Fernando Mora Rodríguez. Politólogo.
No podemos dudarlo, el llamado «juicio» al Fiscal General del Estado ha tenido un alto componente político, y muy poco de jurídico, no tanto por el hecho en sí sino por las circunstancias que lo han rodeado, donde la política partidista ha estado presente mucho antes del propio juicio, en el mismo acto, en la sentencia en que ha derivado, y también, en la post sentencia. Circunstancias todas en las que el Tribunal Supremo ha sido incapaz de sustraerse de la polarización política que afecta a buena parte de la sociedad española. De hecho, la propia Sentencia viene marcada por el “encasillamiento” de los propios miembros del Tribunal, donde cinco son calificados como conservadores y dos como progresistas. Esta circunstancia de atribuciones ideológicas a los jueces no es sino fruto de una dinámica perversa que la política ha sido incapaz de resolver en casi cincuenta años de democracia. La justicia, como nos enseña su representación antropomórfica, para serlo, ha de ser ciega y guardar el equilibrio que simboliza la balanza.
Sin embargo, y substrayéndome a la pasión política que lo contamina todo, puede ser contemplado como una autentica opereta, donde los principales actores no se encontraban en la Sala en que se ha visto la causa.
Gobierno y oposición han venido, a lo largo de los meses, posicionándose al respecto en un juego perverso donde se ha tratado con gran frivolidad a una de las instituciones más importantes del Estado: la Fiscalía General. La oposición juzgaba, desde hace meses, como culpable al Fiscal, mientras que el Gobierno, con su Presidente al frente lo “exculpaba” como inocente, en un juego político impropio de quienes nos gobiernan con quienes quieren gobernarnos.
Es obvio que el Sr. García Ortiz sobreactuó en una causa en la que debía haberse mantenido absolutamente al margen, pero se le condena en un proceso donde hay mas “indicios” que pruebas fehacientes de nada. El Sr. García Ortiz no es sino una víctima propiciatoria.
De él sale una clara ganadora, la Sra. Diaz Ayuso, cuyo “novio”, ese “ciudadano particular” que con tanta vehemencia ha defendido la presidenta desde las instituciones, es el promotor de la querella. En ese acto, merece una mención de honor D. Miguel Ángel Rodríguez, tal vez porque tenga “el pelo blanco” en una cabeza que alguna gente daba por desvaída, que infiere veracidad a una suposición, al tiempo que es capaz de lanzar bulos inculpatorios, para salvar la dignidad de “su jefa y su pariente”. Sin duda el Sr. Rodríguez ha evidenciado su larga experiencia como bulero.
En esta batalla de las Termópilas, no es el Sr. Feijoo el gran triunfador, sino un mero figurante, mientras el Presidente del Gobierno, pasaría por ser el «gran derrotado», si es que el frío de noviembre le «afecta» en algo, porque el espera un nuevo triunfo en Salamina.
Eso sí, sería de justicia que D. Alberto González Amador, si no se «exilia» ni se «suicida», reciba en su debido momento, una sentencia proporcionada a su papel de coprotagonista en este extraño proceso, que formará parte de un capítulo más de la Historia Universal de la Infamia.
Sin embargo, y a falta de leer la argumentación jurídica de la Sentencia, curiosamente no nata en el momento en que se ha publicitado el Fallo, se ha puesto en evidencia el grave deterioro de importantes instituciones del Estado, tal y como señala muy elegantemente el Editorial de La Discrepancia. De una parte, la Fiscalía General del Estado, de otra el Tribunal Supremo, pero también el Gobierno de la Nación, y su Presidente, el de la Comunidad Autónoma de Madrid, y su Presidenta, sin faltar el propio deterioro del principal partido de la oposición y su “líder”.
Dice un viejo refrán castellano que “a rio revuelto ganancias de pescadores”. Al final, el problema se traslada al “pescado” y el triste beneficio a quienes pescan como si no hubiera un mañana.
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