Universidad y democracia ¿ágora de debate o campo de batalla?

La universidad española es testigo del auge de nuevas asociaciones estudiantiles que han reavivado el debate sobre el pluralismo ideológico en la universidad. Nombres como S’ha Acabat!, nacida en Cataluña en 2018, Libertad Sin Ira, surgida en el campus de Somosaguas de la Complutense en 2021, o Voces Libres, que aparece en 2023, resultarán familiares para el lector informado. Sin embargo, existen muchas más asociaciones que están dinamizando la participación estudiantil, complementando y/o rivalizando con las formas de activismo, discursos y reivindicaciones de los movimientos de carácter alternativo y por la justicia social. Estas nuevas asociaciones debaten, entre otros temas, sobre el papel de las instituciones democráticas y la convivencia universitaria, la función de las instituciones educativas en la formación de los estudiantes y otras cuestiones de controversia pública.
A pesar de la tendencia a categorizarlas de manera uniforme, su realidad es más compleja. Su diversidad se hace evidente si nos atenemos a algunas de las corrientes y tradiciones políticas con las que pueden identificarse sus miembros: el liberalismo, el constitucionalismo-cívico, el unionismo o patriotismo, la tradición libertaria, la socialdemocracia, la tradición conservadora o posiciones afines a la derecha radical; también con el feminismo liberal y agendas políticas que se sitúan en el marco de la ‘modernización ecológica’ y el regionalismo.
El pluralismo es una característica inherente a los grupos y organizaciones de la sociedad civil, pese a la estrategia política de clasificarlos en torno a categorías ideológicas uniformes y unívocas desde una perspectiva político-profesional. El uso de taxonomías como “extrema derecha”, “nuevas extremas derechas” o “ultraderecha” persigue un objetivo: su estigmatización y sanción mediática, social y académica, con el auxilio de una parte significativa de la comunidad académica.
La diversidad y el pluralismo ideológico forman parte del ADN de la juventud, también de la que simpatiza con estas asociaciones. Sus miembros alternan formas más rotundas con procedimientos tácitos en la defensa de los principios democráticos y del marco constitucional como paraguas normativo que da cabida al pluralismo de las sociedades democráticas y a su expresión pública. Estas organizaciones juveniles nacen como rebelión cívica frente a las políticas impulsadas por fuerzas nacionalistas e independentistas en el caso catalán, pero también ante los gobiernos de coalición liderados por el PSOE y Unidas Podemos o Sumar con el apoyo de esas mismas fuerzas independentistas y nacionalistas desde 2018.
Dichas políticas son percibidas como una amenaza por algunos grupos de jóvenes, que han creado sus propias asociaciones y organizaciones estudiantiles como una alternativa a dicha agenda política y cultural. Estas asociaciones actúan principalmente en el marco de la universidad, donde en las últimas décadas se ha experimentado un cambio que se manifiesta en una mayor intolerancia al debate y al disenso, y el auge de una cultura en torno a la fragilidad emocional que avivan la autocensura y el miedo a expresar las propias ideas. Estos cambios han sido abordados magistralmente por Greg Lukianoff y Jonathan Haidt en su libro La transformación de la mente moderna.
La irrupción de estas asociaciones estudiantiles contribuye a visibilizar la diferencia y el disenso y puede dar lugar a una reacción en los campus por parte de otros colectivos de estudiantes que ven amenazada su posición hegemónica. Esto plantea un dilema en el plano práctico: ¿este segmento de la juventud debe mantenerse en silencio o, por el contrario, debe alzar su voz para defender sus principios y derechos en igualdad de condiciones? En democracia, la respuesta solo puede ser una. Para ello pueden optar por una participación de carácter más institucional, ganando puestos en los órganos de representación estudiantil, y por formas más expresivas y reivindicativas, o bien por una combinación de ambas. No obstante, su acceso a los órganos de representación puede resultar muy complicado en contextos en los que predominan otras asociaciones y tradiciones políticas con mayor arraigo en las estructuras de gobierno.
A veces, sus miembros mantienen vínculos más o menos formales con organizaciones políticas como el Partido Popular y VOX (o Ciudadanos, e incluso el PSOE en su día), y colaboran en el desarrollo de proyectos y políticas concretas relativas a los procesos formativos y de inserción laboral del alumnado. Entre sus objetivos destacan la defensa de la libertad de expresión, el Estado de derecho, la igualdad de oportunidades y la meritocracia. Además, reivindican la neutralidad de los espacios universitarios frente a las corrientes ideológicas hegemónicas, que consideran un obstáculo para la libre circulación de ideas.
Las dificultades que enfrentan algunas para entrar en los órganos de representación en contextos adversos limita su participación en la vida universitaria y la promoción de sus ideas a través de los canales convencionales. Esto las convierte, en ocasiones, en asociaciones con una presencia institucional modesta, que suplen con una fuerte actividad reivindicativa en redes digitales y medios. Estos jóvenes se enfrentan dentro de algunos campus, no sólo a la burla, sino al hostigamiento y a escraches violentos por parte de otros colectivos estudiantiles. Esto los lleva a denunciar la pasividad o la complicidad de las autoridades universitarias y de ciertos sectores políticos ante estas agresiones.
Los enredos y las polémicas en torno a sus estrategias, invitados y afinidades con lideres políticos liberales, conservadores o de la derecha radical, en las que yo mismo he caído y me he visto envuelto, son de carácter secundario. Lo que tales hechos y denuncias reflejan es que, en algunos centros universitarios la neutralidad institucional y el pluralismo político no están garantizados. No entro a valorar, porque lo desconozco, si esto se debe a la incapacidad, el desdén, la falta de voluntad, la aquiescencia o el miedo de las autoridades universitarias a perder apoyos entre sus bases.
Garantizar el pluralismo en los campus plantea desafíos en un entorno tan polarizado como el actual, sobremanera si las estrategias y formas de acción de los estudiantes comprometen los principios democráticos. Estos principios incluyen el respeto a las normas y procedimientos de participación estudiantil, una actitud cívica y formas pacíficas. Sin embargo, en algunos centros, las disputas entre actores con posiciones ideológicas contrapuestas están a la orden del día, y en los más herméticos a los intereses y principios que defienden estos jóvenes, emergen dinámicas más relacionadas con la confrontación ideológica de carácter esencialista que con los valores y formas que deben prevalecer en la institución universitaria.
Algunos argumentarán que han surgido entidades juveniles promovidas por la derecha radical que hay que frenar a toda costa. Son una amenaza, claro está, para los intereses de aquellas organizaciones y colectivos que ven amenazada su posición al perder apoyo social. Pero estas organizaciones, como cualquier otro movimiento, no representan una amenaza en términos democráticos mientras sus formas de acción transcurran por cauces civiles. Hoy por hoy sí suponen una amenaza para el marco democrático de convivencia en los campus españoles las acciones de aquellos que buscan acallar la libertad de expresión y el pluralismo y emplean formas inciviles, no digamos si están gobernando. Ejemplos recientes en la universidad son el escrache y la cancelación del acto con Iván Espinosa de los Monteros en la UCM, o el veto y las amenazas al Catedrático de Derecho Internacional, Rafael Arenas, así como a los estudiantes constitucionalistas catalanes, acostumbrados a los insultos y escraches en la UAB y la UPF
La universidad debe ser un espacio de debate abierto y plural, donde todas las posiciones tengan cabida sin temor a represalias, y donde las autoridades velen por la neutralidad institucional. Resulta inquietante el silencio de una parte muy significativa de la comunidad académica ante estos hechos. Si profesorado y autoridades no perciben esta situación como anómala, estaríamos ante un síntoma preocupante para una democracia, y si no se atreven a manifestarlo por miedo a las consecuencias, el problema sería igualmente grave, implicaría que de facto no vivimos en un régimen de libertades. Muchos nos empeñamos en vivir en democracia.