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sábado 14 febrero, 2026

       ¿Podrá la extrema derecha europea cambiar su postura en la cuestión del Sáhara?

Abdelhamid Beyuki

El ascenso meteórico del partido portugués Chega, fundado en 2019 por André Ventura, está transformando el panorama político luso. Su nombre, que significa “¡Basta!”, condensa un mensaje de ruptura frente a la clase dirigente, al sistema político tradicional y a una situación socioeconómica que muchos ciudadanos perciben como estancada.

Con un discurso nacional-populista de tintes ultraconservadores, centrado en la identidad nacional, la familia y la religión, Chega ha pasado de ser una fuerza marginal en 2019 a convertirse, tras las elecciones de 2025, en la principal oposición en el Parlamento con más de una quinta parte de los votos (60 diputados) superando el histórico partido socialista.

Su crecimiento refleja una tendencia más amplia en Europa: la irrupción de partidos de extrema derecha que capitalizan el malestar social, el rechazo a la inmigración y la desconfianza hacia las élites políticas. En este sentido, las comparaciones con Vox en España son inevitables. Ambos comparten la defensa de la nación como eje central de su discurso, la denuncia frontal contra “la corrupción” y las élites, y una visión muy crítica hacia las minorías y hacia los valores del pluralismo liberal y la interculturalidad.

Lo interesante, sin embargo, es observar cómo este populismo nacionalista empieza a proyectarse hacia el terreno de la política exterior. El  martes 16 de septiembre, Chega presentó en el Parlamento portugués un proyecto de resolución instando al Gobierno a reconocer explícitamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y a cortar toda relación con el Frente Polisario. Aunque este tipo de iniciativas parlamentarias no son vinculantes, sí representan un posicionamiento político claro y obligan a los gobiernos a justificar su postura.

Aquí surge una pregunta clave: ¿podría Vox, por afinidad ideológica, adoptar una posición semejante en España? En principio, no es descartable. Vox comparte con Chega la lógica de un nacionalismo contundente que prioriza la soberanía estatal frente a las ambigüedades diplomáticas. Además, desde un punto de vista geopolítico, Vox podría encontrar en un alineamiento con Marruecos una forma de reforzar el control migratorio y la cooperación en seguridad, dos de sus obsesiones programáticas.

No obstante, el caso español es mucho más delicado. La historia colonial en el norte de África, la cuestión de Ceuta y Melilla y la propia salida considerada humillante de España del Sahara en 1975, hacen que cualquier movimiento en este terreno genere divisiones internas y riesgos diplomáticos considerables. De ahí que Vox, aun compartiendo con Chega el mismo marco ideológico, se lo piense dos veces antes de abanderar de forma abierta esta idea.

En el resto de Europa, la posibilidad de que otros partidos ultras apoyen las tesis de Rabat dependerá en buena medida de los intereses económicos y de seguridad que cada país tenga con Marruecos. Allí donde el vínculo migratorio, energético o comercial es más fuerte, cabe imaginar que puedan surgir voces en esa dirección. Pero en la mayoría de los casos, las agendas de estas fuerzas se concentran más en combatir la inmigración y el islam dentro de Europa que en pronunciarse – de momento – sobre conflictos internacionales.

Para Marruecos, sin embargo, la iniciativa de Chega no deja de ser significativa: señala que cada vez existen más grietas en el consenso europeo tradicional en torno al Sáhara y que incluso formaciones de oposición con peso creciente están dispuestas a reconocer de manera explícita la soberanía marroquí. No es un triunfo inmediato ni definitivo, pero sí un indicador de que el clima político en Europa está cambiando.

La pregunta es si este cambio, liderado por partidos como Chega o eventualmente Vox, será lo suficientemente fuerte como para traducirse en políticas de Estado. Marruecos, por su parte, hará bien en aprovechar estas señales como instrumentos de presión diplomática, sin perder de vista que la última palabra seguirá en manos de los gobiernos, no de las oposiciones.

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