrumento tecnológico. El proyecto parece compartir la idea contraria a un exhibicionismo tecnológico que dice querer superar la pereza burocrática, pero en realidad desprecia los procedimientos democráticos. (Innerarity, 2025)
Para la implementación de estos espacios de IA, se indica, que es esencial desplegar la Plataforma Soberana de Inteligencia Artificial de la Administración del Estado. Esto supone que los sistemas de IA han de concebirse siempre desde una lógica instrumental, nunca de reemplazo del trabajo desempeñado por el personal empleado público y el personal directivo, y siempre bajo su supervisión.
Otro de los aspectos en los que el proyecto insiste se refiere a la necesidad de que se exprese la administración pública en un lenguaje claro y sencillo, pues establece la obligación de redactar los documentos en un lenguaje claro y fácil. Entre otras novedades, establece la figura del personal funcionario habilitado que actúa en representación de la ciudadanía para la presentación de solicitudes y la firma en procedimientos administrativos, contribuyendo a reducir la brecha digital y garantizando la igualdad efectiva en el ejercicio de derechos.
El empleo del término transformación de la administración, en lugar del clásico de reforma, constituye una deliberada elección. Se trata en definitiva de un ambicioso proyecto que cubre todos los aspectos del funcionamiento de la administración pública como el personal, funcionamiento, inteligencia artificial o coordinación de los diversos organismos, de especial importancia en un Estado tan descentralizado como España.
fjvelazquez.bsky.social
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