La crisis ha cruzado un umbral crítico desde que Donald Trump afirmara que ya ha “decidido” qué acción tomará contra el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que empezó como una operación antidroga (la Operación Lanza del Sur) se ha transformado en una estrategia de presión militar directa, con efectos que ya alteran el equilibrio hemisférico y movilizan a potencias globales.
En apenas unos días, Washington ha pasado de plantear una operación limitada a un escenario regional de presión militar con posibles acciones directas en Venezuela, Colombia y México. Las declaraciones de Trump (según Reuters y Time) han añadido un factor inaudito: afirmó estar dispuesto a “derribar” fábricas de cocaína en Colombia incluso “personalmente” y aceptaría operaciones terrestres dentro de México si fueran “necesarias” para frenar el flujo de drogas. Con ello, la crisis deja de ser bilateral y se convierte en un conflicto abierto con múltiples frentes potenciales de escalada.
La región vive una tensión inédita desde finales del siglo XX, recordando un clima geopolítico que muchos consideraban superado desde la Guerra Fría. Hoy, el debate ya no es si habrá escalada, sino qué forma adoptará, cuándo comenzará y hasta dónde podría llegar.
La Casa Blanca sostiene que la operación está dirigida contra el “narcoterrorismo”, pero el despliegue indica objetivos más amplios. Estados Unidos ha movilizado el portaaviones USS Gerald R. Ford, escoltado por destructores y submarinos de ataque, junto con F-35, helicópteros antisubmarinos y plataformas de vigilancia aérea que operan de manera constante en el Caribe oriental.
A ello se suman ataques selectivos contra embarcaciones sospechosas desde septiembre (muchos de ellos cerca de aguas venezolanas) con al menos 80 muertos y 20 embarcaciones hundidas (sin mediar juicio alguno y violando el derecho internacional) y la ampliación de capacidades operativas en bases avanzadas en Puerto Rico, St. Thomas y Florida, lo que sugiere que la operación excede ampliamente el ámbito antidroga.
La nueva fase ordenada por Trump representa un salto cualitativo. Según fuentes militares, incorpora reagrupación de fuerzas especiales, ejercicios de desembarco anfibio en territorios caribeños y preparación de misiones terrestres selectivas contra pistas de aterrizaje, radares, depósitos logísticos o centros de mando venezolanos. Para un número creciente de analistas, el verdadero objetivo es debilitar o desplazar al régimen de Maduro.
El gobierno venezolano ha respondido con movilización total. La FANB ha reforzado su defensa costera, activado baterías S-300VM y Buk-M2, movilizado a la Milicia Bolivariana y redoblado la vigilancia en zonas sensibles como Paraguaná, Maracaibo, Falcón, Caracas y Delta Amacuro, debido a que el despliegue de EE.UU. constituye una amenaza inminente, y afirma estar preparado para defender “toda su soberanía”.
La simultaneidad entre la crisis doméstica por los Papeles de Epstein y la aceleración del pulso militar en el Caribe ha reactivado un marco interpretativo clásico en política exterior: la Teoría del Desvío Estratégico (Diversionary Theory of War o Diversionary Foreign Policy).
El comportamiento actual de la Casa Blanca presenta patrones compatibles con este fenómeno: deterioro del apoyo interno, fisuras en el movimiento MAGA, presión legislativa para publicar documentos sensibles y una repentina escalada militar contra Venezuela, acompañada de insinuaciones de intervención en México y Colombia.
En el caso de Estados Unidos, diversos episodios del siglo XX y XXI han sido interpretados por politólogos, historiadores y analistas como potenciales casos de este patrón:
En este contexto, la advertencia del profesor John Mearsheimer (uno de los estrategas más influyentes del siglo XXI y asesor habitual de instituciones militares de EE. UU.) cobra especial relevancia. Según afirma, “cualquier acción militar de Estados Unidos en Venezuela podría activar respuestas indirectas, o incluso directas, de Rusia y China”, con un impacto desestabilizador sobre todo el sistema internacional y el riesgo real de repetir los errores de Irak o Libia.
Durante dos décadas, Mearsheimer ha insistido con notable coherencia en que las intervenciones militares estadounidenses suelen generar efectos contrarios a los objetivos declarados, recordando como ejemplos emblemáticos:
En su análisis reciente sobre Venezuela, subraya que EE. UU. sigue atrapado en la mentalidad unipolar. Cree que puede actuar en América Latina “sin consecuencias”, como en los años 80 o 90. Pero hoy el mundo es distinto. China y Rusia ya no observan desde la distancia, están sobre el terreno.
“Venezuela es hoy un punto crítico del nuevo orden global, no por su poder intrínseco, sino porque es un enclave donde las tres grandes potencias del siglo XXI se cruzan”.
Esta preocupación coincide con las conclusiones recogidas en el artículo What a US war game reveals about the risks of ousting Venezuela’s Maduro, donde analistas como Douglas Farah advierten que la caída súbita del régimen podría producir un Estado fracturado, centros de poder rivales y ninguna vía rápida hacia la estabilidad.
Actores globales y posicionamiento internacional
Rusia ha advertido que un ataque estadounidense sería un “error histórico”. Mantiene entre 400 y 800 asesores militares en Venezuela y ha acelerado el envío de repuestos, munición y apoyo en guerra electrónica, además de ofrecer alerta satelital. Sin intervenir directamente, Moscú busca elevar el coste estratégico de cualquier acción de Washington.
China defiende el principio de no intervención, alerta sobre la “militarización del Caribe” y protege sus inversiones petroleras y mineras. Ha suministrado equipos de doble uso (incluida tecnología de vigilancia) pero evita un alineamiento militar directo. Su objetivo es evitar la caída abrupta del régimen sin entrar en conflicto con EE. UU.
Irán, por su parte, ha reforzado la entrega de drones Shahed 136 y 238, además de enviar instructores de la Guardia Revolucionaria a bases venezolanas. Teherán interpreta cualquier ataque a Caracas como parte de su disputa estratégica con Washington y ha insinuado posibles respuestas asimétricas en otros teatros regionales.
La Unión Europea rechaza una intervención sin mandato del CSNU, advierte sobre el impacto en el precio del petróleo y teme un nuevo episodio de migración masiva hacia el continente.
España mantiene en Venezuela uno de sus intereses estratégicos más sensibles en América Latina. Según estimaciones públicas basadas en registros consulares, proyecciones demográficas y diversas fuentes abiertas (y que no corresponden a un dato oficial único ni perfectamente homogéneo), en el país residen entre 150.000 y 200.000 españoles, cuya protección consular y eventual evacuación constituyen una prioridad. Cada episodio de tensión militar, deterioro económico o inestabilidad obliga al MAE a activar planes de contingencia y mecanismos de coordinación con la UE.
En sentido inverso, la comunidad venezolana en España asciende a alrededor de 400.000 residentes, cifra que se aproxima a las 600.000 personas si se incluye a quienes han adquirido la nacionalidad española. Estas cifras, igualmente basadas en estimaciones de fuentes abiertas y registros heterogéneos, reflejan la profundidad del vínculo humano y migratorio entre ambos países.
En el ámbito económico, España conserva una presencia consolidada en sectores clave (energía, finanzas, telecomunicaciones y alimentación) a través de empresas como Repsol, BBVA, Mapfre, Santander o DIA, cuyos activos estratégicos requieren protección frente a expropiaciones, arbitrariedades regulatorias o pérdidas patrimoniales. La defensa jurídica de estas inversiones constituye un pilar central de la política española hacia Caracas y de su interlocución con Bruselas.
En el plano geopolítico, la crisis venezolana tiene efectos directos sobre el Caribe y la región andina, especialmente por la migración masiva, el fortalecimiento de redes criminales y la presencia del ELN y las disidencias de las FARC, factores que afectan a países donde España posee una fuerte implantación diplomática, como Colombia, Perú o Ecuador. Además, Madrid se juega su credibilidad dentro de la UE en la definición de la política hacia América Latina, al tiempo que intenta evitar que Venezuela se convierta en un escenario de confrontación entre grandes potencias (EE. UU., Rusia, China e Irán). El objetivo español es una salida diplomática, con elecciones verificables y una disminución real de la inestabilidad regional.
Repercusiones regionales
En Colombia, el gobierno ha suspendido la cooperación de inteligencia con EE. UU. para evitar quedar envuelto en una escalada militar. Bogotá teme desbordamientos en las zonas de La Guajira, Arauca y Norte de Santander, así como un eventual flujo migratorio masivo. Brasil reclama moderación y una vía diplomática, consciente del impacto que tendría un conflicto prolongado en su frontera amazónica.
En Guyana, el riesgo se multiplica. Una intervención podría afectar la seguridad de las plataformas petroleras ubicadas en aguas del Esequibo, donde operan Exxon, Chevron y otras compañías.
Los países de CARICOM temen quedar atrapados entre los dos fuegos y sufren ya un aumento del 30% en primas de seguro marítimo, lo que impacta comercio y turismo.
Impacto energético y económico
El mercado energético ha reaccionado de inmediato. El Brent fluctúa entre 104 y 110 dólares por barril debido al riesgo de interrupción en la producción venezolana, la militarización del Caribe y la previsible tensión creciente entre EE. UU. e Irán en el Estrecho de Ormuz.
Las aseguradoras han aumentado entre 18% y 30% las primas en rutas hacia el Caribe, afectando el tránsito comercial y energético hacia Texas, Luisiana y puertos del Golfo. La UE, en plena demanda invernal, teme un nuevo shock energético que afecte la inflación y la estabilidad económica.
Legalidad internacional
EE. UU. sostiene que está inmerso en un “conflicto armado no internacional” contra grupos crimínales transnacionales, lo que le permitiría actuar sin consentimiento del país afectado. Sin embargo: no existe autorización del CSNU; la región rechaza una intervención y el SGNU advierte que un ataque violaría la Carta de Naciones Unidas. Por tanto, la legitimidad internacional de la operación es altamente cuestionada.
Riesgos inmediatos
En la fase actual, los riesgos se concentran en dinámicas altamente volátiles: ataques selectivos dentro de Venezuela, errores tácticos entre buques o aeronaves que puedan provocar una escalada accidental, ciberataques cruzados, incidentes en radares, puertos o infraestructuras críticas, y nuevas oleadas migratorias hacia Colombia, Brasil y el Caribe, con impacto directo en la estabilidad regional y en la respuesta internacional.
Marco de escenarios
Dada la imprevisibilidad de Donald Trump, y manteniendo los límites razonables de prudencia analítica, la evolución de la crisis se proyecta en tres escenarios temporales que permiten ordenar riesgos, oportunidades y factores disruptivos.
Conclusión estratégica
La combinación de intereses globales, rutas energéticas críticas y fragilidades internas sitúa a Venezuela en el centro de un conflicto que podría alterar la estabilidad del Caribe, de América Latina y del sistema internacional en su conjunto.
