Juan A. Gimeno
Unos medios de comunicación libres son un pilar clave de toda democracia y son esenciales para una economía de mercado sana. Sin embargo, se observan tendencias con un cariz cada vez más preocupante. La proliferación en las redes sociales de las “fake news”, las influencias informáticas espurias, los pseudo medios informativos y fenómenos similares, deterioran la veracidad informativa y la limpieza de los procesos democráticos.
La Comisión Europa ha adoptado una serie de medidas para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación que culminaron en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024.
Se trata de defender la auténtica libertad de prensa: la que protege la información veraz, la que defiende la independencia del periodismo y exige unos medios de comunicación transparentes.
La idea es blindar el periodismo frente a amenazas crecientes —como la concentración mediática, la presión gubernamental o la desinformación— y garantizar que los ciudadanos europeos reciban información libre, plural y fiable.
A pesar de su entrada en vigor el pasado 8 de agosto y que muchos de sus artículos son de obligado cumplimiento desde el 8 de febrero, casi nadie los cumple. La aplicación del reglamento europeo en España sigue sin ser una realidad.
El pasado 25 de febrero se anunció que el Consejo de Ministros había analizado el anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que adaptará la normativa española a la legislación europea. Con evidente retraso.
Con estas preocupaciones en mente, la Agrupación Europeísta “cuidar el futuro” del Ateneo de Madrid organizó la primavera pasada un debate sobre el tema, del que se recogen a continuación algunas de las ideas expresadas por las personas que intervinieron[1]: José Trasobares, Yolanda Gómez Sánchez y Jesús Maraña, moderados por Isidora Barrado.
Las tecnologías han cambiado el panorama mediático. Más medios, más estrés, debilitamiento de la verdad. Ha desaparecido prácticamente la separación entre información y opinión, básicamente en el área política y social, pero no solo. La separación permitiría un mejor control constitucional de la información.
Internet ha provocado una crisis monumental en los medios clásicos. Ha arrebatado a la prensa su modelo de negocio (ni gran publicidad ni anuncios x palabras). Se han generalizado los ajustes de plantillas y la pérdida de formación de veteranos a jóvenes. Se ha provocado una mayor dependencia de los anunciantes, es decir, de las grandes empresas y de las Administraciones Públicas.
El periodismo de información se ha visto desbordado por el pseudoperiodismo de trinchera. Y este no es un tema de periodistas, afecta a la misma base democrática.
Se reducen los tiempos y la contrastación de las noticias. Se opta por las tertulias que son muy baratas. La información es más cara. Lo que sube la audiencia no es la veracidad sino si se grita más. Los contertulios que más gustan a los responsables de determinadas cadenas son los más sectarios. Pero ya intoxican no solo los servicios de propaganda, sino cualquier persona común que inventa bulos o los difunde en redes. La desinformación trunca la buena información. Se han esfumado los derechos de réplica o de rectificación.
Hay una cierta mitificación del periodismo tras el Watergate. Hay demasiados periodistas que quieren “echar a alguien”. Y a ello dedican sus esfuerzos, sesgando las informaciones en favor de las que refuerzan su objetivo frente a las que lo debilitan.
Estamos más ante un oficio rodeado de intereses que ante el tópico cuarto poder. El 40% de la población huye de la información porque no sabe de quién fiarse. Y eso beneficia a las fuerzas antidemocráticas.
Cuando surgen las televisiones privadas emergen el negocio y las grandes empresas de comunicación, con propietarios foráneos y tendencia notoriamente conservadora. El pluralismo audiovisual es prácticamente inexistente.
La información era un espacio público con control jurídico penal o civil.
Ahora todo es privado y el control casi inexistente. Ante el miedo a ser acusados de coartar la libertad de expresión los poderes públicos se inclinan por no hacer nada. Es difícil a veces precisar que es información veraz, en el sentido de qué es verdad, pero sí es exigible que los hechos sean ciertos.
La gran oportunidad está en la aplicación de la normativa de la Unión Europea.
Europa sólo puede regular mercado no derecho. Pero España puede ir más allá. El registro de medios se ubica en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Que ello sirva al menos para que se controlen los oligopolios. Y que se acabe con esta situación en que no se cumple la normativamente obligada (en teoría) transparencia sobre la propiedad de los medios y la distribución de las ayudas institucionales.
Se puede avanzar en el control de las redes intoxicadoras. Para empezar, terminando con el riego de recursos públicos a falsos medios. Es necesario un registro público de quién está detrás de quien escribe en redes: caben los seudónimos, pero es necesario poder identificar la autoría cuando hay que exigir responsabilidades. Difundir bulos y calumniar no debe ser tan absolutamente impune.
Desgraciadamente, hay muchas razones para el escepticismo. Para empezar, se ha perdido tiempo y ello hace más difícil corregir las desviaciones observadas. Entre otras causas por que a la ciudadanía parece no importarle ya la veracidad.
Por otro lado, los grandes y lejanos centro de interés que se entremezclan en los medios de comunicación boicotean (con eficacia demostrada) cualquier intento de reforma seria. Todos los espacios de intermediación están socavados. El cuarto poder ya no está en los medios tradicionales.
Otra razón para la desesperanza es la diferencia en la velocidad de adaptación.
El ritmo legal es analógico. Lo digital va mucho más deprisa. Cuando sale la norma ya ha quedado obsoleta con las últimas instancias en movimiento. Y las nuevas redes de comunicación son tan fluidas que encuentran casi siempre vías de escape alternativas.
A pesar de ello y, al mismo tiempo, por todo ello, tomar medidas potentes de transparencia y ordenación es extremadamente urgente. Empezando por hacer cumplir lo que ya es norma a nivel europeo. O se hace ahora o puede no haber oportunidad ni capacidad para hacerlo más adelante.
Esta es una tarea que está, debería estar al menos, por encima de las siglas. La diferencia se sitúa entre demócratas y no demócratas. Porque solo a estos beneficia el clima de agitación y mentiras que los pseudo informadores intentan imponer.
En todo caso, el tema es tan prioritario que hay que pedir la valentía de avanzar, incluso sin unanimidad de las fuerzas que se dicen democráticas.
Para los medios de comunicación, la esperanza está en depender de los lectores que quieran apoyar una prensa seria y una información veraz, frente a los panfletos de propaganda o los meros portavoces de intereses escondidos. En ese apoyo, como lectores, como ciudadanía, estamos todos comprometidos.
[1] Por supuesto, las ideas aquí contenidas son, aunque deudoras en buena parte de lo escuchado en el debate, exclusiva responsabilidad del firmante de este artículo.
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