Carlos Penedo
La segunda legislatura de Donald Trump al frente del Gobierno de Estados Unidos y al mando de la primera maquinaria militar mundial amenaza no solo con dinamitar la arquitectura política y de seguridad construida trabajosamente tras la Segunda Guerra Mundial, sino implantar el caos generalizado, lo que significa la ley de la selva, la imposición de la fuerza sin matices y el descontrol de algunos actores. La lógica dice que el desorden tendrá algún tipo de respuesta por métodos directamente emparentados con el momento y, por tanto, no plenamente predecibles.
El Gobierno de España ha tomado en septiembre de 2025 una serie de acuerdos restrictivos contra dirigentes y relaciones comerciales con el actual Gobierno de Israel como respuesta al muy probable genocidio que aplica a la población palestina, con toda seguridad limpieza étnica y discriminación institucionalizada (apartheid), con el resultado de al menos 65.000 palestinos asesinados durante los últimos dos años.
Entre las medidas aprobadas (anuncio del presidente Pedro Sánchez del 8 de septiembre, Consejo de Ministros un día después), figuran la ‘Prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes’ y la ‘Denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel’.
La realidad es que al menos el último punto resulta muy complicado de cumplir por la existencia del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, renovado por última vez en 2023 para aumentar de cuatro a seis los destructores de la Marina de los Estados Unidos autorizados a tener base permanente en la Base Naval de Rota; Convenio cuyo origen son los pactos firmados por Franco con Eisenhower en 1953.
Las bases militares de utilización conjunta de Rota y Morón son hoy españolas, aunque con contratos de la luz independientes entre los dos inquilinos, y si uno no comparte recibos y discusiones con Iberdrola no parece posible la confianza total entre compañeros de piso.
Las bases amparan un tráfico de buques y aeronaves norteamericanas sobre las que el Gobierno español tiene escaso control, los acuerdos se basan en la confianza mutua e impiden, en el mejor de los casos, el tránsito de armas nucleares.
La experiencia histórica aclara además que el apoyo de Estados Unidos a Israel es casi total en tiempos de paz, y en caso de conflicto, forzado o actualmente voluntario, absoluta. Testigos directos cuentan por ejemplo cómo en la guerra del Yom Kippur de 1973 los cazas norteamericanos aterrizaban en la base madrileña de Torrejón y despegaban minutos después con la estrella de David en el fuselaje.
Digamos como principio universal que la existencia de bases y miles de militares en un tercer país restringe la soberanía del anfitrión.
Unos días después de los primeros acuerdos citados, el 10 de septiembre de 2025, el Gobierno de Israel ordenó el bombardeo de la capital de Qátar, Doha, al parecer para ejecutar extrajudicialmente a una delegación de Hamás que parecía estar participando en la negociación de algún alto el fuego provisional en la Franja de Gaza.
La sorpresa del Gobierno qatarí y las monarquías del Golfo ha sido mayúscula, después incluso de ayudar a repeler la respuesta de Irán a Israel interceptando misiles unos meses antes; después del reciente anuncio de inversiones qataríes públicas multimillonarias por 500 mil millones de dólares en EEUU, incluido un avión presidencial patra Trump como regalo del emir valorado en 400 millones de dólares.
La gravedad del ataque sobre Qátar va más allá de los muertos y de violar la soberanía de un país aliado de EEUU, sino con una renta per cápita superior al atacante, en contra de la costumbre, aviso para navegantes dentro y fuera de Oriente Próximo.
Qátar alberga la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo, lo que convierte en imposible la no participación de EEUU (algunas fuentes incluyen al Reino Unido) por activa o por pasiva o por irresponsabilidad en el ataque.
El bombardeo israelí sobre Qátar quiebra de alguna forma la alianza estratégica de las petromonarquías árabes durante los últimos 80 años basada en inversiones multimillonarias, compra de armamento norteamericano y cesión de soberanía a EEUU a cambio de seguridad.
Las consecuencias se irán definiendo en el transcurso de los próximos meses y probablemente supongan una reconfiguración de alianzas, por desconfianza absoluta sobre las actuales.
Únicamente añadir, como muestra de impunidad absoluta de la que el primer ministro Netanyahu se aprovecha, que el Gobierno israelí ha atacado militarmente sólo en 2025 a Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen y Qátar, además de los palestinos ocupados de los que legalmente es responsable y una flotilla de ONG amarrada en Túnez. Todos los afectados han visto su soberanía severamente recortada, digamos suavemente.
La realidad es que la soberanía nacional en la segunda década del siglo XXI está en entredicho.
Por una parte, porque convivimos con riesgos, amenazas y tendencias globales que saltan fronteras nacionales, ya sea la globalización, la digitalización, el cambio climático, el terrorismo (de Estado y particular), los fondos de inversión, los virus, las finanzas internacionales (sólo la deuda es soberana) y otros fenómenos varios.
A lo anterior se suma la creación de organizaciones internacionales -Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea- donde los Estados han ido mancomunando decisiones o cediendo soberanía para enfrentarse en común a desafíos.
En el orden internacional surgido de la 2GM la soberanía era pieza fundamental del entramado, únicamente matizada por la denominada ‘responsabilidad de proteger’ surgida del optimismo post guerra fría, con el sano propósito de impedir catástrofes humanitarias, y ahogado sin embargo en la intervención fallida sobre Libia.
Algún analista considera incluso que el Estado nación en boga durante los últimos dos siglos, con la democracia liberal asociada en su mejor versión, con sus banderas, sus fronteras sagradas y su servicio militar -que algunos nostálgicos se empeñan en reivindicar, ignorando su inutilidad militar- fue una creación para una economía industrial y una sociedad hoy desaparecida.
Ahora bien, cosa distinta es la cesión voluntaria de soberanía a recibir el bombardeo de un vecino.
La Unión Europea es competente en muchos asuntos porque así lo han decidido los Estados miembros. Cuando nos alarmamos por la inacción de la UE ante determinados problemas, como la llegada de inmigrantes o refugiados, muchas veces se olvida que los Estados miembros no han cedido esa competencia a la Unión; y siempre se olvida que en esos casos, y aquí está la Defensa militar, los 27 consideran que aún hoy les interesa más la actuación propia e individual que la colectiva.
Contamos hoy por tanto con violaciones impunes al derecho internacional humanitario, a la soberanía estatal y a cualquier norma de convivencia entre países; tenemos un proceso de cesión de soberanía voluntaria a organizaciones internacionales; contamos con la presencia militar de la primera potencia mundial en nuestro suelo; y asistimos pasmados a la eliminación de la arquitectura internacional de seguridad construida en la guerra fría y sustituida por la nada.
El resultado parece ser un caos no gobernado ni por Estados Unidos, una reconfiguración de alianzas políticas, un nuevo orden en construcción que se puede generar fruto de actuaciones militares o por voluntad política previa.
La soberanía nacional está en 2025 recortada y bien recortada, pero que lo sea por voluntad propia, no por imposición, y por tanto quizá la solución en nuestro caso ante muchos desafíos actuales sea ceder aún más soberanía hacia la Unión Europea, que incluya competencias sociales y luego quizá de política exterior y militares. ¿Estaría la mayoría de la ciudadanía española de acuerdo?
Ceder soberanía o que te la pisoteen, podría ser la alternativa.
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