¿A quién defienden los sindicatos?

Si nos remontamos a las últimas elecciones celebradas en España, las europeas del pasado junio, recordaremos que los resultados reforzaron la posición de Georgia Meloni en Italia (el único gobierno de los países grandes que se vio respaldado por los votantes), al tiempo que ponían en apuros al canciller Olaf Sholz y, sobre todo, a Emmanuel Macron, que, al verse desbordado por la marea lepenista, optó por convocar elecciones legislativas. Tras las elecciones, el geógrafo político Cristophe Guilluy señalaba en las páginas de El País que los juegos políticos de los aprendices de brujo (divide et impera) han llevado a las clases populares a cambiar de bando, “empujadas” por la pasividad de gobiernos presuntamente progresistas a la hora de abordar los temas que más preocupan: la inseguridad, la inmigración, etc. Y así es como han caído en los brazos de Le Pen, según este autor. 

En España, los resultados de las europeas indicaban que los apoyos del gobierno se seguían debilitando, no solo porque crecía la distancia entre PP y PSOE hasta los cuatro puntos (el 23-J-23 fue de 1,3%), sino porque la suma de Vox y “Se acabó la fiesta” (SALF) casi duplicaba lo conseguido entre Sumar y Podemos. Es verdad que una participación por debajo del 50% podía producir resultados engañosos y no extrapolables, pero la tendencia parecía clara: elección tras elección, el centro de gravedad electoral se desplaza a la derecha, no solo porque el PP sigue mordiendo el centro, sino porque Vox parecía consolidarse y el voto de protesta ya no venía de la izquierda sino del otro lado. Con todo, el PSOE se defendía mejor que sus homólogos europeos, como consecuencia, en primer lugar, de la fidelidad de los pensionistas, el colectivo más voluminoso del censo. 

Hace ya más de veinte años, el estudio de “las bases sociales de la política” concluía que “los pensionistas representan un tercio del censo electoral de las democracias avanzadas, lo que les proporciona una especie de veto electoral a cualquier tentativa de corregir el sistema de redistribución en su contra, con relativa independencia de lo que hagan los sindicatos, lo que empuja a éstos a actuar cada vez menos como fuerzas reformistas y cada vez más como factores de bloqueo ante eventuales reformas”. Pues bien, nadie ha sido tan consecuente con esta premisa ni la ha llevado tan lejos como Pedro Sánchez. Baste decir que España no es solo el país donde más ha aumentado el gasto en pensiones, sino que Pedro Sánchez ha conseguido convertir a los mayores de 65 años en el grupo de edad de mayor nivel de renta, algo insólito en Europa, según Eurostat. En justa correspondencia, los pensionistas se han convertido, a su vez, en los soldados más fieles del ejército electoral de Pedro Sánchez. Recordemos que la reforma Escrivá del sistema de pensiones permitió un incremento lineal (es decir con independencia del rango) de las pensiones del 8,5% en 2023 (año electoral), garantizando así una tasa de reposición del 80% (muy por encima de la media europea) y pensiones máximas por encima de los 3000 euros que duplican el salario medio. Teniendo en cuenta que España registraba al mismo tiempo las tasas más altas de pobreza infantil de la zona euro (Eurostat), cabría preguntarse, por ende, si esta política, que el gobierno llamó mecanismo de “equidad intergeneracional” no era, en la práctica, más que una compra camuflada de votos.  

Esta manera de hacer política ha llegado al paroxismo con motivo del rechazo que el PP, Vox y Junts hicieron del llamado “decreto ómnibus”, con el que el gobierno intentaba aprobar medidas del llamado “escudo social” (incluyendo la revalorización de las pensiones) mezcladas con otras que no guardaban relación alguna, como la donación de un palacete parisino propiedad del Estado al PNV. Tras una fuerte resistencia del gobierno a trocear las ochenta medidas que incluía el citado decreto, Junts consiguió que el gobierno sometiese a nueva votación una parte de ellas por separado, dando lugar a un nuevo decreto que el PP decidió apoyar pese a que seguía incluyendo algunas medidas con las que no estaba de acuerdo. Así las cosas, los sindicatos CCOO y UGT acordaron convocar manifestaciones en protesta por “el oportunismo político” de la oposición, a raíz de que el PP cambiase el sentido de su voto para dar satisfacción a los pensionistas. Esta medida insólita de los sindicatos se ha tomado poco después de que la ministra de Trabajo decidiese duplicar la subvención a los sindicatos hasta alcanzar autoriza un máximo histórico de 32 millones. 

La pregunta que inevitablemente se desprende de esta situación estrambótica es si los sindicatos no estarán sustituyendo a los trabajadores por los pensionistas como clientela preferente, de tal manera que, así como en su día los sindicatos se sentían guardianes del voto de los trabajadores (recordemos que la UGT dejó de pedir el voto para el PSOE a raíz de la crisis de la familia socialista, en los años noventa), ahora parecería que quisieran hacer lo mismo con el voto de los pensionistas. Pregunta que nos lleva a su vez a otra, no menos inquietante, pues, de ser así, ¿qué tendría de raro que  los trabajadores y, en particular, los más proletarizados, optasen por cambiar de bando ideológico, tal como veremos a continuación? 

Para comprender esta apuesta de los sindicatos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que hay dos maneras de plantear el gasto social: una que entiende el gasto social en términos de pensiones y subsidios (gasto consuntivo) frente a una concepción alternativa que otorga una importancia creciente a la inversión social (educación, ayudas a la formación de nuevos hogares, etc.). Mientras los mayores son partidarios de la primera opción, los jóvenes están más bien interesados en la segunda. ¿Cuál es el problema? El problema es que el modelo de Estado de bienestar que tenemos en España está pensado para responder a la primera opción, lo que ha llegado a conformar un modelo distributivo que favorece a los mayores en perjuicio de los jóvenes, lo que explica que mientras las tasas de pobreza de los primeros disminuyen las de los segundos aumentan. Puesto que los mayores representan una parte cada vez mayor del electorado, dicho modelo distributivo se ha hecho políticamente incuestionable, tal como demuestra el respaldo sin fisuras a cualquier reivindicación de los pensionistas, pese a las dudas manifestadas por los técnicos sobre la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo. En tanto que, por otro lado, los sectores demandantes de inversión social tienen cada vez más dificultades para hacerse oír y encontrar quien los represente políticamente. Pues, a diferencia de los jóvenes (que plantean múltiples reivindicaciones), los mayores pueden identificar fácilmente sus intereses, tal como ponen de manifiesto las movilizaciones de pensionistas, donde podemos encontrar expresiones particularmente reveladoras. Por un lado, la idea de que son una mayoría incontestable (“si montásemos un partido, ganaríamos las elecciones”), lo que les convierte en árbitros indiscutibles de la contienda electoral. Por otro, la idea de que constituyen la nueva “clase universal” capaz de representar en una misma reivindicación los intereses de todos los sectores sociales: “nosotros no nos movilizamos por nosotros, sino por nuestros hijos y nuestros nietos”. 

Para responder a estas preguntas he fusionado los barómetros de septiembre a diciembre del CIS y he analizado los perfiles sociodemográficos de los partidos a partir de la intención de voto manifestada por los encuestados. El modelo estadístico incluye variables de todo tipo (ideología, religiosidad, etc.), pero vamos a fijarnos en las más significativas a la hora de identificar dichos perfiles, a fin de estimar el efecto de cada una de ellas sobre cada uno de los partidos. Concretamente, la tabla adjunta recoge el efecto de la edad, el nivel de estudios y de ingresos, así como la influencia de estar en una situación laboral “proletaria” (tener un empleo manual, no cualificado o estar en paro) o ser un jubilado. Asimismo, he analizado la influencia de las respuestas a la pregunta “¿cuál considera Vd. que es el problema más importante de España?”, atendiendo en particular a dos tipos de problemas: los problemas políticos (el mal comportamiento de los políticos, la corrupción, etc.) y la inmigración. La tabla que presento a continuación resume la relación de estos problemas con el voto, de todo lo cual conviene destacar lo siguiente. 

• La edad distingue claramente a los votantes de extrema derecha (Vox y, sobre todo, SALF, que cuentan con el electorado más joven) de los demás. 
• El nivel de ingresos aumenta la probabilidad de votar al PSOE y, sobre todo, al PP. La diferencia es que, en el primer caso, se debe a los jubilados, cuyo nivel de renta ya está por encima de la media, en tanto que en el segundo se debe a los ingresos laborales de las clases medias. 
• El nivel de estudios aumenta la probabilidad de votar al PP y a Sumar-Podemos. 
• Señalar la inmigración y los problemas políticos aumenta la probabilidad de votar a las derechas (especialmente en el caso de Vox y SALF). 
• Ser “proletario” aumenta la probabilidad de votar a Vox, en tanto que ser jubilado aumenta la probabilidad de votar al PSOE (que cuenta, de hecho, con el electorado más envejecido, debido al peso de los pensionistas). 

Tabla 1.- Perfil sociodemográfico de los votantes

(sept-diciembre 2024)

Fuente: barómetros de septiembre-diciembre del CIS (tamaño: 16.600 entrevistas). 

Nota metodológica: un signo positivo significa que la variable en cuestión aumenta la probabilidad de voto al partido correspondiente. El doble signo significa que esa variable influye mucho. En el caso de la edad, el signo positivo significa que la probabilidad de voto aumenta con la edad (al contrario de lo que ocurre con Vox y SALF, donde la probabilidad disminuye). 

Como se recordará, la reforma laboral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, introdujo la figura de los fijos discontinuos, que no ha servido en la práctica más que para camuflar las cifras de paro (el paro real está, desde entonces, bastante por encima del oficial) y el aumento de la precariedad laboral, tal como vienen advirtiendo regularmente los informes de Fedea. Asimismo, este deterioro de la parte baja del mercado laboral no hace más que dificultar que las parejas jóvenes puedan formar nuevos hogares, estableciendo un círculo vicioso que se cierra con el deterioro en paralelo del mercado de la vivienda. Así las cosas, contrasta la pasividad de los sindicatos en esta materia con la facilidad que tienen para desenfundar antes incluso de que nadie se atreva a tocar los intereses de los pensionistas. Y todavía se preguntan cómo es posible que Milei arrase entre los jóvenes.