La Maestría de Rafael Vera y la Lección del Sentido de Estado en las Conversaciones de Argel
Juan de Justo Rodríguez
La historia reciente de España está marcada a fuego por la lacra del terrorismo de ETA. Sin embargo, en el recuerdo de la lucha contra la banda criminal, sobresalen episodios que deben ser estudiados como modelos de dignidad institucional y eficacia del Estado de Derecho. Las Conversaciones de Argel (1986-1989) no fueron un encuentro fortuito ni una señal de debilidad; fueron el corolario necesario y planificado de la asfixia a la que el Estado, con la ley en la mano, había sometido a la organización terrorista. Y en el corazón de esta estrategia se situó el buen hacer y la dedicación incansable de Rafael Vera.
Vera, entonces Secretario de Estado para la Seguridad, se erigió en el interlocutor principal, asumiendo la más alta responsabilidad de gestionar una vía de diálogo que solo podía entenderse bajo una premisa: el triunfo de la razón de Estado. El proceso se inició no por deseo del Gobierno, sino por el agotamiento y las bajas policiales de ETA, simbolizado en la figura de su entonces líder, Txomin Iturbe. El Gobierno de la época, con el respaldo absoluto y la confianza depositada en su equipo, trazó una línea roja infranqueable que Vera mantuvo con rigidez diplomática y personal: las conversaciones solo podían ser de carácter técnico, versando sobre la situación de los miembros de la banda y el abandono de las armas. Jamás se negociarían cuestiones políticas.
Esta firmeza fue el éxito de la estrategia. La dedicación de Vera fue total, incluso a costa de su vida personal, como él mismo relató, refugiándose en el «trabajo brutalmente absorbente» para adormecer el dolor de las tragedias. Su liderazgo no se limitó a la mesa de Argel; fue el arquitecto de la estrategia que combinó la presión policial, la vía judicial y la ofensiva diplomática para arrinconar a los terroristas hasta obligarlos a moverse. El impulso de estas negociaciones, por tanto, corresponde al mérito indudable de Rafael Vera y al apoyo estratégico y continuo del Gobierno socialista de la época, que nunca dudó en su respaldo a la acción de Estado.
La Lección del Consenso: El Sentido de Estado de la Clase Política
El segundo gran pilar de aquella respuesta de Estado, y una lección histórica que hoy se desvanece, fue el sentido de Estado que demostró la clase política en su conjunto. En aquellos años de plomo, la lucha contra ETA trascendió la batalla partidista. Los líderes de las principales formaciones entendieron que la defensa de la democracia y la Constitución no era negociable y requería un frente común.
Esta colaboración se plasmó en dos documentos trascendentales. En noviembre de 1987, se firmó el Pacto de Madrid, que unió a la mayoría de las fuerzas parlamentarias. Apenas dos meses después, en enero de 1988, se materializó el Pacto de Ajuria Enea en el País Vasco, sumando al PSOE, Alianza Popular (AP), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskadiko Ezkerra, entre otros. Este consenso no fue una mera declaración de intenciones; fue el escudo político más efectivo contra ETA. Al demostrar una unidad monolítica en la defensa de las instituciones y las víctimas, estos partidos despojaron a la banda de su pretendida «representatividad política» y aislaron a su brazo político. La colaboración de figuras históricas de diferentes espectros ideológicos—desde el PSOE hasta AP, pasando por los nacionalistas moderados—es un testimonio de una ética de servicio público que hoy resulta admirable y, al mismo tiempo, tristemente ausente.
A esto se sumó la colaboración internacional, especialmente con Francia, que fue clave. La detención de Txomin en 1986, justo cuando se abrían las vías de diálogo, fue una victoria policial y diplomática que reforzó la posición de fuerza del Gobierno y el equipo de Vera.
El Contraste Actual: La Grieta en la Decencia
Las conversaciones de Argel terminaron frustradas por la rigidez de la nueva cúpula de ETA (con Artapalo a la cabeza) y la intransigencia asesina de su brazo político, Herri Batasuna (HB), que se negó a abandonar las exigencias políticas a pesar de la continuación de la actividad criminal (como el secuestro de Emiliano Revilla y la masacre de la Plaza de la República Dominicana). Ante la falta de voluntad real para dejar de matar, el Gobierno puso fin al proceso en abril de 1989. La consecuencia fue una victoria diplomática: la posterior expulsión de los etarras a la República Dominicana, un gesto de firmeza que desmanteló la cúpula y demostró al mundo que el Estado español no había cedido ni un centímetro.
Sin embargo, el relato de aquella ejemplaridad se ve mancillado por la realidad política de hoy.
El fin de estos artículos de Rafael Vera no es solo recordar el esfuerzo heroico de quienes gestionaron la crisis, sino también lanzar una dura y necesaria crítica al estado actual de nuestra democracia. En aquel entonces, los partidos democráticos se unían para combatir a quienes sembraban el terror y buscaban la ruptura del Estado. Hoy, en un ejercicio de cinismo político sin precedentes, los herederos directos de aquel proyecto criminal y político, la coalición que nunca condenó los crímenes y que heredó el aparato social y electoral de HB, son socios fundamentales y sustentadores del actual Gobierno de España a través de sus votos.
Esta situación es un oprobio para la decencia, para la democracia, para los asesinados por viles terroristas y, sobre todo, para las víctimas. Aquellos individuos que durante décadas se dedicaron a sembrar el terror y a justificar la barbarie, que nunca pidieron perdón, son ahora imprescindibles en la aritmética parlamentaria que mantiene en el poder al Ejecutivo. El contraste es hiriente: frente al Sentido de Estado y el consenso admirable de ayer, que unió a la política contra el terrorismo, hoy se observa la normalización de aquellos que representan la antítesis de la democracia, convirtiendo la memoria y el dolor de las víctimas en moneda de cambio.
Recordar la labor de Rafael Vera y la altura de miras de los políticos de los ochenta no es solo un ejercicio de nostalgia, sino un recordatorio de cómo debe actuar un Estado de Derecho cuando se enfrenta a sus mayores desafíos: con firmeza, con ley y, sobre todo, con la unidad moral que exige la defensa de la civilización frente a la barbarie.
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