Desconfianza institucional, vacío de autoridad y la urgencia de recuperar lo público
Hay una sensación que aparece una y otra vez en conversaciones de calle, en grupos de militancia, en aulas universitarias, en entrevistas cualitativas y también en el absurdo de las redes sociales: el enfado generalizado. No es un enfado nuevo ni puntual. Es estructural. Lo preocupante no es su intensidad sino su normalización. Estamos enfadados y nos hemos acostumbrado a estarlo. La pregunta pertinente no es por qué sino ¿y ahora qué?.
El estado de ánimo general es de enfado y de confusión pero me resisto a diagnósticos catastrofistas como también a optimismos ingenuos. El problema de fondo no es que los ciudadanos estén enfadados con los políticos -eso es casi una constante histórica en regímenes representativos- sino que han dejado de distinguir entre quienes ejercen el poder y quienes tienen autoridad. Y esa confusión no es menor.
Conviene recordar aquí una distinción clásica, bien trabajada en su día por Sartori: el poder es la capacidad de imponer la propia voluntad incluso frente a resistencia. La «auctoritas», en cambio, es la capacidad de obtener adhesión voluntaria sin necesidad de coerción. La primera se ocupa, la segunda legitima. La primera puede descansar en cargos, leyes o recursos; la segunda se construye con trayectoria, coherencia, valores visibles y resultados sostenidos en el tiempo.
El problema actual es que asistimos a un ejercicio generalizado de poder sin autoridad. Y cuando eso ocurre, las instituciones no se derrumban pero se vacían. Pierden su capacidad de significar. Se convierten en procedimientos fríos, en trámites, en lugares donde se pasa pero no se cree.
Una de las constataciones más repetidas en los estudios de opinión y en los trabajos de campo cualitativos es la orfandad: los ciudadanos no sienten que haya referencias claras a las que mirar. No hablo solo de líderes -aunque también- sino de instituciones, de partidos, de relatos colectivos. La desconfianza no es hacia este o aquel gobierno sino hacia el sistema en su conjunto.
Esto es grave no porque los ciudadanos deban confiar ciegamente -la desconfianza vigilante es sana en democracia- sino porque cuando la desconfianza se vuelve estructural y generalizada, el sistema político pierde su capacidad de movilizar energías colectivas. La gente sigue votando pero sin creer. Sigue pagando impuestos pero sin sentir que lo público es suyo. Sigue quejándose pero sin esperar cambio alguno.
Y ahí aparece la tristeza de lo público. No la indignación heroica de las plazas sino esa melancolía gris de quien sabe que las instituciones existen pero no le representan.
Dentro de las organizaciones políticas -y no hablo solo de partidos, también de sindicatos o movimientos sociales- se reproduce un fenómeno similar. El sectarismo que tanto se critica desde fuera no es un accidente ni una patología individual. Responde a una lógica predecible: cuando una organización pierde autoridad interna, el poder se repliega sobre el núcleo más fiel. Ese núcleo deja de distinguir entre crítica y traición, entre adversario político y enemigo existencial.
El militante sectario no suele ser malintencionado. Es alguien que identifica las siglas con «los que están» frente a «los que no están» y que ha interiorizado que cualquier cuestionamiento interno es una ayuda al adversario exterior. Pero el resultado es el mismo: el debate de ideas desaparece, sustituido por aritméticas de facción y exaltación de lealtades personales.
Lo más curioso -y triste- es que esta dinámica no solo afecta a la salud democrática interna sino que se proyecta hacia fuera. Un partido que no es capaz de discutir internamente con mínima calidad deliberativa difícilmente podrá ofrecer a la ciudadanía un debate público de altura.
Hay una frase que nunca escribió Maquiavelo pero que impregna la cultura política práctica: «el fin justifica los medios». Lo que Maquiavelo sí señaló es que el gobernante debe atender a los resultados pero también a las apariencias y que la legitimidad descansa en buena medida en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
En la política española reciente -y no es un problema exclusivo de un partido- se ha instalado una lógica de supervivencia cortoplacista donde cualquier alianza, cualquier estrategia de comunicación, cualquier gestión de personal se justifica en nombre de un fin último difuso. El problema no es solo ético sino funcional. Cuando los medios se vuelven sistemáticamente problemáticos, el fin deja de ser creíble.
Por eso la regeneración política no puede ser solo un cambio de caras o de siglas. Tiene que ser una recuperación de lao teleología: volver a preguntarse para qué se está en política, qué proyecto de sociedad se defiende y con quién se está dispuesto a caminar. Y también con quién no, de forma saludable.
Hay un lugar común que dice que la política española sufre de falta de memoria. No es del todo cierto. Hay memoria pero suele ser una memoria selectiva, usada como arma arrojadiza más que como aprendizaje colectivo. Por eso cuesta reivindicar lo que se hizo bien sin que suene a autohomenaje y reconocer lo que se hizo mal sin que suene a ajuste de cuentas.
Y sin embargo, la autoridad política se construye también sobre la memoria. Sobre recordar que hubo una tradición que entendía la política como presencia pública, como responsabilidad generacional, como coherencia entre el discurso y la práctica. No se trata de idealizar ciertas imágenes sobre cultura política y democrática del pasado sino de entender que sin esa capa de auctoritas acumulada, el poder se vuelve frágil.
Lo público se recupera cada día, no con grandes gestos sino con acciones visibles, con debate de ideas, con una militancia que no sea solo voto disciplinado sino pensamiento crítico. Y también con la valentía de exponerse, de salir del alambre de la aritmética cortoplacista y asumir el riesgo de la relevancia. Porque lo peor que le puede pasar a un actor político no es la derrota ni la difamación: es la irrelevancia.
El enfado generalizado no va a desaparecer por decreto. Pero puede canalizarse. La cuestión no es si la gente está enfadada -que lo está- sino si ese enfado se convierte en cinismo paralizante o en energía para reconstruir. Y esa reconstrucción pasa por volver a creer que lo público puede ser algo más que un campo de batalla entre facciones.
Pasa por distinguir entre poder y autoridad y por exigir a quienes gobiernan que no solo gestionen sino que inspiren. Pasa por recuperar el debate sobre los fines y por dejar de justificar cualquier medio en nombre de la supervivencia. Pasa, en fin, por devolver a la política su dignidad.
O se sigue enfadado, sin rumbo, o se empieza a construir. La regeneración deseada muchas veces no da más opciones.
