Las elecciones nacionales del 12 de febrero de 2026 no solo definirán el próximo gobierno, sino también la posibilidad de romper de forma duradera con el ciclo histórico de autoritarismo y crisis política en Bangladesh.
Son los primeros comicios celebrados tras la caída del prolongado gobierno de Sheikh Hasina en agosto de 2024, como consecuencia de un levantamiento popular liderado por estudiantes universitarios y posteriormente respaldado por amplios sectores sociales. Para los aproximadamente 127 millones de ciudadanos con derecho a voto, estas elecciones representan la primera oportunidad de participar en un proceso electoral competitivo y mínimamente creíble, una experiencia desconocida para buena parte de la población en edad de votar.
Durante los quince años de gobierno de Hasina, Bangladesh experimentó un proceso sostenido de erosión democrática. Las elecciones de 2014 y 2024 fueron boicoteadas por la oposición, y las de 2018 ampliamente denunciadas como fraudulentas. Este deterioro institucional coexistió con un fuerte crecimiento económico, impulsado por el sector textil y las remesas, lo que contribuyó a la despolitización social y a la reducción de las libertades civiles. La pandemia de COVID-19 rompió ese equilibrio: la desaceleración económica, el desempleo juvenil, la inflación y la creciente percepción de corrupción y represión estatal se combinaron, debilitando progresivamente la legitimidad del régimen.
El informe completo correspondiente a 2024 puede consultarse aquí: https://ladiscrepancia.com/elecciones-en-la-republica-popular-de-bangladesh-2024/
El levantamiento de 2024 se desencadenó tras una sentencia del Tribunal Supremo, emitida en junio, que restableció cuotas laborales para los descendientes de los “luchadores por la libertad” de 1971. Aunque presentada como una medida de justicia histórica, amplios sectores juveniles la interpretaron como un instrumento de patronazgo político a favor de la Liga Awami. La respuesta estatal a las protestas estudiantiles amplió el conflicto, transformándolo en una movilización de masas que exigía la dimisión de la primera ministra.
El punto de inflexión llegó el 5 de agosto de 2024, cuando el ejército se negó a reprimir a manifestantes desarmados, precipitando la huida de Hasina a la India y el colapso del gobierno. Los disturbios dejaron alrededor de 1.400 muertos, en su mayoría a manos de fuerzas estatales y de la Liga Chhatra, lo que reforzó las demandas de justicia transicional y rendición de cuentas.
Tras la caída del régimen, Bangladesh entró en una compleja transición política con la formación, el 8 de agosto de 2024, de un gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, encargado de impulsar reformas estructurales, garantizar justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas y organizar elecciones libres y justas. En este contexto, se reactivó el Tribunal de Crímenes Internacionales y se amplió su jurisdicción para investigar abusos graves cometidos bajo el gobierno de Hasina, mientras que la creación de seis comisiones de reforma en áreas clave derivó en la Carta de Julio, firmada en octubre de 2025 por la mayoría de las fuerzas políticas (salvo la Liga Awami), con el objetivo de reforzar los contrapesos institucionales.
No obstante, el gobierno interino ha sido criticado por aplicar la justicia de forma selectiva contra la Liga Awami, no restablecer plenamente la seguridad pública y mostrar tolerancia hacia grupos islamistas conservadores, aunque logró mantener un frágil consenso entre el estamento militar y los principales partidos políticos, condición necesaria para celebrar elecciones y asegurar una transferencia relativamente ordenada del poder. Este proceso electoral se desarrolla además en un contexto de exclusión de la Liga Awami: en mayo de 2025 se suspendieron sus actividades y se revocó su registro electoral por motivos de seguridad y causas pendientes ante el Tribunal de Crímenes Internacionales, mientras que la condena en ausencia de Hasina en noviembre de 2025 por crímenes contra la humanidad, con sentencia de muerte, dejó a millones de simpatizantes sin representación política formal y dio lugar a miles de detenciones, en ocasiones bajo legislación antiterrorista, lo que plantea dudas sobre la inclusividad del proceso democrático.
En ausencia de la Liga Awami, las elecciones se organizan en torno a dos bloques principales. El primero está encabezado por el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), principal fuerza opositora histórica, con una amplia estructura territorial y experiencia de gobierno entre 2001 y 2006. No obstante, su credibilidad se ha visto erosionada por acusaciones persistentes de corrupción, criminalidad y conflictos internos, alimentando la percepción de continuidad con las prácticas del antiguo régimen.
Dos acontecimientos recientes han contribuido a una revitalización parcial del BNP: el regreso en diciembre de 2025 de su líder, Tarique Rahman, tras diecisiete años de exilio, y el fallecimiento de su madre, la ex primera ministra Khaleda Zia, cuyos funerales movilizaron a grandes multitudes. Aun así, persisten dudas sobre la capacidad de Rahman para unificar el partido y conectar con un electorado joven y profundamente escéptico frente a las élites tradicionales.
El segundo actor clave es Jamaat-e-Islami, que ha experimentado un resurgimiento tras años de represión. El partido ha capitalizado su participación en las protestas de 2024, especialmente mediante su ala estudiantil, y ha desarrollado una estrategia de movilización digital eficaz. Aunque su ideología islamista es más conservadora que la de la mayoría de la población, atrae votantes por su énfasis en el bienestar social, su disciplina organizativa y su reputación de relativa integridad.
El resultado electoral es altamente incierto. Las encuestas otorgan una ligera ventaja al BNP, pero Jamaat podría alcanzar su mejor desempeño histórico. El comportamiento de los antiguos votantes de la Liga Awami será decisivo, especialmente en un sistema mayoritario donde pequeños desplazamientos pueden producir efectos desproporcionados.
El próximo gobierno enfrentará desafíos estructurales: fortalecer instituciones, diversificar una economía dependiente del sector textil y las remesas, y responder a los impactos del cambio climático.
A nivel internacional, deberá equilibrar su relación con la India (tras el apoyo de Nueva Delhi a Sheikh Hasina, avivó un sentimiento anti-India en Bangladesh), gestionar la rivalidad entre Estados Unidos y China y avanzar hacia una solución duradera para más de un millón de refugiados rohingya.
La posición de la Unión Europea y de España responde a una combinación de factores económicos, geopolíticos y sociales. Bangladesh se ha consolidado como un socio clave en las cadenas globales de suministro, especialmente en el sector textil (con la presencia de empresas como Inditex, Mango o El Corte Inglés), así como en determinados proyectos industriales, al tiempo que ocupa una posición estratégica en el sur de Asia. Para la UE y España, reforzar la cooperación con Bangladesh implica no solo asegurar relaciones comerciales estables, sino también promover estándares laborales adecuados, el desarrollo sostenible y la estabilidad regional, elementos esenciales para construir una relación a largo plazo basada en beneficios mutuos.
El desafío central será satisfacer las aspiraciones de una población joven, urbana y crecientemente politizada. Si el cambio político no se traduce en mejoras tangibles, el riesgo de desilusión y renovada inestabilidad será elevado.
